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El domingo 16 de noviembre pasado, cuando la causa por revelación de secretos contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, estaba ya vista para sentencia, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, denunciaba que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había usado contra él "informes recortados en unas partes". Es decir: los agentes habían manipulado la información por una presunta inquina contra él.
No se quedaba ahí: los guardias, además, "sólo" habían "investigado" a García Ortiz, abundaba López, aunque muchas más personas habían podido tener acceso al famoso 'email' filtrado. Era una persecución.
"No se ha investigado a las cientos de personas que podían tener acceso a ese mail, sólo a una", repetía Patxi López.
A la voz de ya, distintos medios de comunicación convergían con las palabras de López en torno a un juicio que, por tener en su epicentro una filtración que ahora se ha sentenciado como deliberada e interesada, ha tocado al propio periodismo de lleno.
En alguno de estos medios se cifraban en nada menos que 400 las personas que habían podido tener acceso al email de la discordia, del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, a Fiscalía. ¿Por qué, entonces, se perseguía "sólo" a García Ortiz?
López repetía en ese punto algunos de los argumentos del abogado del Estado de la causa, José Ignacio Ocio, quien durante la fase oral había puesto en duda tanto, obviamente, la autoría de García Ortiz en cuanto a la filtración -la postura tanto de Abogacía como de Fiscalía fue absolutoria-, como, no tan comprensiblemente, la manera de la UCO de gestionar el material probatorio.
En realidad, aunque Ocio repitió tanto en la vista previa -donde se centra lo que es objeto de procedimiento- como en la propia fase oral dudas sobre cómo se habían recogido los audios, estos fueron gestionados de forma exquisitamente garantista por los guardias civiles, que sabían muy bien hasta qué punto el material que manejaban era delicado.
Lo cuentan a EL MUNDO fuentes de la investigación, que refieren el pasmo y la estupefacción que ha causado en el Instituto Armado, y más en concreto en la propia UCO, el uso tanto por parte de Abogacía del Estado como del entorno del Gobierno de procedimientos muy reglados para cuya legalidad, además, se establecieron garantías absolutas.
El propio perito de Delitos Telemáticos de la UCO explicó en la causa cómo se recogieron los audios, "de la forma en que siempre se hace". Incluso con precauciones de más, con la venda antes de la herida. Para empezar, en el propio registro en que los agentes se incautaron de ellos estuvo presente una fiscal, algo insólito en este tipo de actos.
El auto en que el juez solicitaba la acción, además, ordenaba hacerlo, textualmente, "total o parcialmente", pero los agentes lo ejecutaron con todo el cuidado. Se realizó, como es habitual, una copia indubitada de los volcados totales, y dicha copia, intacta, fue remitida al juez instructor del Supremo.
"El volcado se hizo mayor de lo que era porque así se solicita que se haga", explicó el perito de la Benemérita. Sobre esa copia indubitada se realizó luego, por parte de la sala, el expurgo, en el que se retiran datos que no tienen que ver con lo investigado. Y con el resultado de ese expurgo es con lo que trabajó la UCO.
Lo que no evitó, como se ha comentado, que desde la defensa 'institucional' de García Ortiz se pusieran en duda la veracidad e integridad de los documentos sonoros.
De hecho, tanto López como los medios en favor del Fiscal General esgrimieron una presunta prueba de dicha manipulación que era, finalmente, una manipulación en sí misma.
Abogacía General del Estado defendió en sala que la prueba de que el sentido de los audios se habían distorsionado era que se había recortado una conversación entre Diego Villafañe, teniente fiscal de García Ortiz, y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez.
En ella, en la página 17 del informe de la UCO sobre la causa, Villafañe le decía a Rodríguez: "Cuídate mucho, que ya te digo que te vamos a necesitar a tope". Ella contestaba: "Ay, en qué estarás pensando". Y Villafañe devolvía: "Todo bueno".
Según Abogacía, la prueba de la manipulación era que en realidad se referían a una operación oftalmológica que había sufrido Rodríguez. Ese dato, por sí solo, podía poner en duda toda la recogida de audios, o al menos extender la duda razonable que llevara a anularlos, defendían.
En realidad, explica en Guardia Civil, la maniobra era tan burda que en el propio informe de la UCO se mencionaba que la conversación arrancaba de un problema médico de Rodríguez, que obviamente los propios agentes habían expurgado del material que incluían en su informe al juez, por tratarse de datos que afectaban a su intimidad.
Pero no se había cortado todo porque, mantienen, la referencia a ese "te vamos a necesitar a tope" llevaba implícito el tono de una promesa: un posible ascenso para Rodríguez si los nubarrones sobre la ejecutoria de García Ortiz terminaban despejándose, para lo que su apoyo a lo largo del procedimiento -llegó a estar imputada- era esencial.
También ha dolido en la Guardia Civil, que aportó con el testimonio del teniente coronel Antonio Balas una de las pruebas más contundentes contra García Ortiz -"se veía que tenía dominio absoluto", dijo de él-, que se argumentara contra su papel en la causa que fueron ellos quienes orientaran la acusación al Fiscal General.
"Se investigó a todo el mundo, uno tras otro, pero el descarte fue evidente y lo hizo quien tenía que hacerlo: el juez", defienden.
En realidad, durante el procedimiento quedó meridianamente claro que sólo García Ortiz tenía la autoridad en Fiscalía para filtrar el documento, un hecho apoyado por la nota emitida posteriormente y por las declaraciones de los testigos aledaños, tanto el responsable de Prensa Íñigo Corral, como la fiscal superior madrileña, Adriana Lastra.
De remate, los agentes han tenido que escuchar durante estas semanas, en una avalancha político/mediática, que a quien no estaban investigando aunque tenían el mandato real de hacerlo era al propio Alberto González Amador.
En efecto, la juez de Instrucción 19 de Madrid designó el pasado 27 de junio a la UCO como cuerpo de policía judicial que debía investigar si, además de fraude fiscal y falsedad documental, la pareja de Ayuso pudo incurrir en corrupción en los negocios.
Sin embargo, como ha podido saber EL MUNDO, y aunque la Guardia Civil lleva todos estos meses solicitando las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento, dicho trámite sólo se ha realizado por parte del juzgado ahora, con fecha de 8 de noviembre. Lo que, como es habitual, ha desencadenado el inicio de las actuaciones por parte del cuerpo.
En realidad, incluso para una unidad acostumbrada a trabajar en el filo, la UCO ha tenido que redoblar esfuerzos para no abrir brechas dentro del propio Estado investigando a García Ortiz, tan defendido por el Gobierno y su entorno que no se ha dudado incluso en atacarles a ellos y al Poder Judicial para evitar una condena, finalmente, palmaria.
Con equilibrios, a veces, quizás casuales. A la vez que se hacía público el martes pasado el informe de la Unidad sobre Santos Cerdán, cimentando sus ganancias gracias a las mordidas millonarias, sus propios agentes detenían al presidente de la Diputación de Almería (PP) por fraude en la compra de mascarillas. En los telediarios de aquel día Pedro Sánchez pudo al menos usar una carta de defensa, y se la otorgó también la UCO.