El Tribunal de Cuentas ha descubierto descontrol en los contratos en Paradores en la etapa en que lo presidía, sobre todo, Óscar López, actual director de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y considerado peso pesado en Moncloa.
En un informe sobre la empresa estatal durante los años 2020 y 2021 aprobado el miércoles, concluye que esta empresa estatal formalizó 711 contratos por un valor de 59,8 millones de euros con "importantes deficiencias", entre ellas, "ausencia de motivación" para puntuar mejor a aspirantes o concursos con "un único proveedor". Como es habitual en este tipo de trabajos del Tribunal de Cuentas, se exponen en términos generales sin detalle de adjudicatarios.
Según el organismo fiscalizador, "en relación con los criterios de adjudicación, el informe ha detectado importantes deficiencias en la motivación de las valoraciones y en el cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 145 de la Ley de Contratos del Sector Público". Sobre todo, asegura, las "relacionadas con la inexistencia de subcriterios, falta de exigencia de motivación en la asignación de puntuaciones y ausencia de criterios que garanticen la oferta que representa la mejor relación calidad-precio".
Ante tal resultado recomienda una mayor transparencia en la determinación de los criterios de adjudicación, "reduciendo el margen de discrecionalidad en la asignación de puntuaciones mediante el establecimiento de subcriterios y exigiendo, en todo caso, la motivación de la asignación de puntuaciones".
El Tribunal resalta el peso del presidente en los contratos superiores a los 300.000 euros, que no se podían conceder sin su visto bueno personal. Lamenta que "en el 55 % de los expedientes de obras fiscalizados la autorización contratación no se ajustó a las reglas establecidas en el manual de gestión". Y pone como ejemplo, varios expedientes "con firmas ilegibles", hasta el punto de que "no consta el nombre de la persona que firma como visto bueno del Presidente".
López dejó la presidencia de Paradores en junio de 2021 y fue, por tanto, el máximo responsable sobre el grueso del período fiscalizado. Por eso el Tribunal de Cuentas le dio oportunidad para presentar alegaciones antes de cerrar el informe, pero no lo hizo. Según el informe sólo respondieron la actual presidenta y exministra, Raquel Sánchez, y también el sucesor de López en la segunda mitad de 2021, Pedro Saura, pero sus alegaciones no convencieron al Tribunal, de mayoría de vocales a propuesta del propio PSOE, como para retirar las críticas al descontrol de adjudicaciones.
El organismo también "concluye que la Entidad no pudo cumplir el objetivo estratégico de 2021 de realizar un control exhaustivo del gasto ante la falta de observancia, fundamentalmente por los paradores, de sus normas internas de control de gasto, así como por la obsolescencia y falta de coordinación entre los sistemas de información que utiliza para gestionar los procedimientos de contratación".
Por tanto, "recomienda adoptar medidas que garanticen la observancia de los procedimientos internos de control del gasto tanto por los servicios centrales como por los 95 paradores que conforman la red, así como actualizar y dotar de mayores recursos a sus sistemas de información".
Los auditores de este organismo también hicieron un muestreo de los contratos considerados menores y también ahí encontraron deficiencias. "En cuanto a la contratación menor, la Sociedad no publicó en el perfil del contratante la contratación menor celebrada por los distintos paradores en contra de lo exigido en la ley y, aunque en los antecedentes de los expedientes, se afirma que se han solicitado tres ofertas, no figuran en muchos casos acreditadas en el expediente por lo que el Tribunal le recomienda que adopte medidas que garanticen su acreditación, dado que se considera una buena práctica contractual".