- Interior La Policía mandó a la víctima a trabajar en el mismo edificio del DAO tras la agresión
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El PP implica también al Ministerio de Igualdad en el caso de presunto acoso sexual del Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional. Después de su ofensiva inicial contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el principal partido de la oposición extiende también sus sospechas sobre la ministra Ana Redondo, a la que acusa de no supervisar bien los protocolos y no impulsar medidas suficientes para que casos como éste no pueda volver a pasar.
El martes se conoció que una subordinada del ya dimitido DAO interpuso una querella por presunta agresión sexual, así como por mensajes intimidatorios, llamadas insistentes y posibles coacciones posteriores a los hechos denunciados.
Por eso, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha registrado una batería de 20 preguntas escritas, a las que ha accedido EL MUNDO, en las que reclama toda la información sobre qué hace el Ministerio de Igualdad acerca de los protocolos de prevención del acoso en la Policía. Y si Igualdad pinta algo en la supervisión de lo que se hace en otros ministerios. «La eventual comisión de una agresión sexual en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado plantea interrogantes relevantes sobre la eficacia de los protocolos» y «sobre la coordinación interministerial en materia de protección a las víctimas», asegura el escrito del PP.
La policía asegura en la querella que el máximo mando de la Policía le obligó a masturbarle mientras le tocaba sus partes íntimas. Sucedió, indica el escrito, en abril de 2025 en un piso después de que González la obligara a abandonar su puesto de trabajo en la Comisaría de Coslada para encontrarse con él «aprovechando su situación de superioridad». Este diario ha publicado, además, que la Policía mandó a la víctima a trabajar en el mismo edificio del DAO tras la agresión.
De las 20 preguntas, descuellan cinco. La primera: «¿Tiene el Ministerio de Igualdad competencias de supervisión, evaluación o seguimiento sobre los protocolos de prevención, detección y actuación frente al acoso y las agresiones sexuales en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?». La segunda es muy directa: «¿Ha participado el Ministerio de Igualdad en la elaboración, revisión o actualización de los protocolos aplicables a la Policía Nacional?».
La tercera: «¿Se han mantenido reuniones técnicas o políticas entre ambos ministerios para evaluar posibles mejoras en los protocolos tras conocerse los hechos denunciados?». La cuarta es: «¿Prevé ministerio promover modificaciones normativas para reforzar la protección de las víctimas dentro de instituciones jerarquizadas?».
Y la quinta apunta directamente a la responsabilidad política ex post: «¿Qué están revisando los protocolos actuales a la luz de este caso para garantizar que ninguna víctima quede desprotegida especialmente cuando el presunto agresor ostenta una posición de mando?».
El documento, que lleva la firma de la portavoz parlamentaria Alicia García y de su adjunta Nidia Arévalo, inquiere también sobre el conocimiento de la denuncia, y reclama «protocolos específicos para prevenir coacciones presiones o represalias cuando el presunto agresor ocupa un cargo de máxima responsabilidad operativa».
En paralelo, el Grupo Popular en el Congreso también requiere explicaciones al Ministerio de Igualdad y apela a sus competencias de «supervisión, evaluación o seguimiento de los protocolos de prevención, detección y actuación frente al acoso sexual en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».
Pregunta el GPP si «existen canales de comunicación institucional para asegurar que las víctimas pertenecientes a cuerpos jerarquizados reciban atención integral especializada» o «si ha ofrecido el ministerio asistencia o acompañamiento a la presunta víctima».
Comparecencia
Además, según ha sabido este diario de fuentes de la Cámara Alta, el PP forzará también la comparecencia del ministro Marlaska en la Comisión de Interior del Senado. Al tener la mayoría absoluta, los populares se garantizan la presencia «urgente» del titular de la cartera de Interior. El PP le reclama que informe «sobre sus actuaciones y decisiones en relación con los hechos denunciados en una querella por presunta agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y posible malversación de caudales públicos atribuidos a quien ejercía desde 2018 la máxima autoridad operativa de la Policía Nacional, así como sobre las actuaciones del Ministerio en relación con la protección de la víctima y la preservación de pruebas».
El documento también incluye la solicitud de comparecencia del Director General de la Policía ante la Comisión de Interior del Senado, «para dar cuenta de las actuaciones desarrolladas por la Dirección General en relación con los hechos denunciados y de las medidas adoptadas en el ámbito disciplinario y organizativo».
También desfilará por el Senado el subdirector general de Recursos Humanos de la Policía, «para informar sobre el conocimiento que pudiera haber tenido de los hechos denunciados, las decisiones adoptadas en materia de protección de la víctima y la activación de los protocolos».