La renuncia al acta de diputado en el Congreso de José Luis Ábalos abre las puertas de la Cámara Baja a Ana María González, alcaldesa de Llaurí que compaginará su cargo en el pequeño municipio valenciano de 1.200 habitantes, uno de los afectados por la dana con su nueva labor en Madrid. "Tomará el acta en breve", aseguran fuentes del PSPV, que vuelve a tener cinco diputados en el grupo parlamentario.
González fue en julio de 2023 la número 7 en la lista que encabezó la ministra Diana Morant, que fue la primera en renunciar seis meses después para centrarse en sus labores de Gobierno. Su lugar lo ocupó entonces Víctor Camino, líder de Juventudes Socialistas. La salida de Ábalos al grupo mixto ya puso en alerta a Ana González, que era la siguiente en la lista.
Su candidatura en 2023 fue apoyada por la Comisión Federal de listas a pesar de que en 2021 fue condenada a una multa de 960 euros y la retirada durante ocho meses del carnet por conducir ebria. En abril de ese año, la Policía Local de Valencia cazó a la alcaldesa en un control rutinario. Ella salía de un parking de la ciudad y dio una tasa de alcohol superior a 0,6 miligramos. En concreto, 0,81 miligramos. Compareció en el Juzgado de Instrucción 20 de Valencia, donde se llegó a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y fue condenada por un delito de conducción bajo la influencia del alcohol. González reconoció que aquella noche tomó dos copas de vino y dos cervezas y pidió perdón por no haber tenido un comportamiento ejemplarizante. El PSPV le abrió expediente informativo, pero lo cerró sin sanciones. "Todos somos iguales ante la ley", se limitó a decir entonces el presidente Ximo Puig.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia, su labor política ha estado siempre ligada al municipalismo y al PSOE, en el que milita desde 1995. De 2007 a 2015 formó parte de los equipos de gobierno y alternó la alcaldía con otras formaciones de izquierda, hasta que en 2015 y en 2023 encadenó mayorías absolutas. La última, pese a la condena, algo que su entorno considera que está olvidado y superado, pero que para otros sectores del partido deberían llevarla a plantearse la decisión. Y es que, en este punto, aflora la batalla orgánica dentro del PSPV.
La presencia de González también ha sido notable en la Diputación de Valencia, donde actualmente es asesora del grupo socialista y, hasta 2023, coordinó distintas áreas. Pero, sobre todo, formó parte del Gabinete de Vicepresidencia, cargo que entonces ocupaba Carlos Fernández-Bielsa.
El alcalde de Mislata y secretario provincial del PSOE encabeza la corriente interna crítica con el liderazgo de Diana Morant. De hecho, quiso rivalizar con ella por la secretaria general, algo que Ferraz, con Santos Cerdán a la cabeza, neutralizó. No pudieron hacer lo mismo con el control del PSPV en la provincia de Valencia. Fernández-Bielsa ganó la batalla al candidato oficialista, Robert Raga, alcalde Riba-roja, y lo hizo con el apoyo, entre otras agrupaciones, de la que encabeza Ana González en Llaurí.
Su llegada al Congreso supone para los bielsistas volver a colocar una pieza en el organigrama institucional justo en el momento en el que Morant está reorganizándolo. A principios de enero, decidió sustituir en la dirección del grupo socialista en las Cortes Valencianas al ex presidente de la Diputación Toni Gaspar, otro reconocido crítico cercano a Bielsa. Además, fue relevado de su condición de portavoz adjunto.
Lo mismo hizo en el Congreso, sustituyendo al alicantino Alejandro Soler como coordinador de los socialistas de la Comunidad Valenciana en el Congreso. Soler fue otro de los rivales de Morant a quien Ferraz convenció de no plantar batalla. La coordinación la ejerce ahora la diputada Carmen Martínez.
Precisamente es un hombre de la total confianza de Martínez, y por tanto de Morant, Bartolomé Nofuentes, el siguiente en la lista que recogería el acta en caso de renuncia de González.