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Considera Vox que el traspaso del palacete de París al PNV representa una "usurpación ilegal e ilegítima de un bien inmueble del Estado" y, en consecuencia, el partido aboga por seguir protestando contra esa entrega por todos los cauces. El último: dirigirse directamente a los actores involucrados para exigir que se revierta el cambio de titularidad.
En el marco de su ofensiva jurídico-política contra este traspaso, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha remitido en las últimas horas cartas al PNV, a la vicepresidenta María Jesús Montero, al director general de Patrimonio y al Instituto Cervantes solicitando la puesta en marcha de las "acciones precisas" para que la propiedad del inmueble parisino vuelva al Estado.
En primer lugar, Abascal se ha dirigido al presidente del PNV, Andoni Ortuzar. En la misiva enviada, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, afirma que la entrega del palacete a los jeltzales -que lo reclamaban como propio tras ser antigua sede del Gobierno vasco en el exilio- es "ilegítima, fraudulenta, caprichosa, desviada y arbitraria" y, así, exige a los nacionalistas que procuren "el inmediato reintegro de la titularidad estatal del dicho inmueble sito en París".
El texto firmado por Abascal señala que espera que el PNV restituya la propiedad del palacete "voluntariamente" y fija un plazo máximo para ello: "24 horas a contar de la recepción" de la carta. Si en ese tiempo los jeltzales no facilitan la devolución de la titularidad del inmueble a la Administración General del Estado, Vox advierte que "depurará ante la autoridad judicial competente todas las responsabilidades".
El partido ya presentó el lunes una querella contra el Consejo de Ministros, al que acusa de los delitos de prevaricación, malversación y financiación ilícita de partidos por la entrega del inmueble al PNV. Además, por la vía política, los de Abascal registraron sendas proposiciones no de ley en Congreso y Senado para pedir que se "revierta" el cambio de titularidad y solicitaron varias comparecencias en la Cámara Alta.
Ahora, a ello suman requerimientos dirigidos a la ministra de Hacienda y al director general del Patrimonio del Estado -dependiente de esa cartera-. En la carta que ha enviado a María Jesús Montero, el líder de Vox le pide que "asegure, por sí o a través de los órganos competentes", que el palacete vuelve a ser propiedad nacional. Critica en la misiva Abascal que la transmisión se haya producido "en la más absoluta opacidad" y, en consecuencia, exige que en un plazo de 24 horas se le remita el "expediente completo de enajenación" y el "expediente de reintegro de la titularidad del inmueble". En los mismos términos se dirige al máximo responsable de Patrimonio y, en ambos casos, añade que se reserva "cualquier acción que proceda en Derecho" si no se materializa la devolución de inmueble -algo que Vox ve como una falta al "cumplimiento de sus deberes legales en defensa del Patrimonio"-.
El traspaso del palacete de París al PNV se ha producido en virtud de la disposición adicional segunda del decreto ómnibus que PP, Vox y Junts derogaron la semana pasada. Sin embargo, dado que el texto estuvo casi un mes en vigor -desde que lo aprobó el Consejo de Ministros hasta que lo rechazó el Congreso-, los jeltzales pudieron inscribir el inmueble a su nombre. Vox pide ahora la reversión de esa entrega acogiéndose a que el decreto decayó en la Cámara Baja, aunque en el nuevo texto que aprobó ayer el Gobierno vuelve a incluirse la misma disposición -y, previsiblemente, esta vez sí obtendrá el visto bueno de la mayoría de los diputados, aunque Vox se mantiene en el no-.
En el decreto, además del traspaso de la titularidad, se recoge que el Estado pagará una "renta de mercado" al PNV por seguir albergando allí instalaciones del Instituto Cervantes. Es por ello que, en una cuarta carta, Abascal se dirige al presidente del Consejo de Administración de este organismo para solicitarle "que no realice pago de arrendamiento alguno [...] al PNV" y le advierte que, "de hacerlo, será responsable criminalmente".
La petición de que no se abone la "renta" Vox la hace extensible a Montero y al director de Patrimonio, instándoles a "cursar las instrucciones oportunas" para que no se proceda al pago pues, considera, el palacete debe ser de "titularidad estatal".