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El Gobierno da los primeros pasos para fortalecer el bloque de aliados de la investidura y conseguir apoyo suficiente a su Plan de Regeneración Democrática. La primera decisión de los contactos mantenidos con los socios pasa por acabar con la actual Ley de Seguridad Ciudadana -que tras su revisión en 2015 por el Gobierno del PP, fue bautizada por sus opositores como ley Mordaza- y sustituirla por una nueva norma que no incluya los aspectos que sus detractores consideran más lesivos.
El anuncio del acuerdo para proceder a esta sustitución ha corrido a cargo de EH Bildu, el grupo que junto a ERC se ha mostrado más combativo para cambiar la ley y que en este caso ha protagonizado la negociación con el Ejecutivo.
La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha asegurado que esto implica "ahora sí, acabar con la ley Mordaza". La ley se modificará en un plazo de seis meses y con la misma se pondrá fin a las sanciones por falta de respeto y desobediencia a la autoridad; esas sanciones tendrán que ser justificadas y objetivables y se cancelarán si la persona sancionada se retracta. Las faltas de de desobediencia por su parte pasarán de ser consideradas graves a leves. Con esta medida, Bildu considera que se protege la libertad de expresión.
También se pondrá fin a las pelotas de goma que serán sustituidas por otros medios disuasorios menos lesivos -en este caso el Gobierno anunciará el calendario de esa retirada-y se abordarán las devoluciones en frontera desde una perspectiva garantista acorde con la legislación que protege los derechos humanos. El plazo para llevar a cabo esto último dependerá de una modificación paralela, prevista en un máximo de seis meses, de la Ley de Extranjería. El objetivo es que las personas migrantes antes de su expulsión tengan que pasar por centros habilitados en frontera en los que se evaluarán sus circunstancias y si pueden acogerse al asilo.
Aizpurua, acompañada por el diputado Jon Iñarritu, ha asegurado que el acuerdo implica "acabar ahora sí " con la ley Mordaza abarcando la supresión de todos sus aspectos lesivos y "recuperando los derechos que el PP cercenó en 2015 y el respeto de la libertad de expresión".
PP: "Presos por Presupuestos"
La nueva ley recogerá el informe de la ponencia de la anterior legislatura; de esta manera, se incluirán las demandas que plantearon todos los grupos. Según Aizpurua, "el paso del tiempo ha logrado que se solucionen los problemas", es decir, las reticencias que el PSOE planteaba al cambio. Ha sido, ha dicho, una negociación "larga y discreta" que "no tiene que ver con ninguna otra cuestión". Sin embargo, desde Sumar, socio minoritario del Ejecutivo, sí se admite que este acuerdo "es un paso político muy importante, una muy buena señal, para tener una legislatura muy larga y muy productiva".
Bildu ha trasladado ya el acuerdo a todos los grupos que están comprometidos con terminar con la Ley de Seguridad Ciudadana y da por hecho que la reforma contará esta vez sí con una mayoría suficiente para que sea aprobada. ERC, PNV y Sumar ya han expresado su satisfacción con el mismo. Podemos, sin embargo, se ha mostrado reticente: para el partido morado se trata de cambios insuficientes y cosméticos. Para los de Ione Belarra, las modificaciones propuestas no pondrán fin a las devoluciones en caliente.
Junts forzará una negociación propia
Desde Junts, pieza clave en cualquier votación, avisan de que ellos van a abrir su propia negociación con el PSOE. "EH Bildu nos ha hecho llegar esta mañana el texto de su propuesta. Lo que vale para el PSOE, también vale para el resto de partidos políticos. Desde Junts negociamos, no hacemos adhesiones", ha dicho.
Eso significa que los socialistas tendrán que sentarse con ellos para ganarse sus votos. "Presentaremos nuestras propias enmiendas a la propuesta que anuncian hoy EH Bildu y el PSOE", han señalado desde el partido de Carles Puigdemont. La formación independentista catalana se muestra, eso sí, a favor de derogar la Ley de Seguridad Ciudadana pero quiere poner su propio precio. "Desde Junts defendemos una ley democrática de seguridad ciudadana para Cataluña".
El PP, antes incluso de conocer el contenido preciso del acuerdo, ya ha señalado su temor a que esto sea un nuevo paso en la estrategia de "presos por Presupuestos", es decir, un plan de concesiones a Bildu en todos los frentes a cambio de garantizarse su apoyo en el Congreso.
El PNV, por su parte, ha anunciado firmará la proposición de ley pero tiene reservas en relación con las sanciones por desobediencia. Mantiene que el principio de autoridad tiene que quedar reafirmado. Asegura que la tramitación será larga y que presentarán enmiendas.
El Plan de Regeneración Democrática del Gobierno ya incluía entre sus propuestas la posibilidad de revisar la Ley de Seguridad Ciudadana y, con esta disposición sobre la mesa, Bildu reclamó una reforma en profundidad. En la pasada legislatura ya hubo un intento de revisión pero finalmente encalló precisamente porque ERC y EH Bildu consideraban muy insuficientes los cambios propuestos.