El Gobierno activa el freno al 'boom' de las universidades privadas en contra del criterio de Economía, Trabajo y la CNMC

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un decreto para "endurecer" con más exigencias la creación y el reconocimiento de universidades. Una medida que, en la práctica, va a frenar el boom de nuevos campus privados que se han venido multiplicando "sin precedentes" en los últimos años hasta el punto de que ya casi son más numerosos que los públicos. La última versión del texto incluye algunos cambios que flexibilizan e incluso suavizan los requisitos inicialmente establecidos, pero no cambia cuestiones a las que se oponen los ministerios de Economía y Trabajo y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como la obligación de que al menos el 75% del profesorado de los centros universitarios online tenga que residir en España o en otro país de la UE.

Esta condición podría vulnerar la libre circulación de trabajadores y la libertad de prestación de servicios, según el dictamen del Consejo de Estado sobre el decreto adelantado por Abc. Además de considerar que el lugar de residencia no es sinónimo de calidad académica, los citados organismos consideran que este criterio carece de justificación objetiva y podría ser impugnado en los tribunales. El Gobierno considera, por el contrario, que esta medida sirve para "impedir que una universidad se instale en España pero funcione en otro país" y para garantizar que las prácticas se realicen de forma correcta.

Tampoco han cambiado medidas igualmente polémicas, como la exigencia de disponer de plazas de alojamiento para el 10% de los estudiantes; tener un aval económico equivalente al presupuesto de la universidad en el tercer año de función; lograr el 2% de los fondos en concursos competitivos; que haya al menos 4.500 estudiantes en cada campus o que exista una oferta de al menos 10 títulos de grado, seis de máster y tres de doctorado de al menos tres ramas de conocimiento, cuestiones que hacen muy difícil crear nuevos centros e incluso mantener pequeños campus actuales. Todos los campus -tanto los privados como los públicos, los nuevos como los antiguos- tendrán que adaptarse a estas condiciones en un plazo de tres años, que en las de creación reciente se extiende a cinco años.

Experiencia en gestión

Sí han cambiado dos cuestiones que el Consejo de Estado consideraba esenciales en su dictamen. La primera es que se ha rebajado la exigencia de tener experiencia contrastada en gestión universitaria para poder crear una nueva universidad. Ya no se pedirá a la entidad promotora, como se hacía en la versión anterior del proyecto de decreto, pero sí se reclamará al equipo de gestión. Es decir, si el campus pertenece a un fondo de inversión, éste no tendrá que tener otros centros educativos, pero su equipo directivo debe proceder de otra universidad y así debe constar en la memoria de justificación del proyecto.

Además, el Gobierno ha hecho caso al Consejo de Estado en otra cuestión esencial: ya no se pedirá un informe preceptivo y vinculante por parte de la Conferencia General de Política Universitaria, donde están representados el Gobierno y las comunidades autónomas, para poder aprobar nuevos títulos. Este informe deja de ser obligatorio; es decir, lo que diga no habrá que tenerlo en cuenta necesariamente. Tampoco será vinculante el informe de la Conferencia General de Política Universitaria para crear un centro adscrito en otra comunidad autónoma, que en el texto de origen sí lo era.

Eso sí, para crear o reconocer nuevas universidades el informe de las agencias de calidad (tanto la estatal Aneca como las autonómicas) seguirá siendo preceptivo y vinculante, como aparecía en versiones anteriores (ahora es preceptivo pero no vinculante). Aquí está el meollo del asunto. Si es desfavorable, no podrá crearse esa universidad que está en proyecto. Si es favorable, el proyecto será evaluado por los técnicos del Ministerio, que emitirán un informe preceptivo pero no vinculante que será elevado a la Conferencia General de Política Universitaria, que informará a favor o en contra y dará traslado a la comunidad autónoma, que en función de todo eso decidirá si sigue adelante.

La decisión, por tanto, dependerá de las agencias de calidad. Esa decisión se tomará en una comisión donde la mayoría del profesorado se elegirá por sorteo nacional entre personal de las universidades españolas con el fin de garantizar la "independencia" del dictamen.

Este decreto modifica otro de 2021 que elaboró el entonces ministro Manuel Castells. No ha recibido ningún voto en contra ni ninguna abstención en el Consejo de Universidades, donde están representadas todas las universidades españolas, pero sí se han opuesto la mayoría de comunidades autónomas, no sólo las del PP, sino las de otros partidos (el PNV en el País Vasco o el PSOE en Castilla-La Mancha).

Cesiones

El decreto se considera por el Gobierno como de "absoluta necesidad" ante "la eclosión de múltiples solicitudes de creación de universidades, algunas discutibles en términos de criterios de calidad", según explican fuentes del Ministerio de Universidades, que recuerdan que la universidad española se define por su potencial docente, pero también por su carga investigadora. "Nos preocupa que nuevas iniciativas de formación virtual quiebren la confianza de los ciudadanos en el modelo universitario", añaden.

Por eso el Gobierno ha decidido que las universidades privadas online de nueva creación pasarán a depender del Estado y no de las comunidades autónomas, como hasta ahora, algo cuestionable desde el punto de vista competencial. Esto no se aplicará a los campus ya existentes y tampoco a los que se creen en territorios donde al menos el 50% de la docencia se imparta en una lengua cooficial o en las que reciban al menos el 20% de la financiación de la administración pública, excepciones realizadas a posteriori para complacer a los partidos nacionalistas y que favorecerán a las nuevas universidades virtuales que se creen en el País Vasco o Cataluña.

Además, se modificará otro real decreto sobre títulos universitarios para que en los diplomas aparezca la modalidad en la que se ha impartido el grado o el máster, si ha sido presencial, híbrido o virtual.

Según el Ministerio, desde 2018 se han emitido 25 informes de creación de universidades; de ellos, 13 han sido desfavorables. De esos 13, las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias, han autorizado cuatro universidades por ley autonómica, a pesar de que los informes eran "en algunos casos significativamente desfavorables", añaden las mismas fuentes. Dos están en Canarias, una en Madrid y otra en Andalucía, según ha detallado Morant.

Ha añadido que, "ahora mismo", hay en tramitación por las CCAA tres proyectos de universidades en Extremadura, uno en Madrid y uno en Galicia "con informes desfavorables de calidad que no han querido trasladar a la decisión de creación". Por otro lado, el pasado 8 de septiembre se aprobaron cuatro informes: tres desfavorables (dos en Madrid y uno en Canarias) y otro desfavorable pero con condiciones que pueden ser favorables (Extremadura).

"Estancamiento" de lo público

"Desde 2005 se han creado 24 nuevas universidades privadas y ninguna pública. Tenemos 50 universidades públicas y 46 privadas y no paran de llegar nuevos proyectos para crear nuevas universidades públicas", ha defendido en rueda de prensa la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, que ha añadido que están creciendo mucho los nuevos alumnos (1,9 millones de estudiantes, un 21% más que hace 10 años), pero ese aumento lo absorben "prácticamente en exclusiva" las universidades privadas, mientras que hay un "estancamiento" en las públicas. El 30% del estudiantado está ya en la privada, el doble que en Alemania.

El crecimiento en las privadas es especialmente "intenso" en las titulaciones de alta demanda, como las carreras de Ciencias de la Salud, o en los títulos habilitantes. Un tercio de los grados de Ciencias de la Salud se presta por la universidad privada y el 62% de los máster de esta rama se realiza en estos campus. "Esto ocurre no porque los alumnos quieran ir a la privada, sino porque no las públicas sólo pueden ofrecer un número limitado de plazas debido a la infrafinanciación de las comunidades autónomas", ha explicado Morant, antes de instar a las CCAA a "financiar de manera educada" a sus campus públicos.

El decreto hoy aprobado, que entrará en vigor dentro de 20 días, constata que el que se hizo en 2021 por el mismo Gobierno no ha servido de mucho. ¿Por qué? "Lo que hicimos fue un decreto en 2021 y hoy lo reforzamos incrementando las exigencias. Ese decreto las CCAA se lo han saltado a la torera", ha respondido Morant, que ha admitido que el error estuvo en no obligar a las CCAA a aceptar como obligatorio el informe de la agencia de calidad Aneca. "Si después no obligamos a las CCAA a que tengan en cuenta esa acreditación de calidad, ahí se acaba el trámite. Ahora mismo el informe era preceptivo: lo emitía el Ministerio de Ciencia, se sometía al Consejo General de Política Universitaria y, aun siendo desfavorable, las CCAA lo guardaban en un cajón y aprobaban la universidad igualmente. Ahora se hace vinculante".