Todo empezó con tres anónimos. Recibidos por fax en la Dirección General de la Guardia Civil, y muy probablemente enviados desde los propios aledaños de la mismísima Dirección General de la Guardia Civil. Asuntos Internos de la Policía Nacional estaba investigándolo todo: ¿por qué la Guardia Civil, que sufría en su seno la misma podredumbre, no lo hacía?
El texto era irónico, incisivo. Su autor, que por fuerza tenía que ser picoleto, decía llevar años harto de ver a varios mandos, junto a él, amañar contratos de suministro de ropa... Aunque ahora, en 2019, les sentía algo nerviosos.
Su cercanía con el meollo era tal que llegaba a describir cómo uno de los líderes de la trama, alertado por la investigación de Policía Nacional, en vez de hablar con los proveedores abiertamente, como siempre había hecho, de pronto les callaba con el dedo índice en los labios y les enseñaba el móvil, donde había escrito, en mayúsculas: «OJO CON LO QUE HABLAS, NOS PUEDEN ESTAR GRABANDO».
Seguía el mensaje, sobre el coronel en cuestión: «Ya no sale al bar cutre en Francisco de Sales [junto a la Dirección General de la Guardia Civil, en Madrid], donde iba a tomarse una caña con sus proveedores de confianza. Ha llamado a otras empresas, a esas que estaban vetadas, para darles caramelitos de contratos menores o futuros desarrollos, como el pijama térmico. Se siente vigilado, en el ojo del huracán. ¿Lo está?».
En efecto, en ese momento el coronel Juan Antonio Maroto y el teniente coronel Alberto Martín Altube ya lo estaban, y junto a ellos otros cuatro mandos del Servicio de Abastecimiento de la Guardia Civil, uno de los cuales llevaba ahí desde 1980, lo que hace creer a los investigadores que las prácticas corruptas podrían provenir de los años 80.
Muy pronto en las pesquisas de los agentes de Asuntos Internos de Guardia Civil iba a salir un auténtico torrente de presunta (hasta la sentencia) corrupción: al menos 15 años de impunidad total para falsear 170 millones en 100 contratos públicos, y detalles de un buitreo, como no podía ser de otra forma, pintorescamente celtibérico. Encarnado por ejemplo en las cajas y cajas de mantas de la Guardia Civil halladas en casa de uno de los conjurados, que había amañado el concurso de limpieza en favor de una empresa, la cual a su vez había derivado el trabajo a una lavandería propiedad del propio mando, donde él mismo blanqueaba el dinero de las mordidas.
O por ejemplo las carpetas con el título de «Comisiones», seguido del año en cuestión, en que Manufacturas Aura iba consignando lo que pagaba en presuntos sobornos a cada uno de los guardias civiles, con sus porcentajes y todo, bien ordenadito para que los agentes de Asuntos Internos lo encontraran sin problema.
O el negocio que uno de los coroneles, que le vendió mascarillas de una de sus empresas sobornadoras a una farmacia durante el confinamiento, y luego se fue a amenazar a la propia farmacéutica para que no declarara ante la Guardia Civil, y ella le grabó.
O la impresora profesional, la cocina y las entradas para el fútbol que le regalaron a otro, que llegó a ir a la final de la Champions en Cardiff en 2017 (sí, ganó el Real Madrid) invitado por los empresarios. Y trabajos para familiares en las empresas investigadas, y alguno de los mandos imputados sin gastar dinero de sus cuentas durante años, quemando negro obtenido de las mordidas sin parar.
Entre las 26 firmas investigadas, y que previsiblemente en los próximos meses irán a juicio —el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción está en camino, confeccionado por los fiscales José Grinda y Juan José Rosa—, una reluce más que las demás: se trata de El Corte Inglés, con dos imputados y papel protagónico en la trama.
La firma ha hecho saber a EL MUNDO, a preguntas del diario, que ya ha apartado a las dos manzanas podridas: los imputados Fernando Fernández Vidal, director comercial del Área de Suministros, y Eduardo Vélez, responsable de Uniformidad de la división de Empresas. «Ya no forman parte de la empresa, por incumplimiento de las normas de 'compliance'», es decir, de las buenas prácticas empresariales, confirmó una fuente oficial.
En su impunidad, uno de los empresarios llega a dejar por escrito que organizar el engaño "supone un lío importante de gestión y manipulación"
La compañía, como se ha publicado, se ha llevado en los últimos años un importante reguero de contratos de suministro público: por ejemplo, uno de 80 millones de euros con el Ejército de Tierra para el suministro de equipo básico y de combate, otro de 2,5 millones a cambio de 45.000 pantalones para la Policía Municipal de Madrid, y un sinfín de acuerdos con Guardia Civil, Policía Nacional, Metro de Madrid, Correos...
Un terreno, en todo caso, resbaladizo: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, organismo que ostenta el mandato de investigar estas prácticas y en que cada vez se apoya más la policía judicial española, abrió en 2019 expediente a varias empresas, entre ellas el gigante español del retail, la venta al por menor, y algunas voces dentro de la compañía deslizan la posibilidad de que la firma se desvinculara de un negocio históricamente dado a la corruptela.
EL MUNDO ha tenido acceso judicial a las miles de páginas del sumario, que encierran toda la emoción, el romanticismo delincuencial (las relaciones entre los imputados) y la traición a la ley clásicas de las tramas de contratos públicos, todo un subgénero —que se lo digan al actual PSOE— de la narrativa de la corrupción.
Todo ese caudal humano/administrativo desemboca por ejemplo en los mensajes que se cruzan por WhatsApp Pablo F., de Manufacturas Aura, y su ex pareja y madre de sus hijos, en pleno trámite de divorcio. Dice ella:
—Igual empiezo a hablar de la trama de chinos en la que estás involucrado.
—Uh, tú también lo estás, no te olvides.
—Y empiezo a dar nombres de los guardias civiles y militares a los que untáis para que os den los concursos.
—Uhhh.
—A algunos militares les empiezan a investigar. ¿Te empiezo a dar nombres? En la Guardia Civil a más de uno.
—[...] Jode a quien quieras, pero piensa que también jodes a tus hijos.
—Veremos cuando empiecen a investigar a Altube por ejemplo.
Pero ni Altube ni Maroto, el otro alto mando, parecían muy achantados después de 15 años de una dinámica corrupta muy simple, a decir de los investigadores y la Fiscalía, una operativa que en realidad consistía en hacer el concurso al revés: en vez de establecer primero las necesidades y condiciones de los suministros necesitados por la Guardia Civil, se partía de los beneficios para los conjurados, se decidía qué teatrillo se montaba en cada uno de los 100 contratos amañados, y lo último era confeccionar a medida, como se confeccionan los uniformes, la fachada de todo: la licitación para la que ya había un desenlace perfectamente preparado.
El propio Eduardo Vélez Narváez, de El Corte Inglés, lo expresa en una de las frases interceptadas por los investigadores: su relación con Altube le da «una posición ventajosa con respecto a la competencia y además una posición estratégica». El gigante de la distribución se solía alternar en la consecución de los contratos con otra mercantil, Fábrica Española de Confecciones SA, en un patrón detectado por la investigación.
Aura, Fal, Robusta e Iturri son otras de las empresas que, según la investigación, iban rotando entre ellas, como bailando un vals, para conseguir los contratos unos mientras los otros presentaban ofertas «de relleno» o «de apoyo», como ellos mismos iban dejando en ocasiones por escrito.
El responsable de Fal llegaba a escribir en un correo que «estaría bien disimular un poco por contratación [...], creo que a veces la estética tiene importancia y puede cantar demasiado». «Poned vosotros 68,95¤ y nosotros pondremos 69,00¤. Así que será vuestro y [...] nos lo repartimos», se lee en otro correo. Los investigados tenían cuidado en sus comunicaciones, pero más de una década de contubernio por fuerza acaba dejando rastros. La (presunta) dinámica corrupta de hecho es tan compleja que Fernando Martínez, responsable de Fal, deja por escrito que precisar bien la concertación del cártel «supone un lío bastante importante de gestión y manipulación».
En otra ocasiones había que correr, como escribe Vélez en 2015: «La DGT necesita YA el pliego definitivo del conjunto de lluvia/frío [se refiere a uno de los contratos de ropa]. El concurso ya debería de haberse enviado. No habrá tiempo para publicarlo y adjudicar, con lo que se perdería oportunidad de sorprender a la competencia». En algunos productos todo se pactaba, en otros el enchufe había que currárselo haciendo los pliegos antes —las propias empresas— y pasándoselo a los funcionarios públicos.
La compensación para que todos salieran ganando era otro de los mantras. En agosto de 2013, Robusta y Fal se reparten un contrato. Se lo lleva el primero, y un responsable de la segunda firma escribe: «Lo dejaremos para compensar con otra cosa en futuro».
Los contratos menores son otro clásico: «Me ha llamado el comandante porque tiene intención de darnos un contrato de 12.000 euros», le escribe un responsable de Benacus a otro de Fal.
El 27 de enero de 2020, Maroto dice en una conversación telefónica: «Tengo que acercarme a Asuntos Internos, porque están tocando los huevos a un teniente coronel mío». Todo saltaría por los aires.
Él había ganado, según la investigación patrimonial, 122.000 euros con los enjuagues. Altube vivió en una «ausencia ilógica de gasto» de su patrimonio, e ingresó casi 40.000 de origen desconocido... Ahora es el turno de la Justicia, que deberá decidir.