El conselleiro de Hacienda y Administración Pública, Miguel Corgos, presentó hoy en el Parlamento gallego el proyecto de ley de presupuestos de Galicia para 2026, unas cuentas "históricas" de 14.204 millones de euros que buscan seguir construyendo "la Galicia Calidade para un futuro más social, con más empleo y con menos cargas fiscales para las familias".
La comparecencia llega apenas unos días después de que el Consello de la Xunta aprobara las cuentas en sesión extraordinaria. Corgos quiso subrayar que, un año más, los presupuestos se presentan "en plazo", pese a no contar con la ayuda ni con datos precisos del Gobierno central, como el informe de posición cíclica o la agenda de déficit, necesarios para una elaboración ordinaria. Aun así, Galicia pone sobre la mesa unas cuentas que, según defendió el conselleiro, "priorizan el gasto social y la protección de las familias". Tres de cada cuatro euros irán destinados a políticas sociales, y solo Sanidad y Educación absorberán dos terceras partes de todos los recursos.
El proyecto llega al Parlamento con la intención de aliviar la carga de las familias y permitirles disponer de un mayor margen económico. Según explicó Corgos, los gallegos podrán ahorrar 793 millones de euros gracias a un conjunto de medidas fiscales que priorizan a los colectivos más vulnerables y a quienes menos tienen. Entre ellas, la ampliación de los límites de precio para aplicar tipos reducidos en la compra de vivienda, lo que beneficiará a jóvenes y a familias monoparentales, que por primera vez se incorporan a los colectivos prioritarios. También se mantienen las deducciones por libros y material escolar y se elimina la tributación autonómica de las ayudas a enfermos de ELA y a las personas afectadas por los incendios forestales del verano.
El conselleiro destacó además el uso de figuras propias del derecho civil gallego, como los contratos vitalicios, que ahora contarán con menores cargas fiscales para quienes cedan un inmueble a cambio de cuidados. Se ajustan también las transmisiones patrimoniales para facilitar que los ciudadanos puedan disponer de su patrimonio sin verse penalizados. "Cada año, unos 115.000 gallegos se benefician de estas rebajas fiscales", recordó Corgos, antes de reivindicar que Galicia se mantiene entre las comunidades con mejor tratamiento para las rentas medias y bajas, "un equilibrio necesario para garantizar servicios públicos de calidad sin ahogar a quienes sostienen la economía con su trabajo".
Pero si el discurso económico buscaba seducir con cifras, el mensaje político de Corgos fue un aviso a Madrid. No se trató de un reproche retórico, sino de una lista de carencias concretas que, según el conselleiro, condicionan la propia elaboración de las cuentas. "La Xunta ha tenido que trabajar sin datos precisos del Gobierno central", lamentó. Faltan informes de posición cíclica, no hay una agenda de déficit cerrada y ni siquiera se ha convocado el Consello de Política Fiscal e Financeira, que debería aportar las coordenadas básicas para el diseño presupuestario.
Frente a ese vacío, Corgos exhibió las cifras de lo que considera una injusticia estructural. Entre 2008 y 2024, la recaudación de los tributos cedidos creció un 73,8 %, pero solo un 44 % de ese incremento acabó financiando a Galicia, cuando la media autonómica se sitúa en el 64,6 %. "Si mantuviésemos el peso relativo del año 2008, el sistema habría aportado en 2024 casi 8.600 millones de euros más", afirmó, dejando la cifra flotando en el hemiciclo como resumen de la queja de fondo: no es austeridad lo que falta, sino financiación.
Las cuentas, además, vienen condicionadas por la caída de los fondos europeos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), una merma que la Xunta asume con la intención de "mantener el pulso inversor y reforzar los servicios públicos", según defendió Corgos. Galicia, dijo, "no puede permitirse detener su avance por la incertidumbre de Madrid".