De Sexmero, el primer juez huelguista, a las razones para un paro histórico 16 años después: "Nunca he vivido esta degradación democrática"

En el origen de la primera huelga de los jueces en España está un asunto indigerible como fue el brutal asesinato de una niña de cinco años. El violador Santiago del Valle engañó con un peluche y acorraló a Mari Luz Cortés cuando la nena se dirigía a comprarse unas chuches a un quiosco, y ocasionó una conmoción social con escasos precedentes.

Santiago del Valle debía haber estado preso desde hacía un año por otros delitos, pero una cadena de errores judiciales y administrativos le permitió seguir en libertad. Al juez Tirado, el magistrado que tenía que haber ordenado la ejecución de la pena, marcado para siempre y muerto por enfermedad con apenas 59 años, el CGPJ le puso una sanción de 1.500 euros. Poco o mucho, lo que soliviantó a una parte de los jueces fue la injerencia del Gobierno. Que la vicepresidenta Fernández de la Vega pidiese prácticamente que Tirado fuese expulsado de la carrera y el presidente Rodríguez Zapatero garantizase al padre de la niña que "iba a llegar hasta el final e iba a garantizar que se hiciese justicia", les pareció que amenazaba su independencia. Además de ser injusto porque las condiciones en las que realizaban su trabajo facilitaban los errores.

Ese fue el caldo de cultivo de los dos primeros paros de los cinco habidos hasta el momento desde aquel fatídico 2009, la injerencia del Gobierno que, según han comprobado los jueces, arrecia cuando hay casos de corrupción en los tribunales que afectan a los ejecutivos sean del color que sean. La misma que les espolea ahora para convocar la primera huelga de tres días de jueces y fiscales, que debería llevarse a cabo los próximos 1, 2 y 3 de julio ("si es que sigue habiendo gobierno entonces", se atreve a apostillar algún magistrado).

Claro está que aquel comentario de De la Vega o de Zapatero palidecen ante la ofensiva desplegada por el Gobierno de Sánchez, el "asalto a la Justicia", dicen, de un presidente acorralado. Tanto es así que el juez que organizó aquella primera huelga, Marcelino Sexmero, entonces portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria asegura a Crónica: "Es la primera vez que vivo una degradación democrática de esta intensidad".

Las exigencias en 2009 de los jueces cogieron al entonces ministro de Justicia a una semana de dimitir después de que EL MUNDO le hubiese pillado de cacería con el juez Garzón, que era quien estaba instruyendo entonces el caso Gurtel contra el PP. "Quisimos manifestar ante la ciudadanía que el verdadero problema de la Justicia no estaba en que un juez determinado pudiera tardar o no en dictar una sentencia", recuerda Sexmero, el impulsor de las protestas, "sino que estaba en la ausencia de medios materiales y personales y en la necesidad de reformas procesales e incluso orgánicas".

Sexmero recuerda que España era el país con menor tasa de jueces por habitante de toda Europa, sin ordenadores, con una ley de Enjuiciamiento Criminal decimonónica hecha para un mundo rural. Los jueces no tenían permisos de maternidad ni licencias por matrimonio, no podían ser defendidos por un abogado cuando era un servicio del que disponía cualquier funcionario, no había ordenadores, había un proyecto para que la agenda del juez la controlara el secretario judicial...

"Han pasado 16 años y estamos con los mismos medios, todavía en mantillas con los expedientes digitales y con un problema muy grave: tenemos tres administraciones (la autonómica competente en 12 comunidades, los ministerios competentes en siete y el órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ) y, cuando se hacen leyes sin consenso, técnicamente deficientes para un sistema inventado por un ministro y un grupo de asesores, como es el caso, se lleva al colapso de la Justicia", dice.

Sexmero, ahora en el número 4 de los juzgados de plaza de Castilla, ha dictado sentencias que hacen imposible ubicarlo políticamente. Incluida aquella en la que no consideraba delito los escraches a la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Se esfuerza en explicar que la responsabilidad de lo que está ocurriendo también es de la oposición y que otros gobiernos también han tomado decisiones indeseables, pero asimismo sostiene que "no es tolerable que el Gobierno, aprovechando acciones judiciales que puedan perjudicar a alguno de sus integrantes o familiares o a su partido, cuestione la labor en general de la Justicia. Es el Gobierno de España, ha de defender a todos y es el que tiene la policía y al resto de los instrumentos del Estado otorgados por el pueblo a través de unas elecciones". "A veces, las leyes hay que sacarlas en el momento oportuno y si tú intentas sacarlas cuando pueden modificar situaciones en las que tú estas afectado, puede parecer que tienes la intención de beneficiarte", apunta.

Las leyes que provocarán la próxima y multitudinaria huelga son dos anteproyectos de reforma, uno de acceso a la carrera judicial y el otro del Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal que, según dicen los convocantes, rebajan las exigencias para integrarse en la carrera judicial dando facilidades a quienes no han realizado oposiciones (se ha anunciado la estabilización de más de 1.000 jueces y fiscales sustitutos en un colectivo formado por 5.000 miembros a quienes se les reconoce cinco años de ejercicio de manera ficticia para que puedan concursar en puestos de discrecionalidad); crean un centro de opositores dependiente del ministerio de Justicia en el que el Gobierno participa en el tribunal e introducen un examen escrito que, a criterio de Alejandro González Mariscal de Gante, portavoz de la APM, "es de corrección subjetiva frente a los exámenes orales que son de audiencia pública y pueden premiar a determinados opositores".

O convierten al Fiscal General, en palabras de Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, "en un soberano absolutista", dado que le atribuyen más facultades y disminuyen las del Consejo Fiscal, que ejerce como su órgano de control. "Convertirle en amo y señor de una carrera que ha de dedicarse a la investigación de asuntos penales es muy llamativo [al fiscal actual se le piden seis años de prisión] Lo que traslucen estas reformas es el deseo del poder político de dominar al poder judicial. Un poder judicial debilitado será mucho más maleable en las investigaciones de causas por corrupción", advierte Dexeus y coinciden todos.

En definitiva, subyace la sombra de la sospecha sobre las verdaderas intenciones del Gobierno. Se desliza su interés por una parte en provocar un vuelco ideológico en la judicatura y, por otra, en intentar influir en decisiones judiciales que le puedan afectar.

LA PURGA

Una semana después de que Bermejo dimitiese, Francisco Caamaño heredó el conflicto y un nuevo paro en el otoño de 2009. El entonces portavoz de la APM, Francisco García, que denunciaba presiones de miembros "conspicuos" del Ejecutivo, explicaba con dos frases al periódico La Nueva España una inquietud similar a la denunciada actualmente. "La pervivencia de una judiactura predemocrática fue lo que justificó la purga de jueces de mediados de los ochenta (llevada a cabo por el Gobierno de Felipe González). No cabe duda de que asistimos a una nueva alteración de las medidas de juez y Justicia establecidas". Y la segunda: "La Justicia es un poder que controla a otros poderes. Es lo que justifica que no se le hayan brindado fondos y se la haya tratado con tacañería". García ahora es magistrado en el Supremo y no ha respondido al correo remitido porCrónica. En la APM resaltan que cualquier cosa que pudiera decir, lejos de verse como una manifestación de libertad de expresión, podría ser interpretada en su contra.

Aquellas dos primeras huelgas consiguieron mejoras salariales, que desaparecerían con las crisis posteriores y que no fueron restituidas hasta 2018, los permisos de maternidad y alguna fruslería más. Pero los medios continuaron siendo insuficientes y en ningún caso las modificaciones de leyes anunciadas por Alfredo Pérez Rubalcaba para que no volviese a producirse el caso Mari Luz, se llevaron a cabo.

TASAZO Y MAYOR CONTROL POLÍTICO DEL CGPJ

En las diferentes convocatorias, unas asociaciones han sido más activas y otras se han descolgado. Una de las de mayor quorum fue la organizada contra el ministro popular Alberto Ruiz Gallardón. Joaquim Bosch, entonces portavoz de Jueces para la Democracia, recuerda que les soliviantó la paralización de las partidas presupuestarias , la implantación de una Ley de tasas para dificultar el acceso a la Justicia de los más pobres y una reforma de la Ley del CGPJ, hoy todavía vigente, que fortalecía el control político. Si hasta ese momento el Parlamento nombraba a los miembros del CGPJ previa consulta con las asociaciones de jueces, a partir de la aprobación de dicha reforma ese contrapeso desapareció.

"No se consiguió todo, pero la Ley de tasas desapareció, se puso en conocimiento de la opinión pública que la Justicia está sobrecargada y las protestas humanizaron el perfil de los jueces", recuerda Bosch. Bosch no participará, tampoco JpD, en la protesta de julio porque no está de acuerdo con algunas de las reivindicaciones. No le parece, por ejemplo, que un examen escrito a los candidatos a la judicatura sea perjudicial y está a favor de que haya un registro de preparadores que dependa del Ministerio porque "los hay que cobran en negro cantidades que no se declaran". Pero eso no significa que no esté frontalmente en contra de unos ataques a los jueces que "afectan a la credibilidad del sistema institucional".

"Estamos peor que la última vez porque el problema original se ha agravado por las mecánicas de crispación y polarización. Esto hay que relacionarlo con la judicialización de la política. Cuando la política en vez de discutirse en el Parlamento se lleva a los tribunales, surge en el ámbito político la tentación de controlar más al poder judicial", dice.

La última vez a la que hace alusión Bosch es 2018. Dolores Delgado fue nombrada ministra de Justicia tras la moción de censura presentada por Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy heredando, en noviembre de 2018, el conflicto que a su antecesor Rafael Catalá le había costado otro paro el mes de mayo. Esa vez se protestó contra el intento de reformar la Ley de Función Pública para establecer plazos muy restrictivos en la instrucción de las causas. Y se reivindicó la creación de plazas y mejoras retributivas.

Lo de los plazos restrictivos se fue con Catalá pero la nueva ministra, mordida además por el caso Villarejo, mareó tanto a los integrantes de la mesa de retribuciones, que los magistrados pararon. "Se van a enterar los jueces, van a tener que pagar la jornada de huelga", vino a decir. Pero no. Acabó enterándose ella por mor de un juez "de pueblo", según sus propias palabras.

TRAS LA PANCARTA

José Grau Ripoll, profesor de la Universidad de Murcia, titular del juzgado de lo Social de Cartagena, asignado de base a la Asociación Francisco de Vitoria, se acordó de que Delgado, antes fiscal, se había puesto tras la pancarta en huelgas anteriores. Pero sobre todo le enfadó que el ministerio detrajese de su sueldo los 198 euros de la jornada. "Mi empresario no es el Gobierno, es el CGPJ. El secretario de Estado no es quien para pagar el sueldo a los jueces porque eso va en contra de la independencia judicial. Es sólo el cajero del CGPJ, que no dispone del dinero para pagarnos. Por lo tanto no podía tocar mi sueldo", recuerda a Crónica.

El pleito le costó dinero a Grau porque tuvo que pagar "muy gustosamente" al procurador. Aun así, estaba dispuesto a ir a las instituciones europeas, pero la Audiencia Nacional interrumpió su entusiasmo pleiteador al darle la razón a la primera y el Gobierno tuvo que devolverle el dinero. Si el resto de los jueces hubiera secundado su reclamación, el sectarismo de la ministra hubiese costado un pico a las arcas del Estado.

LOS BULOS DEL GOBIERNO

A la fiscal Dexeus se le encendieron las alarmas cuando hace dos años, a raíz de los pactos del PSOE con Junts, se asumió la tesis del lawfare y de las comisiones de investigación cuestionando a los jueces. Lo mismo le ocurrió a Sergio Oliva, el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria que, después, fue constatando cómo el desprestigio de los jueces se alimentaba como "una gota malaya" desde el Gobierno con declaraciones como las del ministro de Transportes Óscar Puente asegurando que son los jueces "los que hacen la oposición". "Mientras", señala Oliva, "las nuevas normas no respetan la Constitución, que exige para acceder a la función pública que prevalezcan las condiciones de mérito, capacidad e igualdad. Oliva anuncia que recurrirán la Ley y acusa al ministro Bolaños de faltar a la verdad. "En época de bulos, la del ministro es la mayor falacia, él sabe perfectamente que Europa no exige nada. ¿Qué prisa hay?".

Fueron las bases, explica Alejandro González, desde la APM, quienes les reclamaron la protesta porque "lo que se está planteando afecta a los pilares del sistema democrático". "Estamos defendiendo los derechos de los ciudadanos. Nunca un Gobierno ha llegado tan lejos", afirma empleando un argumento que todos comparten. De modo que, si el caso Koldo no se carga antes al Gobierno, en julio se pondrán en pie de guerra. En una protesta sin precedentes.