A los funcionarios se les acaba la paciencia. Bien entrado ya el mes de mayo, los sueldos de más de tres millones de empleados públicos continúan congelados porque el Gobierno está bloqueando la negociación por la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE). Y ante esta situación, desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios CSIF proponen a los sindicatos CCOO y UGT organizar un frente común para elevar la presión al Ejecutivo con una "gran protesta" en las calles de toda España.
CSIF reclama al Gobierno que "se siente de una vez a negociar la subida salarial de este año y abone el 0,5% pendiente correspondiente a 2024". El sindicato calcula que el Ejecutivo adeuda al conjunto de empleados públicos unos 1.200 millones de euros en concepto de atrasos y por la evolución del IPC. Y exige al presidente, Pedro Sánchez, que apruebe las subidas por decreto, tal y como se hizo en 2020 y 2024 e incluso el pasado mes de marzo con el personal militar, "ante la inacción del ministro de Función Pública, Óscar López".
En rueda de prensa, el presidente de CSIF, Miguel Borra, ha denunciado públicamente la "grave situación" que atraviesan los trabajadores del sector público, que se sienten "completamente abandonados" por el Gobierno. "El mismo Gobierno que nos pone ahora de ejemplo en el apagón, en la dana o en el caos ferroviario, como nos puso en Filomena o en la pandemia", ha reprochado el dirigente sindical. "Estamos en primera línea ante cualquier crisis, pero tenemos que aguantar que se nos llame privilegiados cuando se nos discrimina frente al resto trabajadores", ha incidido.
Respecto a la subida salarial, Borra ha acusado al Gobierno y, en particular, al Ministerio de Función Pública de no querer sentarse a negociar y de estar utilizando los Presupuestos como "excusa" para evitar aprobar los incrementos pendientes.
En este escenario, el sindicato mayoritario de funcionarios se va a poner en contacto con UGT y CCOO para organizar una gran protesta en toda España y, en paralelo, va a proponer a los Grupos Parlamentarios impulsar una Proposición de Ley para que los salarios de los empleados públicos se revaloricen automáticamente cada año conforme al IPC, como ya ocurre con las pensiones, más el porcentaje adicional que se determine en la negociación.
Ante la "parálisis" del Gobierno, CSIF también reclama la negociación de una nueva oferta de empleo público para 2025, eliminando la tasa de reposición; la jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado y la implementación de carrera profesional en todas las administraciones, así como del teletrabajo; la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas; la mejora de las condiciones de jubilación del Régimen General y Clases Pasivas y la regulación inmediata para que el conjunto de los empleados públicos pueda acogerse a la jubilación parcial; y la adecuación de los grupos profesionales en el conjunto de administraciones.
Temporalidad
Por otra parte, la central sindical denuncia que la temporalidad en las Administraciones Públicas se ha estancado en el 30%, superando ampliamente el límite acordado con Bruselas y recogido en la ley de Estabilización del Sector Público de 2021. En concreto, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE) este porcentaje "está muy lejos" del límite del 8% de interinidad acordado con Bruselas para el 31 de diciembre de 2024.
"Este incumplimiento ha provocado que la UE abra a España dos expedientes de infracción que podrían culminar con la imposición de una sanción millonaria, tal y como nos ha informado el Ministerio de Función Pública", anuncian desde el sindicato.
Hay que recordar que el pasado mes de octubre la Comisión Europea apercibióa España por segunda vez por el uso abusivo de los contratos interinos en el sector público y dio dos meses al Gobierno para "subsanar las deficiencias" detectadas y evitar que el asunto acabe en el Tribunal el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Un escenario que el Ejecutivo trató de evitar remitiendo a las autoridades europeas una serie de "alegaciones convincentes". Sin embargo, a día de hoy se desconoce en qué estado está el proceso.
Según los datos de Función Pública consultados por CSIF, en los últimos cuatro años se han ofertado un total de 544.151 plazas, de las cuales están sin cubrir casi un tercio (en concreto, el 32,7%). Además, el sindicato señala que, de los 8.132 municipios, casi el 40% (3.100 consistorios) "no han facilitado a Función Pública sus cifras sobre temporalidad".
"Pese a las plazas creadas, las administraciones no han dejado de crear nuevas plazas temporales por sus necesidades de personal, dado que pese a las promesas del Gobierno sigue vigente la tasa de reposición (el límite que se establece en los Presupuestos a la reposición de efectivos jubilados), lo que se une a la ausencia de Presupuestos Generales del Estado", insisten desde CSIF.
Según la EPA, las administraciones públicas han perdido un total de 92.100 puestos de trabajo en el primer trimestre del año, la mayor destrucción de empleo de la serie histórica. Y esto en un contexto en el que más del 60% de los empleados públicos tiene más de 50 años y en la próxima década se podría jubilar cerca del 30% de la plantilla actual de la Administración General del Estado, lo que, a juicio de CSIF, "nos situaría en una situación de colapso si no se adoptan medidas urgentes".