- Política Las CCAA estallan contra los "privilegios" a Cataluña: "El PSOE rompe la igualdad de todos los españoles. Cualquier progresista de verdad sabe que esto es un atropello"
- Financiación singular El Gobierno entrega a los independentistas una Hacienda catalana para que la Generalitat recaude todos los impuestos y rompe la caja común
El Gobierno ha sacado pecho este martes del acuerdo sellado ayer para oficializar la denominada "financiación singular" de Cataluña. La fórmula, que dotará a esta autonomía de mayores cotas de soberanía fiscal, surge del pacto que firmaron PSC y ERC hace casi un año para investir president a Salvador Illa. Pero en La Moncloa defienden que la cesión de competencias no supone que "vaya a haber ningún privilegio de un territorio sobre otro". Y, para sostener esta tesis, aseguran que el modelo es "extrapolable a cualquier comunidad autónoma".
Así lo ha expuesto la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. Pese al goteo de críticas venido de las comunidades que pertenecen al régimen común de financiación -del PP, y también algunas del PSOE como Castilla-La Mancha-, el Gobierno presume de lo pactado y niega que vaya a perjudicar a la economía del resto de España.
Alegría ha reivindicado que, bajo el mandato de Pedro Sánchez, las autonomías han recibido un 47% más de fondos que durante los gobiernos de Mariano Rajoy y, con este argumento, ha contestado a las críticas de los barones populares. "Como para el PP todos los días rompemos España, fíjate cómo la rompemos que estamos financiándola cada día más y mejor". Sobre los reproches del socialista Emiliano García-Page, la ministra no se ha pronunciado específicamente, sino que se ha limitado a calificarlos de "respetables y legítimos".
Alegría, que ha comparecido acompañada por la vicepresidenta Yolanda Díaz y los ministros Óscar López y Pablo Bustinduy, ha garantizado que el acuerdo sellado con Cataluña "recoge los principios que siempre ha defendido este Gobierno". Y los ha enumerado: "suficiencia financiera (que todas las CCAA reciban más recursos), solidaridad y corresponsabilidad fiscal". La ministra portavoz ha mencionado uno más, la bilateralidad, que ha asegurado que es "absolutamente compatible con la multilateralidad que hemos defendido".
Sin embargo, y pese a que se ha referido a esta sucesión de principios hasta en dos ocasiones, Alegría no ha mencionado en ningún caso el principio de ordinalidad, que la Generalitat sí "garantiza" que también queda recogido en el acuerdo firmado.
Este principio es un tope a la solidaridad con la que funciona el sistema de financiación autonómico: busca impedir que las regiones que más aportan a la 'caja común' reciban menos fondos por habitante que otras CCAA que contribuyen en menor medida.
El principio de ordinalidad quedaba recogido en el acuerdo de investidura de Illa, pero en el texto sellado ayer solo figura en el preámbulo, y no en el capítulo relativo a lo pactado. Fuentes del Ejecutivo señalan que no forma parte de lo negociado ayer -"es un planteamiento de la Generalitat"-, aunque desde el Govern sostienen que sí queda garantizado en el documento. Aclarar esto es clave para saber cómo funcionará el nuevo sistema de financiación al que pretende acogerse Cataluña.
La amnistía, a examen en Europa
Los magistrados del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) han empezado este martes la deliberación sobre las cuestiones prejudiciales planteadas por tribunales españoles cuestionando la Ley de Amnistía. En el marco de este debate, la Comisión Europea ha puesto en duda esta mañana la finalidad de la norma de perdón: "No parece que la Ley Orgánica de Amnistía responda a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España".
Pilar Alegría ha respondido a esta afirmación apuntando que tanto la Comisión de Venecia como el Tribunal Constitucional concluyeron que la Ley de Amnistía responde a "un fin legítimo". Además, ha sostenido que la posición del Gobierno coincide en dos aspectos con la que traslada la Comisión en su informe: que la norma "no contraviene la directiva contra el terrorismo ni afecta a los intereses financieros de la UE".