El canciller Olaf Scholz ha visitado este lunes Solingen, tres días después del atentado múltiple con cuchillo perpetrado por un refugiado sirio que afirma ser miembro del IS. Tras la marcha contra la política migratoria y de asilo del Gobierno promovida de forma oportunista por el partido Alternativa para Alemania (AfD) en Solingen, Scholz intenta, una vez más tirando de repertorio, enfriar los ánimos en una ciudad y en un país conmocionado por la brutalidad.
El canciller ha asegurado que siente "ira" ante los islamistas y anunció medidas para reducir el riesgo de que algo similar pueda volver a ocurrir. Scholz se refirió a la necesidad de acelerar la expulsiones de extranjeros que no tienen derecho a permanecer en Alemania y lograr un mejor control sobre la migración.
"Se trata de terrorismo, de terrorismo contra todos nosotros y contra nuestra forma de vivir. Eso es algo a lo que no podemos acostumbrarnos y que no vamos a tolerar nunca", aseguró.
Salvo la indignación, que brota de nuevo en cada episodio de violencia, no hay remedios nuevos a enfermedades viejas porque, como afirma el portavoz de Interior del parlamento de Renania del Norte-Westfalia, el conservador Gregor Golland (CDU), falta "voluntad política".
Marc Lürbke, portavoz de los liberales del FDP lo verbaliza así: "El atentado terrorista de Solingen es un repugnante ataque contra todos nosotros y nuestro modo de vida liberal. Es intolerable que un inmigrante asilado que ha recibido protección y prestaciones sociales en Alemania se vuelva luego contra nuestra sociedad libre con la violencia más brutal de un cuchillo". Por ello, Solingen debe ser también un punto de inflexión en la política de asilo hacia un mayor control, una verdadera supervisión y unas consecuencias claras, resumió el diputado liberal. "No debemos seguir abriendo simplemente la puerta a la creciente radicalización del islam político en nuestro país sin protección".
El debate es añejo y recurrente, desde que la ex canciller Angela Merkel abriera la puerta del país a una marea de solicitantes de asilo y refugio procedentes de Siria y Afganistán principalmente, países hacia los que la ministra de Interior, Nancy Faeser, quiere incentivar el retorno a cambio de ayudas financieras. No hay cifras de retornados, pero si muchas denuncias de fraude, de afganos y sirios que van y vienen a Alemania como si estuvieran de vacaciones.
El pasado mes de mayo, tras el mortal ataque con cuchillo en la ciudad de Mannheim a manos también de un refugiado, Scholz anunció que se volvería a posibilitar la deportación de delincuentes graves y terroristas a Afganistán y Siria. Pero una vez más, la aplicación de este plan está llena de obstáculos. Por ejemplo, estas medidas podrían fracasar en casos individuales ante los tribunales alemanes si los ciudadanos afganos alegan que se enfrentarían a la pobreza si fueran deportados.
487 "muy peligrosos"
Entre las decenas de miles de personas que deberían abandonar este país, hay hasta 27.000 islamistas y, según el experto en terrorismo Peter Neumann, si la guerra en Oriente Próximo dura más tiempo, podría comenzar "un nuevo ciclo", ya que hay suficientes islamistas viejos para transmitir la ideología a los jóvenes, subraya. La razón esgrimida por el atentado de Solingen era "venganza" por el sufrimiento infligido a los palestinos en Gaza.
Entre esos miles de islamistas durmientes y dispuestos eventualmente a la violencia, la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) clasifica e a 487 islamistas como "muy peligrosos". De ellos, 90 están encarcelados en Alemania, 216 están prófugos y 181 se encuentran en el extranjero.
El presunto terrorista sirio de Solingen, Al Hassan, no estaba en las estadísticas, pero su maestría con el cuchillo indicaría que recibió entrenamiento militar. Puede que incluso hubiera sido enviado a Alemania por el IS en 2022 como uno de los denominados agentes durmientes.
Al Hassan tendría que haber sido expulsado de Alemania el año pasado, según el procedimiento de Dublín, en tanto que el primer país que pisó en la Unión Europea y donde debería haber solicitado el estatuto de asilado fue Bulgaria. La expulsión fracasó, como casi todas las que se realizan bajo este paraguas. Las estadísticas oficiales lo confirman. Hasta julio de este año las autoridades alemanas presentaron a sus colegas europeos 43.000 solicitudes de envío, de las que 25.000 tuvieron una respuesta positiva. Pero sólo se han llevado a cabo unas 3.500 expulsiones.
Con las deportaciones de los solicitantes de asilo rechazados o personas que han cometido delitos graves, sucede lo mismo. Los Länder han sido incapaces de ejecutarlas o han hecho la vista gorda. El entramado de abogados y organizaciones proasilo hacen el resto, lo que da lugar a situaciones como las que se viven en Baja Sajonia.
En una carta fechada el pasado 26 de julio, el Centro de Acogida de este Land dice a la policía federal en el aeropuerto de Düsseldorf que "si el interesado se niega a subir al avión o intenta resistirse a la deportación de cualquier otro modo (resistencia activa/pasiva), puede ser puesto en libertad y viajar de vuelta al alojamiento que se le haya asignado de forma independiente". A continuación, el interesado debe presentarse inmediatamente ante la autoridad de inmigración que le corresponda.
Para la Policía, "nuestro Estado constitucional se reduce al absurdo si los inmigrantes pueden eludir la deportación mediante la resistencia pasiva o activa. Todo se vuelve más absurdo si luego se deja en libertad al violento", afirma Manuel Ostermann, vicepresidente de la Unión Federal de Policía (DPolG). A eso se suma la imposibilidad de los agentes de comprobar la identidad de un sospechoso indocumentado con su propio teléfono móvil, pues violaría la Ley de Protección de Datos.
Así, entre las primeras conclusiones que ha sacado el líder de Los Verdes y viceministro de Economía, Robert Habeck, del atentado de Solingen es que "en Alemania no hay que llevar armas para defenderse porque somos un país pacífico y tenemos a la policía". Su propuesta es "endurecer la legislación y mantener los centros de las ciudades, los espacios públicos y los eventos completamente libres de cuchillos y otras armas". Eso, y "vigilar más estrechamente a los islamistas peligrosos".