Ábalos y Koldo piden que el juicio de las mascarillas sea en la Audiencia Nacional y Anticorrupción se opone

Las defensas del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y de su ex asesor Koldo García consideran que el Tribunal Supremocarece en la actualidad de competencia para juzgarles por la trama de las mascarillas después de que el ex dirigente socialista haya renunciado a su escaño en el Congreso de los Diputados. Así lo han señalado sus letrados en la audiencia preliminar celebrada este jueves ante la Sala que preside el magistrado Andrés Martínez Arrieta.

Por su parte, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, se ha opuesto a tal pretensión ya que Ábalos renunció al escaño después de que se hubiera dictado contra él el auto de apertura de juicio oral. También se ha opuesto a que la vista oral sea celebrada en la Audiencia Nacional la defensa del empresario Víctor de Aldama.

El fiscal jefe ha señalado que desde que se dictó el acuerdo del Pleno de la Sala de lo Penal en el año 2014 la jurisprudencia ha sido "pacífica" al respecto. La competencia del Supremo decae si el aforado renuncia al escaño antes de que se dicte la apertura de juicio oral, pero no después de este acto procesal.

Luzón ha afirmado que sería "descabellado" que el aforado investigado pudiera elegir "a conveniencia" si sigue aforado o cambia de tribunal en el último instante, cuando ya sabe la prueba que se va a practicar, la pena que se le pide, etc. En cuanto a que lo pida también Koldo, lo considera "errático y contradictorio", porque hasta ahora no había pedido eso, sino casi lo contrario: traer al Supremo la investigación que hay en la Audiencia Nacional.

El máximo responsable de Anticorrupción ha concluido diciendo que "la realidad" tras la petición es que se pretende retrasar el juicio, puesto que, si se envía a la Audiencia, habría que esperar a que se terminara la instrucción respecto a otros allí investigados.

Koldo pide la libertad

Por su parte, la letrada de Koldo, Leticia de la Hoz, no ha escondido que el envío a la Audiencia, con el inevitable retraso en el juicio, alejaría el riesgo de fuga que se esgrimió el magistrado del TS Leopoldo Puente para enviar a su cliente a prisión. Por tanto, la abogada ha solicitado su puesta "inmediata" en libertad.

Además, tanto Koldo García como José Luis Ábalos quieren que les juzguen otros magistrados. La abogada del ex asesor ha sostenido que cuatro de los siete miembros del tribunal no deberían celebrar el juicio porque fueron quienes decidieron la apertura de la investigación, algo que habría contaminado su imparcialidad. La misma petición la planteó, sin éxito, el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz respecto al tribunal que le condenó.

Sobre un quinto magistrado, Julián Sánchez Melgar, ha recordado que fue fiscal general elegido por un Gobierno del PP, partido que ejerce la acusación en esta causa. Esa circunstancia refleja una "manifiesta afinidad con una parte en proceso". El fiscal jefe, la acusación popular que coordina el PP y la defensa de Aldama se han opuesto a la recusación. Tras recibir esta petición, la Sala se ha retirado a deliberar y, tras unos minutos, ha comunicado que rechazaba la petición, tanto por no encontrar motivos de fondo como por haberse planteado fuera de plazo.

La defensa de Koldo García ha pedido también al tribunal que acuerde un careo entre su defendido y el también acusado Víctor de Aldama, el empresario acusado que decidió colaborar en la investigación.

La letrada ha solicitado igualmente a los magistrados que acepten que Koldo y Aldama se sometan a una prueba de polígrafo para comprobar la veracidad de sus declaraciones. Se trata de un procedimiento que, aunque no está previsto en la ley, tampoco está vetado, ha dicho.

A lo largo de la mañana se han planteando numerosas cuestiones técnicas en la audiencia preliminar del juicio, cuya celebración ha supuesto la primera salida de prisión de Ábalos y Koldo 77 días después de ingresar en la cárcel de Soto del Real (Madrid). No lo han hecho por voluntad propia: pidieron ser eximidos de asistir y el tribunal se lo denegó.

A Koldo y Ábalos les acompaña Aldama como tercer acusado en el banquillo. Su letrado, José Antonio Choclán, ha negado haber alcanzado un acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal. Lo ha hecho porque previamente la defensa de Koldo había pedido que el tribunal impusiera la exhibición del supuesto pacto.

"No se ha firmado ningún acuerdo opaco con la Fiscalía", ha dicho el abogado, explicando que su cliente se ha acogido a una "norma penal" que prevé la colaboración con la Justicia para poder obtener atenuantes.

También el fiscal jefe ha abordado este punto. "No hay ningún tipo de acuerdo con el señor Aldama. Hay una delcración de Aldama no inducida por el fiscal ni conocida por el fiscal. Cuando Aldama y su letrado decidieron declarar manifestaron lo que vieron oportuno y el fiscal lo supo en ese mismo acto". La colaboración con la Justicia ha supuesto que el fiscal aplique un atenuante a su petición de pena. Tal y como marca la ley, ha resaltado Luzón.

Por su parte, el letrado del PP ha señalado en su turno de palabra que "está aquí la cúpula de una organización criminal", en referencia a Ábalos, Koldo y Aldama a los que se ha referido como "cabecillas" de la trama delictiva. La acusación popular ha defendido que durante la instrucción se ha delimitado los límites de la causa en el Alto Tribunal y que el juicio debe celebrarse en el Supremo.

Además, la imagen del banquillo este jueves ha sido inhabitual, pero cada vez más frecuente: los acusados no se han sentado frente al tribunal, sino detrás de sus abogados, para facilitar así su derecho de defensa. Lo que no cambia es que a los dos presos los custodian dos policías nacionales.

El ex número dos del PSOE y su asesor van a ser juzgados por una larga lista de actuaciones que se traducen en un delito de cohecho continuado. Entre ellas, las adjudicaciones a la empresa Soluciones de Gestión, los enchufes de sus amigas íntimas en distintas empresas públicas, la operación de arrendamiento de un chalé en La Línea de la Concepción (Cádiz) la estancia del ex ministro de un chalé vacacional en Marbella (Málaga), entre otras.

Para Ábalos, Anticorrupción reclama 24 años de prisión, y 19 para Koldo. La petición para Aldama, con menos delitos cometidos y la atenuante de colaboración con la Justicia, es de siete años.

Ha habido cambios de última hora en la composición de la Sala que dictará sentencia. Sale la magistrada Ana Ferrer y entra Susana Polo, que se une así a Andrés Martínez Arrieta (presidente), Manuel Marchena, Andrés Palomo, Eduardo de Porres, Julián Sánchez Melgar y Javier Hernández.