Jair Bolsonaro, presidente de Brasil entre 2019 y 2023, fue acusado formalmente este jueves de haber tramado un Golpe de Estado en las semanas finales de su mandato con el objetivo de impedir la llegada de Luiz Inácio Lula da Silva al Palacio del Planalto.
"Las pruebas fueron obtenidas a través de diversas investigaciones policiales realizadas durante casi dos años, basadas en la ruptura del secreto telemático, telefónico, bancario y fiscal, colaboración premiada, registros e incautaciones, entre otras medidas debidamente autorizadas por el poder judicial", dijo la Policía Federal en un comunicado.
La acusación formal es "intento de golpe de Estado, intento de abolición del Estado democrático de derecho y organización criminal". Además de Bolsonaro, la acusación de la Policía Federal incluye a otras 36 personas.
Entre los acusados figuran altos cargos de importancia vital en el gobierno de Bolsonaro; Roberto Bragga Netto, ministro de Defensa y jefe de la Casa Civil, además de candidato a vicepresidente de Bolsonaro, Augusto Heleno, jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, Paulo Sergio Nogueira, ministro de Defensa, y Alexandre Ramagem, hoy diputado y por ese entonces director de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin).
El plan estaba cuidadosamente orquestado, e incluía un Centro de Desinformación y Ataques al Sistema Electoral, además de un Centro de Incitación a los Militares a Sumarse al Golpe de Estado y un Centro paralelo de Inteligencia, entre otros.
Bolsonaro reaccionó con críticas al juez Alexandre de Moraes, relator del Supremo Tribunal Federal (STF) en el caso. Tras la posición de la Procuraduría General de la República (PGR), a la que será remitida la investigación de la Policía Federal por el súper juez, corresponderá a De Moraes decidir el futuro de los procesados y eventualmente denunciados, si los hubiere.
"El ministro Alexandre de Moraes dirige toda la investigación, ajusta los testimonios, detiene sin cargos, pesca pruebas y cuenta con un equipo de asesores muy creativo. Él hace todo lo que la ley no dice", dijo Bolsonaro en declaraciones al sitio Metropoles.
"Voy a esperar al abogado", añadió el ex presidente. "Esto obviamente va a la Procuraduría General de la República. Es en la PGR donde empieza la pelea. No puedo esperar nada de un equipo que usa la creatividad para denunciarme".
Los delitos atribuidos por la Policía Federal a Bolsonaro en la investigación que apunta a un intento de golpe de Estado en el país podrían alcanzar los 30 años de prisión como pena máxima. Según la policía, el ex presidente, ex ministros y aliados actuaron con el objetivo de impedir la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022. Bolsonaro ya está inhabilitado políticamente hasta 2030 a raíz de otro caso en el que fue condenado.
Los abogados defensores del ex presidente señalaron que Bolsonaro "nunca estuvo de acuerdo con ningún movimiento que pretendiera deconstruir el Estado Democrático de Derecho o las instituciones que lo pavimentan".