La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado desde primera hora de este martes la vivienda del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos en Valencia, según avanzaron fuentes de la investigación a EL MUNDO. Junto al domicilio del ex número dos del PSOE, la UCO está registrando constructoras en Navarra presuntamente beneficiadas con amaños de obra pública.
La diligencia de entrada y registro en la vivienda del diputado ha sido acordada por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo, en el marco de una pieza separada secreta. Además del domicilio de Ábalos, los agentes de la UCO también han registrado el local que pertenece al ex ministro y que se ubica debajo de su vivienda. Los registros han finalizado poco antes de las cinco de la tarde.
El registro tiene como objetivo incautarse de documentación relacionada con las adjudicaciones de obra pública que fueron presuntamente amañadas mientras Ábalos fue el titular de Transportes. Los agentes han clonado los dispositivos electrónicos hallados en la vivienda del ex secretario de organización del PSOE y se han incautado de documentación perteneciente al ex ministro. Durante la diligencia, Ábalos ha sido asistido por una letrada de Valencia, indican fuentes jurídicas a este periódico.
En un auto dictado el pasado mes de abril, el instructor Puente ordenó a la UCO investigar tanto la adjudicación de las obras como los rectificados o modificados que aparecían destacados en fluorescente en los documentos aportados por el empresario Víctor de Aldama al Supremo. Aldama aseguró que el ex ministro ha cobrado comisiones de determinadas empresas por el amaño de contratos adjudicados por el Ministerio de Transportes.
Las adjudicaciones a constructoras
El magistrado mandató el pasado 23 de abril a la UCO para que identifique a las empresas que finalmente resultaron adjudicatarias de cada una de esas obras, así como a fiscalizar el procedimiento de adjudicación de estas.
Por su parte, el pasado mes de marzo, el ex director general de Carretera, Javier Herrero, declaró en el Supremo que el listado de obras que Aldama entregó con los supuestos amaños contenía una «mayoría» de adjudicaciones que se llevaron a cabo con el Gobierno del PSOE. Además, Herrero admitió ante el juez ser la persona encargada de aprobar los denominados modificados.
El que fuera mano derecha del presidente Pedro Sánchez está siendo investigado en el Tribunal Supremo por varios delitos de corrupción, entre ellos cohecho, tráfico de influencias y organización criminal.