El juzgado de instrucción 2 de Tarragona ha imputado al ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (PP) y a su anterior equipo en el ministerio por presuntamente aprovecharse de su cargo para aprobar diversas modificaciones legislativas que favorecían a empresas fabricantes de gases industriales a cambio de beneficios económicos. Según el auto, todas las sociedades eran clientes de un despacho de abogados -Equipo Económico (EE)- que había fundado él antes de entrar en el Gobierno de Mariano Rajoy.
El titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, ha levantado el secreto de sumario de la causa siete años después, y ha notificado formalmente la imputación a Montoro y a la ex cúpula del Ministerio de Hacienda. A raíz de la investigación realizada, el magistrado constata «la existencia de una organización, en la que muchos de los intervinientes habrían desempañado altos cargos en el Gobierno y la Administración Central, desde donde habrían ido creando una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico». El magistrado sostiene que los pagos recibidos por las gasistas entre 2011 y 2019 al despacho Equipo Económico «alcanzan los 779.705 euros».
En la «trama» están involucradas 28 personas y seis sociedades por la presunta comisión de siete delitos: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
En concreto y al margen de Montoro, están investigados Miguel Ferré Navarrete (secretario de Estado de Hacienda entre 2011 y 2016 y nombrado por el ex ministro del PP), Pilar Platero Sanz (subsecretaria de Estado de Presupuestos y Gastos entre 2011 y 2016, también nombrada a propuesta de Montoro), Felipe Martínez Rico (subsecretario de Hacienda y Función Pública), Diego Martín-Abril (director general de Tributos), entre otros. Junto a ellos, también están investigados las empresas y los máximos responsables de Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair, Sociedad Española de Carburos Metálicos, todas ellas englobadas en la AFGIM, y los principales responsables del despacho Equipo Económico, del que Montoro fue consejero.
Justo a última hora, Equipo Económico ha emitido un comunicado y ha negado «de forma tajante y rotunda» haber pertenecido a «ninguna organización o trama encaminada a obtener modificaciones legislativas favorables» y subrayó que Montoro «dejó el despacho a comienzos de 2008 y desde entonces ha permanecido completamente desvinculado de la firma». También se puso a «plena disposición del juzgado competente para esclarecer los hechos».
Según sostiene el magistrado en el auto, el modus operandi habría sido el siguiente: las empresas gasistas que buscaban una modificación legislativa de su interés debían pasar por Equipo Económico (EE), un despacho que, a cambio de «importantes pagos» y con un «presunto abuso del ejercicio de la función pública», conseguía que en poco tiempo se materializasen esos cambios. Así y según se constata en el auto, en al menos dos ocasiones las compañías englobadas en la AFGIM -que agrupa a productores de gases industriales, medicinales o paraalimentación- habrían contratado al despacho de «a fin de que hiciese uso de su red de influencias con el fin de que se llevasen a cabo reformas legislativas en consonancia con sus pretensiones». La primera vez fue a lo largo de 2013 para obtener una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad.
La segunda hace referencia a una rebaja fiscal a las gasistas de 2018 que «sólo con la intervención de EE, mediando pago, [las empresas gasistas] culminaron con éxito». «Todo ello apunta a que el pago realizado a EE no obedecería a una prestación real, sino que encubriría una comisión para el ejercicio de su influencia y así lograr la reforma legislativa a su favor», señala el juez en el auto.
También subraya que las empresas a su vez pagaron a la consultara EY para que hiciera los informes técnicos para entregar a Hacienda.
Montoro fue "socio, fundador, presidente y consejero" del despacho Equipo Económico (EE) hasta abril de 2008 y "ocupó el cargo de ministro de Hacienda en los años en los que se tramitaron las normas de referencia, ejerciendo las más altas funciones y competencias decisivas en dicha tramitación", indica el juez en el auto.