El Gobierno valenciano retoma la senda de la rebaja fiscal que quedó aparcada por el impacto de la dana. El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este miércoles en Madrid que, en la próxima campaña de la renta que arrancará en abril, se ampliarán las deducciones fiscales de carácter social que alcanzarán a más de 300.000 contribuyentes cuyos ingresos estén entre los 60.000 euros, de manera individual, y los 78.000 si la tributación es conjunta. Esto significa que ya no serán solo las rentas más bajas quienes puedan deducirse los gastos del dentista, el oculista, la práctica deportiva, los gastos por enfermedades raras o derivados del alzhéimer, entre otras.
"La ampliación de las deducciones fiscales de carácter social a las rentas medias que va a beneficiar a cerca de un millón de ciudadanos de la Comunidad Valenciana", aseguró Llorca en el foro organizado por el diario ABC. Se trata de una iniciativa con efecto retroactivo que continúa con la política de rebajas fiscales impulsada por el Consell y que llega justo en pleno debate sobre la propuesta del Gobierno de un nuevo modelo de financiación, en el que se contempla que las autonomías podrían ser penalizadas con menos recursos del Estado si aplican rebajas de impuestos.
Aunque esta 'amenaza' está pensada para figuras fiscales como el impuesto a las grandes fortunas, patrimonio o sucesiones y donaciones, cuya bonificación hace que algunas comunidades, desde el punto de vista de Hacienda, renuncien a recursos propios que podrían recaudar, este anuncio de Llorca puede interpretarse como un órdago: no habrá recuperación de impuestos casi eliminados y, además, habrá más rebaja fiscal.
Es la apuesta del presidente, en la línea que marcó el PP desde el inicio de la legislatura con la intención de acabar con el llamado "infierno fiscal" que generó el Gobierno del Botànic, con Puig a la cabeza. Llorca, además, justifica que estas decisiones no afectan a la recaudación porque, según explicó, ha crecido un 7,4% en la Comunidad Valenciana. "La apuesta es bajar impuestos, eliminar burocracia y dar libertad a las familias, al tiempo que garantizar unos servicios públicos fuertes y sostenibles".
Al respecto, en su intervención ha hecho hincapié en una acción del Consell centrada en la mejora de la educación y la atención sanitaria y el refuerzo de los servicios sociales, sin olvidarse de la reivindicación de una "reforma justa" del sistema de financiación, hasta el momento encallada.
Normalidad democrática
Al contrario de lo que defiende la oposición, PSPV y Compromís, los dos meses que Llorca lleva en la presidencia han servido, en su opinión, para dar "para recuperar la normalidad y la estabilidad institucional que nos permite seguir avanzando en el cambio útil", sin "pactos previos y abierto al diálogo y los acuerdos frente a la polarización", recalcó.
Por eso, el objetivo es ejecutar los presupuestos aprobados hace menos de un año y avanzar en la reconstrucción tras la dana, entre lo que forma parte el contacto con las víctimas para "escucharlas y ponerme a su disposición".
Sin embargo, la dana ya no centra el foco político. A poco más de un año para las elecciones autonómicas, Llorca pone el foco en cuestiones que serán clave, como el avance en sanidad, con la reducción de las listas de espera, el Plan VIVE para poner en marcha 4.800 viviendas de protección pública, la matrícula universitaria gratis en el primer curso al aprobar todas las asignaturas o la exigencia de la continuidad de nuclear de Cofrentes y la defensa del trasvase Tajo- Segura.
PSPV: "Es una estafa"
No tardaron en llegar las críticas desde la oposición. El PSOE tildó de "estafa para la ciudadanía" este anuncio de nuevas deducciones. "Esto no soluciona ni el problema de la vivienda, ni el colapso de la sanidad ni de la educación pública y es una demostración de que Pérez Llorca es un presidente por accidente en manos de Vox que no tiene un proyecto político para la Comunidad Valenciana", aseguró el portavoz socialista en las Cortes, José Muñoz.
"Es la receta sencilla de un presidente que no tiene capacidad de comprometerse sin el permiso de Abascal. Lo tiene que hacer es aplicar la Ley de Vivienda y aceptar la propuesta de financiación, que le daría recursos para mejorar la vida de la gente", sentenció.