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Mientras Canarias sigue acumulando récords de llegadas irregulares de migrantes y mientras sus centros de acogida siguen desbordados, la reforma legal para desbloquear esta crisis humanitaria continúa enquistada. El Ejecutivo nacional insiste en reformar la Ley de Extranjería de manera estructural, para establecer un nuevo marco automático de distribución de los menores migrantes sin acompañar que se hacinen en Canarias y Ceuta, cosa para la que no cuenta con los apoyos suficientes: Junts se niega categóricamente. Mientras tanto, el Gobierno canario sí dice tener ya el visto bueno de los socios del PSOE a una solución «extraordinaria» y «puntual», pero efectiva... que, sin embargo, el Gobierno desoye, hoy por hoy.
Hay dos decretos-ley sobre la mesa, uno elaborado por el Ejecutivo canario y otro capitaneado por el Ministerio de Migraciones, pero que lleva la firma de otros cuatro ministerios: Justicia, Interior, Exteriores y Política Territorial. La clave es que el primer decreto se podría convalidar en el Congreso y el segundo, no.
EL MUNDO ha accedido tanto al nuevo proyecto de real decreto-ley del Ejecutivo nacional como al borrador de real decreto-ley elaborado por el Gobierno de Canarias para la derivación «extraordinaria» de los menores migrantes sin acompañar. Este último propone «la redistribución territorial extraordinaria de 4.000 menores extranjeros no acompañados que se encuentren en Canarias y 500 menores extranjeros no acompañados que se encuentren en Ceuta». ¿Cómo? Teniendo en cuenta cuatro criterios: población total, acogidas medias por cada 100.000 habitantes en los seis últimos meses, el PIB regional y una variable de «desempleo y solidaridad» que pondere las acogidas de menores migrantes en cada comunidad en los últimos cinco años.
Bildu, ERC y el PNV apoyan el decreto puntual de Fernando Clavijo, según fuentes del Ejecutivo de las Islas. El apoyo de los nacionalistas vascos es total. De hecho, el presidente insular y el lehendakari Imanol Pradales les mandaron ayer a los demás líderes autonómicos una propuesta para crear un Plan Estratégico de Migración que acarree «un reparto equilibrado, coordinado y justo entre las comunidades autónomas». Y para considerar a Euskadi como Frontera Norte del Estado, dándole acceso a más fondos.
¿Y Junts, que es la clave para decantar las mayorías en el Congreso? La formación de Carles Puigdemont también ve aceptable la fórmula canaria, mientras rechaza de manera categórica la solución «estructural» del Ejecutivo nacional. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, habló con la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, y asegura que ésta le dio su ok a una distribución aislada, como solución coyuntural a la crisis actual.
Clavijo asegura tener el «ok» de Miriam Nogueras a su propuesta
El Ejecutivo nacional ha tenido por ahora menos suerte con su socio independentista, que se cierra en banda contra la solución estructural. La ministra Elma Saiz le ha enviado a Junts su texto para desbloquear la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería y que, a partir de ahora, siempre que una comunidad se vea desbordada por una crisis migratoria, se active una distribución automática de los menores migrantes llegados sin acompañamiento familiar.
La respuesta de los independentistas catalanes es un «no» rotundo, según las fuentes parlamentarias consultadas. El partido de Puigdemont se niega a bendecir una solución perenne, por la cual algunas decisiones sobre su sistema de acogida serían automáticamente exógenas a la Generalitat en todas las crisis migratorias. Justo en un momento en el que los independentistas reclaman la transferencia completa de las competencias migratorias a Cataluña, su negativa es inamovible, aseguran las fuentes.
Junts, que ya votó en contra de la admisión a trámite de la reforma de la Ley de Extranjería en julio de 2024, se niega ahora a cambiarla por la vía del decreto. Hay que recordar que, en julio, el Gobierno de Pedro Sánchez tenía preparado, por si acaso, otro borrador de decreto -con un texto diferente, ahora pulido y ampliado sobre todo en los relativo a la capacidad de acogida ordinaria de cada CCAA-, pero no lo aprobó al constatar que no contaría con los votos suficientes para convalidarlo después.
De manera que la pelota ahora está en el tejado del Gobierno. En concreto, en el del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que pilota las negociaciones. Hay que recordar que fue presidente de Canarias.
El Gobierno de las Islas acusa a Torres de «despreciar a Canarias»
Ahora le toca a él decidir si se conforma con la solución «extraordinaria» de Clavijo o sigue presionando al PP. El líder nacionalista canario le envió su propuesta el 18 de diciembre, y el ministro se comprometió a responderle antes del día 31, cosa que ha incumplido. De ahí que el Ejecutivo regional acuse a Torres de «despreciar a Canarias» por desoír su plan justo en una semana en la que han llegado 2.000 personas más a sus costas. Según fuentes del Gobierno insular, Torres pidió unos días para solicitar «informes», pero luego ha cargado contra la medida «en los medios» antes siquiera de contestarles a ellos.
Ayer, en una entrevista en la Ser, el ministro criticó que la propuesta de Clavijo «cambia absolutamente todo lo que llevamos trabajando durante un año» sobre la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Y aseguró que si Junts apoya esa propuesta, «que nos los manifieste Junts, que no lo ha hecho hasta ahora».
El enredo negociador ha adquirido tintes de trabalenguas justo cuando se conocen los datos definitivos de la llegada irregular de migrantes a España en 2024, a sólo 328 del tope registrado en 2018. Y con Canarias destrozando su récord anual con 46.843 casos, 7.000 más que el anterior tope, registrado precisamente en 2023.
Esta tensión afecta también, y de lleno, al PP. Mientras que los populares canarios apoyan el cambio normativo, la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo no lo hace, porque no está dispuesta a ceder en ninguna de sus exigencias. Y Vox condiciona los presupuestos de seis autonomías populares a que ninguna región ayude a Canarias acogiendo a un solo menor.
Pero la clave de todo ya no es el qué, sino el cómo. O sea: con qué decreto.