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Una vez más, la oposición de Vox al Gobierno se materializa por el cauce judicial: el partido de Santiago Abascal denunciará al Ministerio de Asuntos Exteriores por malversación después de que el departamento que dirige José Manuel Albares admitiera haber pagado los billetes de avión de los 21 españoles de la Flotilla que regresaron ayer a Madrid y Barcelona. El Ministerio dijo hacerse cargo de este gasto para "agilizar la salida" de estas personas de Israel, donde llevaban detenidas desde el pasado jueves.
"Cuando hablan de que 'Exteriores ha pagado [los billetes de avión]', lo que quieren decir es que Exteriores ha usado el dinero de los españoles" con ese fin, ha criticado este lunes el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, que ha acusado a los integrantes de los barcos que llevaban ayuda humanitaria a Gaza de ser unos "exhibicionistas" y de "pegarse tremendo crucero de bailoteo por las islas del Mediterráneo".
El líder del partido, Santiago Abascal, ya avanzó este reproche ayer, a través de sus redes sociales: "Exteriores no lo ha pagado [el billete]. Lo han pagado los autónomos y trabajadores españoles, víctimas de unos impuestos abusivos y que se emplean en porquerías ideológicas", escribió en su perfil de la red X.
Así, a juicio de Vox, los activistas de la Flotilla "deberían haber pagado de su bolsillo" el vuelo de regreso a España. "Cuando uno va a lo que va tiene que tener previsto los medios de vuelta", ha reprochado el portavoz del partido, para señalar que la decisión de Exteriores de pagarles los billetes es un "uso impropio del dinero".
Vox, por el momento, va a presentar una denuncia contra el Gobierno por este motivo. Sin embargo, el partido no descarta que esta termine convirtiéndose en un querella en el futuro -lo que supondría que el partido sería parte interviniente en el proceso judicial, de abrirse-. La formación de Abascal se acoge a lo estipulado en el artículo 432 del Código Penal para pedir "que se investigue" si Exteriores pudo incurrir en un delito de malversación.
El Código Penal establece penas de prisión de dos a seis años e inhabilitaciones para cargos públicos para aquella "autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, se apropiare o consintiere que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio público que tenga a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas". Esto es lo que Vox considera que se habría producido al pagar el Ministerio de Exteriores el billete de avión de los activistas.
Vox también ha anunciado que se querellará contra el Ejecutivo por "la interrupción violenta, alentada, promovida y consentida por el Gobierno" de La Vuelta, a la vista de lo sucedido en la última etapa en Madrid -las manifestaciones propalestinas obligaron a poner fin a la competición a falta de 50 kilómetros para la meta-. A juicio del partido de Abascal, Pedro Sánchez "echó a sus hordas a reventar" este acontecimiento deportivo.