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En noviembre, ocurrió la peor masacre en China de la última década: un conductor, enfadado por su acuerdo de divorcio, embistió con su todoterreno a 78 personas y mató a 35 de ellas. La Policía de la ciudad costera de Zhuhai, en el sur del país, retiró de forma inmediata las coronas de flores, las velas y las botellas de baiju, un popular licor. Los vecinos que se acercaron al lugar para depositar las ofrendas se encontraron con un inaudito despliegue de seguridad -o más bien de vigilancia- que censuró el duelo público, cada vez peor visto. Se habilitó un área privada para que sólo pudieran acceder los familiares.
La retirada de las ofrendas llegaba después de un borrado masivo en redes sociales. El atropello ocurrió un lunes por la noche y hasta el martes a media tarde las autoridades no informaron del suceso. Ni siquiera lo recogía la prensa, a pesar de que llevaban muchas horas circulando vídeos con las víctimas tiradas en el suelo.
Que el número de muertos no trascendiera de manera oficial hasta un día después provocó una gran indignación, con muchas cuentas en Weibo, el equivalente a X, vomitando su rabia en hashtag que fueron rápidamente censurados. Los usuarios cargaron también contra la televisión estatal, que no trató en sus informativos el ataque en Zhuhai hasta dos días más tarde. La noticia fue relegada a un muy segundo plano. Los diarios chinos se limitaron a reproducir la nota oficial sobre que el conductor, un hombre de apellido Fan, de 62 años, había dejado 35 muertos y 43 heridos, la mayoría jubilados que paseaban por la noche en la pista que rodea al centro deportivo. El escrito añadía que el ataque estuvo motivado por la "insatisfacción en la división de bienes". El autor fue detenido después en su coche, tras autolesionarse con cortes con un cuchillo en el cuello y en el brazo.
Como sucede cuando ocurren estas tragedias en China, a los familiares de las víctimas se les prohibió hablar con los periodistas. Las autoridades locales suelen desplegar en estos casos a los llamados "consejeros de duelo", psicólogos y funcionarios del Partido Comunista que en teoría tienen que acompañar a las familias, pero que también procuran que no hagan ruido con sus quejas en público.
Los pocos reporteros locales que fueron al lugar del atropello dos días después, también soltaron de carrerilla el comunicado oficial, sin ninguna mención al retraso del Gobierno a la hora de informar o a la indignación pública generada. Los periodistas chinos son los primeros que saben las limitaciones de su trabajo en un régimen autoritario que prima ante todo la estabilidad social, por encima de cualquier tragedia, por muchos muertos que haya. Quien intente indagar, como pasó con el corresponsal de la BBC, se encontrará con el muro censor, en este caso con un funcionario del partido que interrumpió su conexión en directo con gritos y empujones.
Cuando los corresponsales extranjeros en China se desplazan para cubrir estas tragedias, las administraciones locales movilizan a su ejército de funcionarios para dificultar el trabajo y evitar que accedan a fuentes directas. La orden no suele venir de Pekín, donde son conscientes de que estas escenas dañan la imagen del país, sino que procede del miedo que tienen los líderes de estas ciudades de que la prensa saque las vergüenzas de su mala gestión y el Gobierno central los castigue.
El duelo en el atropello masivo de Zhuhai no fue el primero que se trata de controlar y censurar en una gran tragedia en el país asiático. Ocurrió lo mismo, pero a mucha mayor escala, después de que 132 personas murieran en el avión de China Eastern Airlines que se estrelló el 21 de marzo de 2022 en las montañas de la provincia sureña de Guangxi. Dos años después, aunque el análisis de las cajas negras realizado por funcionarios estadounidenses, que ayudaron en la investigación, señalaba que fue el piloto quien dirigió el avión hacia su caída en picado, el Gobierno chino nunca publicó un informe con las conclusiones.
Meses después de aquel suceso, este periódico entrevistó a un familiar de uno de los fallecidos, residente en Singapur, quien explicó la situación que se encontró cuando llegó a una aldea cercana al lugar donde se estrelló el avión. Allí había trabajadores y funcionarios locales que atendían a los familiares de las víctimas. "Decían que eran psicólogos y que nos querían ayudar. Pero después de unas horas de consuelo, esas personas nos presionaban para que dejáramos de preguntar por nuestros familiares. Hasta dos semanas después, no confirmaron oficialmente algo tan obvio como que no había supervivientes", aseguraba esta persona, que relató eso mismo en sus redes y los censores borraron sus comentarios.
Según este testimonio, tras intentar contar lo que había vivido, recibió varias llamadas de las autoridades, y hasta una visita a su casa, para advertirle de que, si seguía "molestando y haciendo ruido", podría ser detenido bajo el delito de "buscar peleas y provocar problemas", cargo común empleado para silenciar a la disidencia, que puede conllevar una sentencia de hasta cinco años de prisión.
En la catástrofe más grande ocurrida en China en este siglo, el terremoto de la provincia de Sichuan en 2008, donde hubo 88.000 muertos, las autoridades también desplegaron a estos "psicólogos". Muchos de los afectados por los deslizamientos de tierra, así como los familiares de los fallecidos, trataron de protestar por el mal estado en el que se encontraban muchos edificios derrumbados, entre ellos varias escuelas donde murieron más de 6.000 menores. Las autoridades de Mianyang, una de las ciudades Sichuan devastadas, lanzaron una directiva que recomendaba "poner bajo vigilancia a cualquiera que pueda socavar la estabilidad social o ser identificado como persona problemática".