El porcentaje de población española con serias limitaciones de movilidad crece de forma exponencial a medida que se incrementa la edad de la persona. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2020 había en España alrededor de 4,3 millones de personas con discapacidad de movilidad, es decir, personas con dificultades importantes a la hora de moverse para hacer vida normal. Este grupo de personas representan casi el 20% de la población de entre 70 y 74 años de edad, un porcentaje que se va incrementando hasta alcanzar un 63,5% entre las personas de más de 90 años.
A medida que la población en España vaya envejeciendo en los próximos 30 años, el porcentaje agregado de la población española que se encuentre en esta situación crecerá progresivamente. Para este grupo de población, la ausencia de un ascensor en el caso de vivir en un bloque de pisos puede suponer una enorme limitación para su movilidad. Las consecuencias económicas que pueden derivarse de ello son difíciles de cuantificar, pero no despreciables.
En España la Ley de Propiedad Horizontal establece que, en un edificio que no disponga de ascensor un propietario de 70 o más años puede solicitar su instalación, sin necesidad de aprobarse en junta de vecinos en el caso de que el coste de su instalación no supere las 12 cuotas ordinarias por propietario. En caso de superar esta cantidad, la instalación seguiría siendo obligatoria si el solicitante estuviera dispuesto a asumir la diferencia.
Esta normativa, recogida en la Ley de Propiedad Horizontal, ha puesto a muchas comunidades de vecinos con personas mayores residiendo en ellas en una situación de conflicto entre vecinos. Las subvenciones públicas para modernizar los edificios son aún insuficientes y en muchas comunidades el coste es demasiado grande. Además, el reto es muy desigual entre provincias, en peor situación están Cádiz, Las Palmas, Huelva o Córdoba, en donde más de un 24% de los hogares con personas mayores de 70 años viven en bloques de pisos sin ascensor, en el otro extremo están provincias como Álava, Burgos, Navarra o Valladolid, donde el porcentaje es menor al 11%, menos de la mitad.
Actualmente, hay 840.000 hogares en nuestro país donde residen personas mayores de 70 años en edificios sin ascensor. El desafío de adaptar nuestro entorno para la población de mayor edad se incrementará progresivamente en el futuro. Sólo en la próxima década, 600.000 hogares adicionales pasarán a estar en la misma situación, una tendencia que se acrecentará hasta que lleguemos al pico de población envejecida alrededor del año 2050. La baja renta de la mayoría de hogares que se encuentran en esta situación hace difícil imaginar que puedan llevar a cabo la transformación de sus comunidades por sí mismos lo que, tarde o temprano, requerirá de una intervención más decidida desde el sector público.
FUENTE: Instituto Nacional del Estadística (INE)
Información: Ángel Martínez
Gráficos: Elsa Martín
Dirección de arte: María González Manteca y Josetxu L. Piñeiro