"Ganamos las elecciones y no es justo que nos las quiten así. Mira, Brad, sólo necesito 11.000 votos. Sólo 11.000 votos". Era el ruego de Donald Trump a Brad Raffensperger, secretario de Estado de Georgia, para que cambiara el resultado de las elecciones en 2020, ganadas por Joe Biden. Aquella conversación saltó a las noticias el 3 de enero de 2021. Un ex presidente había intentado intimidar a un funcionario para revertir el triunfo de Biden. Un día después, una aún desconocida Fani Willis empezaba su nuevo trabajo: fiscal del distrito del condado de Fulton, al que pertenece el edificio del Capitolio del Estado en Atlanta, donde tenía y aún tiene su despacho Raffensperger, el destinatario de aquella llamada.
Willis lo tuvo claro: iba a investigar. "Cuando surgen acusaciones sobre cualquier cosa que pueda obstaculizar la capacidad de la sociedad para creer en unas elecciones justas, no creo que tenga otra opción", dijo la fiscal unas semanas después de haber abierto la investigación penal. "Hay que hacer lo correcto, y no importa si estás en el Capitolio o en los barrios más bajos; si cometes un delito tendrás que rendir cuentas". Esa investigación, que se ha alargado casi dos años y en la que un jurado especial ha entrevistado a más de 70 testigos, desembocó en la imputación de Trump por tratar de falsear las elecciones de 2020. Es la cuarta imputación que acumula el ex mandatario, favorito para lograr la nominación republicana en los comicios del año que viene.
Lo más llamativo de este nuevo frente judicial es que Trump y un puñado de colaboradores (entre los que están su ex jefe de gabinete Mark Meadows y el ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani) han sido imputados por la llamada ley RICO (Organizaciones Corruptas e Influenciadas por la Mafia, por sus siglas en inglés), una norma estatal contra el crimen organizado que permite a la fiscal Willis entrelazar los delitos cometidos por Trump y unificarlos en una única causa en la que el ex mandatario aparece como el líder de una organización corrupta.
La 'LeBron James' de la justicia
Willis, que se describe como estricta y a la que sus compañeros califican, cariñosamente, como la "LeBron James" de la justicia, nació en Inglewood, una ciudad a las afueras de Los Ángeles. Su padre, John Floyd, era uno de los fundadores de Los Panteras Negras en esa ciudad. La organización de inspiración marxista, que luchaba contra la brutalidad policial y pedía mayores derechos para los afroestadounidenses, estuvo en el punto de mira del FBI por actos violentos y fue declarada "enemiga del Gobierno" a finales de los 60.
Con los años John Floyd dejó atrás su activismo y se convirtió en abogado penalista, precisamente tras constatar que los abogados que le asignaban cuando era detenido por ser miembro de los Panteras Negros, siempre eran blancos. Ayudando a su padre Fani Willis descubrió su vocación. No tenía ni 10 años cuando empezó a acompañarle a los juicios e incluso a ordenar para él los expedientes, la mayoría casos de asesinatos y ajustes de cuentas por drogas (eran los años 80 y Estados Unidos asistía a una epidemia de crack).
La joven Willis acabó estudiando derecho en la universidad de Emory (Atlanta) y uno de sus primeros trabajos fue en un despacho junto a otra joven abogada, Lance Bottoms, que con los años se acabaría convirtiendo en alcaldesa de la capital de Georgia. "Willis se ha entrenado para esto toda su vida", dijo Bottoms cuando fue noticia que su amiga estaba investigando al ex presidente de EEUU.
Willis, que ha llevado incontables casos de asesinatos, tiene el mandato de impartir justicia en una ciudad simbólica, el lugar donde nació Martin Luther King, considerada la cuna de los derechos civiles, pero también una de las urbes con mayores índices de violencia del país. Uno de los últimos casos de los que se ha encargado es el de Secoriea Turner, una niña de ocho años fallecida por disparos de la policía durante las protestas de 2020 en Atlanta (protestas que surgieron tras el asesinato de Brooks, un hombre negro que murió a manos de la policía).
Desde que Wallis anunció que investigaría los intentos de Trump de subvertir el resultado de las elecciones de 2020, no ha dejado de recibir insultos. El ex presidente ha llegado a afirmar en su red social, Truth Social, que la fiscal, afroamericana y primera mujer negra en ocupar el cargo, es nada menos que racista. The New York Times revelaba hace unos días que Wallis había decidido equipar a los miembros de su personal con chalecos antibalas ante las crecientes amenazas. Los miembros del gran jurado especial de Fulton que investigan a Trump también han sido objeto de coacciones. Sus nombres completos y hasta las direcciones de varios de ellos fueron publicados en varias redes sociales por simpatizantes del ex mandatario republicano, poniéndoles en una situación de gran vulnerabilidad.
"He visto mucha maldad, mucha más maldad que la que la mayoría de la gente tendrá que ver", decía Willis en una entrevista con Time a principios de 2023. Obsesionada con la violencia de las bandas, ha utilizado la Ley RICO para acusar a varios raperos, entre otros al aclamado rapero Young Thung, de asesinato, robo y tráfico de drogas y ha llegado a utilizar las letras de algunas de las canciones del grupo YSL (del citado rapero) como prueba de esos delitos. "Tengo un consejo. No confiéis delitos en letras de rap si no queréis que se utilicen. O al menos, salid de mi condado", se defendió Willis.