- Tribunales Conde-Pumpido anticipa en un acto público que prevé sentenciar sobre la amnistía "antes del verano"
- Justicia Guerra de informes en el TC por los ERE: el encargado por Pumpido concluye que "la prudencia impide actuar en la tesitura abierta por la Audiencia de Sevilla"
Las posturas discrepantes en el Tribunal Constitucional sobre si es conveniente responder a la Audiencia Provincial de Sevilla en su intención de llevar el caso de los ERE a Europa se visibilizaron en el Pleno celebrado ayer. Esta circunstancia aleja la posibilidad de pactar una respuesta consensuada por parte del órgano que preside Cándido Conde-Pumpido, en defensa del tribunal.
Según informan fuentes jurídicas a EL MUNDO, ayer se comenzó a debatir sobre si es procedente emitir algún tipo de respuesta ante la previsión de que, en fase de ejecución de sus sentencias, haya jueces españoles que decidan acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La realidad es que la doctrina europea no pone ningún obstáculo para que así sea.
Conde-Pumpido comenzó explicando que era necesario deliberar sobre esta cuestión al tratarse de un asunto importante que afecta a la jurisdicción del tribunal. El tono del presidente en ese momento fue más conciliador que el empleado hace dos semanas cuando dijo que los jueces del caso ERE se habían declarado en "rebeldía", según indican fuentes jurídicas consultadas. Además, lamentó las filtraciones en medios de comunicación de los informes de los letrados sobre la cuestión prejudicial y su alcance. Acto seguido, el presidente dijo que quería escuchar las opiniones del resto de magistrados.
Después intervino, la magistrada María Luisa Balaguer, quien propuso aprobar de forma consensuada una declaración institucional donde se defendiera el papel del TC en el ordenamiento jurídico. Esta idea fue apoyada por los también magistrados del sector progresista Ramón Saéz e Inmaculada Montalbán -vicepresidenta del órgano- pero no por varios miembros de bloque conservador.
El magistrado Enrique Arnaldo dijo, por ejemplo, que consideraba que el Constitucional no debía hacer en estos momentos nada. Hay informes de letrados que, de hecho, señalan que ésta es la actuación más adecuada: esperar a que el TJUE decida sobre la consulta que previsiblemente elevará la Audiencia de Sevilla.
Por otro lado, Ricardo Enríquez explicó que en ningún caso consideraba aplicable el artículo 92.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), incluido en el orden del día del Pleno y donde se recoge que el tribunal "podrá también declarar la nulidad de cualesquiera resoluciones que contravengan las dictadas en el ejercicio de su jurisdicción, con ocasión de la ejecución de éstas, previa audiencia del Ministerio Fiscal y del órgano que las dictó".
El momento de máxima tensión se vivió cuando la magistrada de este sector Concepción Espejel reprochó al presidente cómo había abordado este asunto, pidiendo documentación a la Audiencia de Sevilla por su cuenta y riesgo y planteándolo cómo una extralimitación del tribunal de los ERE, cuando la doctrina del TJUE ampara su eventual actuación planteando una cuestión prejudicial. Las críticas de Espejel alteraron a Conde-Pumpido y provocaron una agarrada calificada como desagradable por varios de los asistentes.
Por su parte, el Pleno se reanuda hoy sin garantías de que vaya a poder consensuarse declaración institucional alguna.