España vive un año de récord en sobrelegislación que pone al comercio contra las cuerdas. En 2025 se aprobaron o modificaron 1.411 normas a nivel local, autonómico, nacional y europeo, casi el triple que en 2019, antes de la pandemia. Cada día, las empresas han tenido que adaptarse a casi cuatro cambios legislativos, según los datos de WorldLex analizados por la patronal de supermercados como Mercadona, Dia, Lidl, ASEDAS.
Según Alberto Peironcely, director de Asuntos Legislativos de ASEDAS, la asociación que representa a supermercados y mayoristas de alimentación en España, "las intenciones de las Administraciones de simplificar la legislación todavía no se reflejan en la realidad normativa". Seis años consecutivos de incremento de la carga legislativa mantienen al sector en un escenario de alta complejidad y costes adicionales.
En el ámbito europeo, la Comisión Europea lideró la actividad con 453 normas, mientras que en España todas las administraciones sumaron 958 textos. Las Comunidades Autónomas aprobaron 547 normas, superando los 514 del año anterior, mientras que la Administración central mostró una ligera desaceleración con 326 normas frente a las 230 de 2024. Las administraciones locales también intensificaron su actividad, con 85 normas nuevas, veinte más que en 2024.
El medio ambiente volvió a concentrar la mayor parte de la regulación, representando un tercio del total con 481 normas centradas en eficiencia energética, diseño ecológico y protección ambiental, muchas de ellas impulsadas por las Comunidades Autónomas y la UE. La seguridad alimentaria se situó en segundo lugar, con 282 normas que abarcan almacenamiento, transporte, controles oficiales y protección animal, consolidando un sistema garantista para los consumidores. Otras áreas con importante actividad normativa incluyen la legislación laboral (138 textos) y la administración empresarial (287 normas), donde destacan materias como licencias urbanísticas e inteligencia artificial. En comercio y productos agrarios, 27 normas -21 de ellas europeas- impactan a toda la cadena agroalimentaria.
Entre las normas más relevantes para supermercados y mayoristas destacan la Ley de prevención del desperdicio alimentario, la Ley de movilidad sostenible y la Ley de servicios a la clientela. Según Peironcely, "todas amplían trámites administrativos y suponen nuevas cargas y costes, aunque muchas de estas medidas ya se aplicaban en la práctica". De cara a 2026, preocupa la incertidumbre en normativa laboral, como el control del fichaje sincronizado con inspección de trabajo, la posible subida del salario mínimo o los nuevos permisos retribuidos, que complican la planificación empresarial.
A nivel europeo, las iniciativas más controvertidas incluyen el Reglamento sobre Deforestación y el Reglamento sobre Diligencia Debida, que podrían generar una gran carga administrativa. La puesta en marcha del Paquete Ómnibus número 10, destinado a simplificar normas previas, evidencia para ASEDAS problemas de calidad legislativa: "Si hace falta una décima norma para corregir otras ya publicadas, algo se está haciendo mal", alerta Felipe Medina, secretario general técnico de ASEDAS.