Hace dos años el Gobierno dio luz verde al denominado fondo de pensiones público, que buscaba potenciar el ahorro de cara a la jubilación ante el reto demográfico que vive España y que tenderá a empeorar según se vayan jubilando los nacidos durante el baby boom. Era la pieza clave de la reforma de las pensiones del ya ex ministro José Luis Escrivá -hoy gobernador del Banco de España- que no ha conseguido siquiera empezar a andar ante la falta de Presupuestos Generales del Estado, que van camino de su tercer año de prórroga, y que no estaría tampoco entre las prioridades de la nueva ministra de Seguridad Social, Elma Saiz.
El Gobierno de Pedro Sánchez opta por mirar hacia otro lado en un tema mollar para el futuro de los trabajadores españoles a pesar del toque de atención recibido en las últimas semanas por organismos internacionales de la talla de la OCDE o de la propia Comisión Europea, que reclaman al Ejecutivo que impulse ya medidas para potenciar el ahorro de los trabajadores a través de planes de empleo o planes privados individuales con el objetivo de poder complementar la pensión pública en el futuro. Muchas de estas recomendaciones obligarían al Gobierno socialista a dar marcha atrás en algunas medidas adoptadas los últimos años, como limitar las aportaciones a los planes individuales a un máximo de 1.500 euros al año.
La última reforma de las pensiones llevada a cabo por el ex ministro Escrivá sigue haciendo aguas tres años después de que se creara el marco legal y dos años desde que naciera el conocido como fondo de pensiones público. En diciembre de 2023 las cinco entidades adscritas a este proyecto (Santander, BBVA, CaixaBank, Ibercaja y Caser) habían cumplido con su parte, que era crear y registrar en la Dirección General de Seguros tres fondos de pensiones cada una de ellas (según el perfil del trabajador, de renta fija, mixto y renta variable), lo que hacen 15 en total, con un objetivo de captación individual de 500 millones de euros por gestora en tres años. Es decir, en 2026 estos productos deberían estar funcionando con un patrimonio conjunto mínimo de 2.500 millones de euros, a lo que se sumarían, además, los fondos aportados por el propio Estado que pretendía reubicar el fondo de pensiones de los funcionarios públicos (que ahora está en BBVA y al que no se hacen aportaciones desde 2012) bajo este mismo paraguas. Pero nada de esto ha sucedido.
Fuentes financieras ven absolutamente "inviable" que se vaya a alcanzar este objetivo de captación, partiendo de la base de que estos productos a los que debían adherirse planes de pensiones de empleo sectoriales o de empresas ni siquiera están funcionando, empezando porque quienes deben crear y aprobar la política de inversión junto a las gestoras dimitieron en bloque antes del verano ante la falta de avances y de dotación económica de este proyecto. Estas mismas fuentes reconocen que nunca han llegado a sentarse en la misma mesa para discutir cómo y cuál será el funcionamiento de estos 15 fondos de pensiones, llamados a aliviar la salud financiera de los españoles cuando se jubilen. En octubre de este año el Ministerio nombró a otros 5 vocales para formar parte de la Comisión de Control Especial del fondo público de pensiones, entre los que figuran nombres como Manel Mangado, ex directivo del FC Barcelona; Desireé Gémar, de la gestora inmobiliaria Azora; o Marisa Díaz, ex directora de la aseguradora PSN. Ellos ocuparán un asiento junto a representantes de sindicatos y de la patronal, que han denunciado en distintas ocasiones defectos de forma en la creación de esta comisión. Desde el Ministerio de Seguridad Social sostienen que han "realizado todas las actuaciones que les corresponden" para que estos fondos puedan operar y aseguran haber hecho "mejoras técnicas en temas de asesoramiento jurídico de la Comisión, remuneración e incompatibilidades de sus miembros" con el objetivo de que salgan adelante.
NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y PLANES DE PENSIONES
"Han aprobado una subida salarial para los funcionarios, pero parece que se han olvidado de este tema", denuncia una de las gestoras consultadas por EL MUNDO, que considera que la reforma del sistema de pensiones ha quedado huérfana tras la salida del ministerio de José Luis Escrivá. Desde el sector se denuncia la falta de fondos ante un proyecto al que no se ha destinado un solo euro desde que arrancó hace dos años. De hecho, los cinco miembros de la comisión nombrados por el Gobierno nunca llegaron a percibir una retribución por su trabajo, a pesar de que se había prefijado en unos 50.000 euros al año adicionales a su salario. "No tenían ni una sala donde reunirse, nadie les pagaba los billetes de tren, nadie se encargaba de la burocracia que hay detrás...", comentan desde una entidad financiera. Una reclamación prioritaria de los ya dimitidos vocales era la necesidad de contar con un seguro de responsabilidad civil, algo muy habitual cuando se trabaja gestionando el dinero de terceros, para estar cubiertos ante un posible error en su ejecución. Tampoco lo lograron.
El Gobierno lleva años persiguiendo penalizar el ahorro privado, asociado a las grandes fortunas y clases altas, para potenciar los planes de pensiones de empleo colectivos, que deben ser aprobados en sus convenios, con el respaldo sindical. El problema de fondo es la heterogeneidad que existe en España, en convenios sectoriales que se negocian a nivel estatal, autonómico o local, con muchas voces opinando en el proceso, y la falta de formación financiera de quienes deciden. El único PPE sectorial que se ha firmado desde que arrancó la última reforma de las pensiones es el de la construcción que decidió irse a la parte privada, a un fondo de pensiones gestionado por VidaCaixa. Era imposible que acabara en el fondo público porque no se están comercializando.
En total, señala el Ministerio, se han firmado 44 nuevos planes a los que se han incorporado 883.000 trabajadores, de los que la inmensa mayoría (el 93%) procede de la construcción, con un patrimonio total de 542 millones de euros. En su mayoría, señalan fuentes consultadas, se trata de autónomos que han optado por traspasar sus planes individuales a planes de empleo porque tienen un límite mayor de aportación (hasta los 8.500 euros al año frente a los 5.750 euros siendo autónomo) y porque pueden deducirse un importe superior y fiscalmente hablando les beneficia.
"Uno de los problemas es que el Gobierno ha eliminado muy rápido los incentivos del Pilar 3 (los planes individuales privados) y se han trasladado ciertos incentivos hacia el Pilar 2 (planes de empresas), que requieren que patronal y sindicatos se pongan de acuerdo en un entorno de precariedad salarial que hace muy compleja la negociación colectiva", explican fuentes financieras, que recuerdan que de los centenares de convenios colectivos firmados en España solo uno, el de la construcción, ha aprobado un plan de pensiones, que es obligatorio para todas las empresas. La industria del metal, que da trabajo a cerca de 1,2 millones de personas en España, retiró esta propuesta el pasado mes de septiembre tras dos años de negociaciones. Y esto es un problema teniendo en cuenta que el Pilar 1, que es de las pensiones públicas, no da más de sí tal y como está concebido ahora mismo y por eso, desde Europa y desde la OCDE reclaman a España medidas para empezar a construir una jubilación para las futuras generaciones basada en los tres pilares y no solo en el que depende de la hucha pública.
RESOLVER EL FUTURO DE LOS JUBILADOS
Desde que se aprobó el archinombrado Pacto de Toledo en 1995 (30 años atrás) se han producido tres reformas del sistema de pensiones -con Zapatero primero, Rajoy y la última con Pedro Sánchez al frente del Gobierno- y ninguna de ellas ha servido para paliar el déficit de la Seguridad Social que irá en aumento ante la previsión de que durante los próximos 15 años se seguirá jubilando la generación más cuantiosa de todas, la de los boomers, con salarios también superiores a los trabajadores más jóvenes. "El problema ya no es en el futuro, es el presente. Tenemos un déficit de la Seguridad Social del 20%. Las matemáticas no dan. Tenemos un sistema que es difícil de mantener por su configuración, siendo de reparto y de solidaridad intergeneracional y hay dos alternativas, o elevar el gasto sobre PIB, que hoy es del 12% y las previsiones más cautelosas de la Airef hablan de llegar al 15% en 15 años", señala Ricardo González, director general de Mutuactivos Pensiones, o habrá que subir impuestos para recaudar más a los trabajadores. Una tercera opción, algo impensable hoy, sería recortar las pensiones.
El sistema público actual de España es de los más generosos que existen entre los países desarrollados, con una tasa de sustitución del 80%. Esto quiere decir que quien se jubile el mes que viene percibirá en su pensión el equivalente al 80% de su último salario, cuando la media está sobre el 52%. Según refleja en su informe la OCDE, España tiene el mayor nivel de lo que se conoce como derechos económicos sobre las pensiones. Es decir, cuánto dinero tiene derecho a cobrar el español medio según lo que ha trabajado. Y la suma total de pensiones que por derecho nos corresponden equivale al 501% del PIB, con datos a cierre de 2021 y casi todo proviene de la pensión pública; solo el 1% correspondería a fondos privados.
"Estamos en el tercer nivel de efectividad, voluntarismo, algún incentivo y poco más", subraya Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco, que recuerda que este año solo en pensiones públicas se van a pagar cerca de 212.000 millones de euros. El experto recuerda cómo de las 32 recomendaciones lanzadas por la OCDE, 7 se refieren también a planes de empleo individual, los denostados por el Gobierno socialista, pero que tienen su reflejo, y mucho, en la economía de un país. Cuatro de cada 10 euros de su patrimonio se invierte en España.
Las peticiones desde Europa pasan por exigir al Gobierno que cada ciudadano reciba en su casa cuál es la estimación a futuro de su pensión (ahora se puede acceder a través de Internet, aunque es complejo, señalan desde Inverco); piden eliminar limitaciones a las aportaciones a los planes privados, aumentar exenciones fiscales y, la más relevante de todas, aplicar un sistema que se conoce como auto-enrolment, que consiste en que de manera automática y obligatoria todas las empresas deben abrir a sus trabajadores un plan de pensiones. Se tiene sí o sí desde que comienza la vida laboral y es el trabajador quien puede decidir no tenerlo. De momento, en Reino Unido -país precursor de este sistema- el 91% de los trabajadores lo mantiene y ahorra desde el primer momento para su jubilación a través de aportaciones de la empresa y voluntarias del trabajador.
Haciendo un cálculo sencillo, en España se pagan al año unos 450.000 millones de euros en salarios. "Si se destinara solo el 1% a este tipo de planes de pensiones de empleo serían unos 4.500 millones de euros por año, que irían aumentando de manera escalonada, como ha sucedido en Reino Unido, hasta llegar al 8% del salario. Estaríamos hablando de 32.000 millones de euros anuales que irían a financiar la economía", recuerda Martínez-Aldama, en un momento en que todos los organismos europeos coinciden en la necesidad de impulsar Europa, su defensa y sus infraestructuras.
Con datos de la OCDE, el patrimonio ahorrado a través del Pilar 2, planes creados por empresas, es de 37.000 millones de euros, el equivalente al 2,5% del PIB. En países como Francia es de casi 6 veces más, hasta los 273.000 millones de euros. Solo el 10% de los trabajadores españoles cuenta con un fondo de pensiones, según recoge Eurostat, y se han mantenido así los últimos 15 años. Sin embargo, los planes privados individuales tienen hasta 7,3 millones de partícipes y activos bajo gestión por valor de 88.000 millones de euros, aunque su crecimiento se ha estancado los últimos años ante las trabas del Gobierno, con "un volumen de activos que, en términos reales (descontada la inflación), es similar al año 2016", casi una década atrás.
Desde el sector bancario reconocen que esperaban que el Gobierno introdujera en su última reforma el sistema de auto-enrolment o auto-inscripción para las empresas y ahora lo ven como una oportunidad perdida. "La gente que llega ahora a un puesto de trabajo tiene por delante muchos años para aportar a un plan. Si esto lo conseguimos, con una buena oferta de fondos, podemos constituir una masa de ahorro que irá muy bien para el país y es un ahorro que puede aportar a la economía europea. Es el único camino. No puede haber mayor democratización en el ahorro que la inversión colectiva", asegura José Carlos Vizarraga, director de Pensiones de Ibercaja, la tercera mayor gestora del país en planes de pensiones.
Eva Valero, directora de Vida Ahorro y Pensiones de Caser recuerda otro aspecto relevante característico de nuestro país y es la importancia de las pymes que "representan el 95% del tejido empresarial" y que tienen "poco tiempo" para dedicarse a pensar en crear un plan de pensiones a sus trabajadores y, de ahí, que fuera importante que le viniera dado, directamente, mediante un sistema como el auto-enrolment. "Todo pasa por el ahorro. Sería importante que en la educación nos trasladaran este tipo de conceptos. De alguna forma tenemos la responsabilidad como país de explicar la importancia del ahorro. Te hace ser metódico si nos acostumbramos a tener esa dinámica" de reservar algo del salario todos los meses de cara a la jubilación.
La magnitud del problema es tal que el pasado 8 de octubre las pensiones dejaron de pagarse con las contribuciones que cada trabajador hace a la Hacienda pública y pasaron a financiarse a través de emitir deuda. "Tres de cada 10 euros en pensiones viene de emisiones de deuda del Estado", apunta Martínez-Aldama, que entiende que irá a más, con una "necesidad creciente de dinero que hará que, en un futuro, haya que renunciar a otras políticas sociales, como educación o sanidad", para seguir financiando las pensiones públicas si no se toman medidas para evitarlo. La OCDE cree que España será el país que más dinero destinará sobre el PIB a este gasto en 2050, y eleva los cálculos hasta el 17,3%.