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El presidente socialista Pedro Sánchez cerró ayer la semana fantástica del PNV al ratificar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) dos nuevas cesiones al autogobierno vasco. Los decretos 1309 y 1310 amplían la capacidad de las instituciones vascas para apoyar las producciones audiovisuales y les facultan para regular los 210 kilómetros de su litoral sin autorizaciones previas de Costas. Las dos transferencias forman parte de las 42 cesiones comprometidas por Sánchez el 30 de diciembre de 2019. Una hipoteca política para lograr ser investido presidente que se ha saldado con casi una treintena de ampliaciones del Concierto vasco, 13 transferencias, un inmueble en el centro de París y la rocambolesca autorización para que Euskadi compita contra España desde el próximo mundial de pelota en Argentina de 2026.
MÁS AUTOGOBIERNO. El presidente Pedro Sánchez utilizó hace ahora 5 años un cheque en blanco que el partido de Andoni Ortuzar se ha encargado de rellenar con un listado de 40 presuntas competencias reconocidas en el Estatuto de Gernika. La relación de materias que el PNV le reclamó a Sánchez en 2019 tiene su origen en el denominado informe Zubia titulado Informe sobre las transferencias pendientes que desde 1992 se enarbola por el nacionalismo vasco como ejemplo del «incumplimiento» del Estatuto de Gernika. Apurado por su debilidad parlamentaria, Sánchez ha hecho suyo el ardid nacionalista y desde 2019 ha ratificado la transferencia de 13 materias que, en su gran mayoría, son cesiones de competencias exclusivas del Estado. Sánchez cedió tres materias en 2019, cuatro en 2021, aprobó la cesión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) dentro del modelo del Concierto vasco en 2022 y ha acelerado con el traspaso de cinco últimas ya cerradas en un 2024, un año que anticipa más traspasos en 2025.
UN CARAMELO ENVENENADO. El presidente Pedro Sánchez encargó en marzo de 2021 a su entonces ministro Miquel Iceta que anunciara en inminente traspaso de las tres prisiones vascas al Gobierno autonómico. Una transferencia «sin cocina previa» con el grupo parlamentario del PNV en el Congreso, como reconocería después el propio Ortuzar. El caramelo envenenado del presidente español satisfacía así las exigencias de EH Bildu que desde el invierno de 2018 hasta el 1 de octubre de 2021 ya había logrado de Sánchez 272 acercamientos de presos de ETA a cárceles del País Vasco, de Navarra y de comunidades limítrofes. El PNV improvisó un pomposo modelo penitenciario vasco con el que facilitar la salida de los etarras con la aprobación de un centenar de terceros grados y del artículo 100.2, según el informe de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Pero la gestión de una población reclusa de casi 1.300 presos y las carencias de plantilla en las tres prisiones han convertido esta competencia en una pesadilla. Tres años de asumirla, uno de cada tres funcionarios penitenciarios (hay casi 600 en Euskadi) se ha apuntado al concurso de traslados para marcharse, casi un centenar de vigilantes de la prisión de Zaballa (Álava) están de baja y la juez de vigilancia penitenciaria ha ordenado que se les investigue penalmente por perjudicar a los internos con una presunta «huelga encubierta». «Heredaron unas prisiones de Champions y las van a llevar a Regional», señalaba ayer un responsable de la prisión más importante del País Vasco que, desde julio de 2024, gestiona la consejera socialista de Justicia, María Jesús San José.
La cesión de las prisiones sólo ha beneficiado a los presos de ETA
COMISIÓN «BILATERAL». Pedro Sánchez asumió en diciembre de 2019 el compromiso de convertir al PNV en su socio preferente mientras consolidaba el blanqueamiento político de EH Bildu en el Congreso. En el documento firmado hace cinco años por Sánchez y Ortuzar se dedicaban los dos primeros acuerdos a «mantener una comunicación fluida y constante» para que los nacionalistas vascos conocieran las iniciativas parlamentarias en Madrid y para que el entonces lehendakari Iñigo Urkullu no sufriera la «judicialización de las discrepancias», expresión utilizada para taponar la presentación de recursos de inconsititucionalidad desde el Gobierno de España. Esa relación «preferente» se reforzó en noviembre de 2023 cuando, de nuevo para garantizarse su investidura, Sánchez firmó crear un nuevo órgano denominado comisión bilateral permanente que replica en el ámbito político la Comisión Mixta del Concierto vasco. El lehendakari Pradales cuantificó en 29 los «acuerdos» alcanzados con Sánchez para ampliar la soberanía fiscal vasca desde 2010. Además, desde la comisión de cooperación -creada formalmente el pasado 27 de noviembre- el PNV no solo da por hecho que logrará las 27 transferencias que Sánchez deberá entregar en 2025 sino también que esta comisión se consolidará para que el Gobierno vasco tenga esa relación bilateral y única con el Ejecutivo de España. Los nacionalistas tienen subrayado en rojo la ficha 27 del Informe sobre actualización de las transferencias pendientes de noviembre de 2024 porque en ella se reclama «la gestión del régimen económico de la Seguridad Social».
Euskadi tiene ya su "comisión bilateral" y más poder económico
UN PALACETE EN PARÍS. Pedro Sánchez encubrió el penúltimo detalle hacia el PNV cuando el pasado lunes 23 de diciembre aprobó el real decreto-ley 9/2024. Un texto de 140 páginas que fue publicado por el BOE el día de Nochebuena y que incorporaba la relación de «medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte, y de Seguridad Social, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social». En la página 111, del decreto, Sánchez -disfrazado de Olentzero (el carbonero vasco que entrega los regalos)- cedía la titularidad de un edificio señorial en el centro de París al PNV. Una «devolución» del patrimonio incautado, según el partido de Ortuzar, que algunos historiadores cuestionan al entender que el edificio de la avenida Marceau debería ser del Gobierno vasco. La premura en la cesión ha dejado en el aire cuánto pagará el Instituto Cervantes de alquiler al PNV a partir de mañana 1 de enero.
LA PELOTA NACIONALISTA. Pedro Sánchez se comprometió a «abrir cauces para promover la representación internacional de Euskadi» en 2019 y en noviembre de 2022 aceptó la enmienda del PNV para abrir la puerta a las selecciones nacionales vascas. El pasado Día de los Inocentes y en una controvertida reunión de la Federación Internacional, el PNV logró otro «hito histórico».