Sánchez expone al colapso la revalorización de las pensiones pese a repetir el ardid del decreto ómnibus

El Gobierno se asoma a su primera gran derrota parlamentaria de 2026. Su real decreto ley para revalorizar las pensiones en un 2,7% está bajo la amenaza de colapsar en el Congreso, y de arrastrar en su caída la subida que percibirían millones de jubilados, por el afán de Pedro Sánchez de colocar esta medida dentro de un paquete indivisible con el que hacer tragar a los grupos otro tipo de propuestas que nada tienen que ver y que generan mucho menos consenso. Así, el Ejecutivo se enfrenta hoy al mismo fantasma del año pasado, cuando un Carles Puigdemont harto de este tipo de tretas llevó a Junts al voto en contra en otro decreto ómnibus -como éste- y endosó al presidente una de las peores derrotas de lo que va de legislatura, dejando al desnudo su debilidad y marcando una tendencia que luego se repitió otras muchas veces.

Lejos de aprender de aquello, el Gobierno persiste en la argucia del ómnibus. Sabe que los decretos se convalidan en el Congreso como un todo o nada. Es decir, que los asuntos que lleva el texto, por muy dispares que sean, no se puede separar en votaciones distintas. Y que, de esta forma, la presión social de subir las pensiones tiene la suficiente fuerza como para arrastrar los votos de los grupos para sacar adelante otro tipo de medidas que, de otra forma, tendrían mucho más difícil aprobarse, como es la suspensión de los desahucios por impagos del alquiler a las familias vulnerables sin una alternativa habitacional.

Esta prohibición de echar a los inquilinos está dentro de este decreto ómnibus y es el principal detonante de la posición crítica de Junts, que se rebela contra lo que tacha de «chantaje», y que se resume en que para subir las pensiones, hay que aprobar también esto. Los de Puigdemont, igual que el PP, exigen un decreto propio que se ciña específicamente a los pensionistas. Lo que los populares llaman un «decreto limpio». Sin asuntos ajenos. El PP denuncia que se está utilizando a los pensionistas como «rehenes».

Por ahí fue ayer la portavoz de Junts en Congreso, Míriam Nogueras. «La revalorización de las pensiones es una cuestión de justicia social y no puede quedar secuestrada por decretos ley que mezclan medidas que no tienen nada que ver», dijo. Desde su formación se zanja que «no se puede aprovechar para introducir medidas que castigan a pequeños propietarios y que complican el mercado de la vivienda». Junts presentó ayer una proposición de ley para revalorizar las pensiones, como el que se prepara para la batalla por el relato que su «no» desencadenaría.

Así, Sánchez se la juega hoy en este tema, a la espera de que Junts clarifique si se sitúa con PP y Vox para tumbar el ómnibus. Además de esto, el Gobierno tiene otro examen en el Congreso. También se vota la convalidación de un segundo real decreto ley para prorrogar las bonificaciones vigentes al transporte, y por las que los pasajeros de trenes y autobuses están pagando mucho menos. Ya sea en sus abonos o en viajes puntuales.

Este texto, que a priori podría contar con un gran respaldo, se ha envenenado por la caótica situación que se vive con los trenes. PP y Vox están siendo muy punzantes con la gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente, tanto por las posibles responsabilidades en el accidente de Adamuz, como por las incidencias en Renfe, con singular atención a Cataluña. De nuevo aparece Junts, y no sólo, porque ERC también está enormemente enfadada. Los dos partidos han exigido la dimisión de Puente por los problemas en Rodalies. Hay que esperar a ver si Junts se venga.

El PP no ayudará al Gobierno en ninguno de los decretos. «Suerte con Junts, Pedro», ironizaron a este diario fuentes del PP. «Cuando sus socios le fallen, y le fallaran, no nos busque», rematan. Sucede lo mismo con el de las bonificaciones al transporte. «Lo que urge en transportes no es ese decreto sino el cese del ministro».