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El eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, ha asegurado que no destinó a su campaña electoral los 100.000 euros que recibió del empresario de criptomonedas Álvaro Romillo. Solo ha gastado la mitad y fue en "gastos personales".
Así lo ha explicado ante el juez del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar, responsable de la investigación abierta contra él por la posible financiación ilegal de su plataforma Se Acabó la Fiesta (SALF), con la que logró tres escaños en el Parlamento Europeo.
Según fuentes conocedora se la declaración, Alvise ha indicado que cobró los 100.000 euros en efectivo por una charla de media hora sobre "libertad financiera" en el Hipódromo de la Zarzuela, en un acto de promoción de la plataforma del empresario, llamada Madeira Invest Club. El dinero lo recibió de dos empleados del empresario, en un maletín negro con 10 fajos de 10.000 euros cada uno en billetes de 50 y 100 euros. Se lo llevó a casa.
Ha negado haber gastado ese dinero en su campaña, que según él solo le costó 30.000 euros. Por ese motivo no lo reflejó en las cuentas del SALF. Ha añadido que aún tiene a su disposición la mitad de los fondos del empresario. El resto lo gastó, una parte de ello en viajes "personales y profesionales". No ha precisado si los profesionales están vinculados a SALF.
Alvise, que ha declarado durante una hora y solo ha contestado a preguntas de su defensa, ha comparecido voluntariamente en el Supremo, ya que el magistrado instructor aún no cuenta con la autorización del Parlamento europeo para investigar formalmente al aforado.
A continuación ha comparecido el empresario investigado, que ha desmentido lo declarado por Alvise. Así lo ha explicado el propio Romillo a la salida del tribunal: "Se le han dado 100.000 euros a Alvise y él ha testificado que no se los he dado para el uso de la campaña. En todas las conversaciones [con Alvise, que aportó a la Fiscalía], son para el uso de la campaña. No es de ningún evento ni es de ningún pago. Me he ratificado en todo lo que se dijo en la Audiencia Nacional al 100%, no hay ninguna duda".
Ha añadido que su intención al entregar el dinero era que Alvise promocionase Sentinel, una sociedad de Madeira Invest Club, o "cualquier otro servicio relacionado con su futuro puesto de poder". "A nosotros la política nos da igual, nosotros lo que queríamos era ganar dinero", ha explicado.
Además de a la financiación ilegal, en sus resoluciones el juez del Supremo apunta a posibles delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental. La causa tiene su origen en la Audiencia Nacional, donde el juez José Luis Calama mantiene abierta una investigación por la presunta estafa de Madeira Invest Club. Coincidiendo con su quiebra, fue el propio empresario Álvaro Romillo el que se dirigió a la Fiscalía para relatar la entrega de fondos a Alvise, quien según su versión le indicó que eran para la campaña.
La de la financiación es una de la tres causas abiertas contra Alvise en el Supremo. Las otras dos tienen su origen en los mensajes dirigidos en Telegram contra la fiscal delegada de delitos de odio y discriminación de Valencia, Susana Gisbert, y en la difusión en las redes sociales una prueba falsa de Covid del presidente catalán, Salvador Illa.