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El Gobierno ha aprobado una nueva batería de transferencias de crédito de Hacienda a la Seguridad Social. Aunque ninguno de los ministerios implicados en la operación publicitó la decisión adoptada, el pasado martes el Consejo de Ministros validó una serie de acuerdos para autorizar la inyección de hasta 6.800 millones de euros para financiar diversas prestaciones. Esto, tras haber disparado los desvíos de impuestos en lo que va de año más de un 30%, hasta los 15.452 millones de euros.
Así consta en la referencia del cónclave celebrado el 7 de julio. Para empezar, se autoriza una transferencia de crédito por importe de 1.300 millones de euros para la financiación del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Hacienda justifica que se trata de una prestación no contributiva (es decir, que no se financia con cotizaciones sociales) y explica que «es necesario elevar la dotación de crédito para el año 2025, encontrándose prorrogados los Presupuestos Generales del Estado del año 2023».
A continuación figuran otras cuatro transferencias de crédito para financiar diversas prestaciones de la Seguridad Social. La primera, por importe de 1.328 millones de euros, se destinará a costear el complemento de pensiones mínimas del sistema, de nuevo, al resultar necesario este desvío de fondos por la prórroga presupuestaria.
La segunda, por unos 427,5 millones, va dirigida a financiar las prestaciones de protección familiar que, en su modalidad no contributiva, consisten en asignaciones económicas por hijos menores con discapacidad o ayudas por nacimiento o adopción. Y la tercera, también para cubrir la insuficiencia presupuestaria en ausencia de unas nuevas cuentas públicas, se eleva a 769,6 millones y se dirige alpago de prestaciones no contributivas por invalidez o jubilación.
A estas se añade una última transferencia, la más cuantiosa, por valor de 2.984 millones de euros «para dar cumplimiento al compromiso de aportaciones del Estado por el Pacto de Toledo». En concreto, la recomendación primera, relativa a la separación y clarificación de las fuentes de financiación, señala que la financiación de las prestaciones contributivas debe depender básicamente de las cotizaciones sociales y que las prestaciones no contributivas deben financiarse exclusivamente a través de impuestos, es decir, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
En virtud de esta recomendación, el Gobierno ha ido ampliando las transferencias delEstado a la Seguridad Social, para ir asumiendo de forma progresiva la financiación de los gastos de naturaleza no contributiva, considerados «impropios», con los PGE. Hasta el punto de que los desvíos acumulados de préstamos y transferencias procedentes de impuestos han alcanzado los 474.627 millones de euros en los últimos 14 años, el 80,5% del aumento de la deuda de todas a las administraciones públicas.
Solo por los préstamos recibidos durante los últimos 30 años y nunca devueltos, la deuda acumulada de la Seguridad Social con el Estado supera los 126.000 millones de euros, o lo que es lo mismo: el 7,8% del PIB. Por eso, el Gobierno viene defendiendo su modelo de transferencias directas de capital al sistema de las pensiones frente a los préstamos para asumir la parte del gasto que no llegan a cubrir las cotizaciones sociales.
De acuerdo con los últimos datos de ejecución presupuestaria actualizados por el Ministerio, entre enero y mayo de este año las transferencias recibidas por la Seguridad Social ascendieron a 15.452 millones de euros, lo que supone un incremento del 30,8% respecto al mismo periodo de 2024, el equivalente a 3.639 millones de euros. A esa cantidad hay que sumar ahora los 6.800 millones aprobados en el último Consejo de Ministros, lo que dispara el total de transferencias recibidas en la primera mitad del año por encima de los 22.000 millones de euros.