Un total de 45 personas han sido detenidas en Turquía en las últimas dos semanas, entre estos políticos de un amplio espectro político, así como periodistas y personalidades públicas, en una campaña de arrestos que ha afectado a la oposición del Gobierno de Recep Tayyip Erdogan.
Este viernes compareció ante los juzgados el alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, en dos investigaciones por sus comentarios críticos sobre los peritos judiciales de casos que afectaron a su partido, la principal formación opositora CHP. Este nuevo proceso se añade a otros casos judiciales abiertos en su contra, así como una condena de dos años y siete meses de prisión que amenaza con apartarlo de la política si la sentencia es ratificada por el tribunal de apelación.
Imamoglu, que es percibido como el principal contrincante político de Erdogan en las próximas elecciones presidenciales -previstas para 2028- acudió al tribunal acompañado de grandes figuras de su partido y de cientos de ciudadanos que querían mostrarles su apoyo. "Confío en que finalmente llegaremos a un momento en que el poder judicial y la separación de poderes funcionen correctamente", señaló ante la muchedumbre el alcalde de Ankara, Mansur Yavas. Las fuerzas de seguridad acordonaron la zona y en un intento de impedir que Imamoglu hablara con los manifestantes, dispersaron la concentración con gases lacrimógenos.
La Fiscalía de Estambul acusa a Imamoglu de "señalar a un funcionario como objetivo de grupos terroristas" e "intentar influir en el poder judicial" por revelar que el mismo testigo experto fue asignado a varias investigaciones contra políticos de su partido, sugiriendo una motivación política detrás de estos procesos judiciales.
Cinco periodistas de la cadena de televisión Halk TV -un medio opositor afín al partido de Imamoglu-, que entrevistó al testigo experto, fueron detenidos esta semana y uno de ellos ha ingresado en prisión preventiva a la espera de juicio. Dos de los periodistas han sido liberados con cargos, sus pasaportes han sido provisionalmente cancelados y tendrán que presentarse regularmente ante la policía.
"Se está abusando del poder derivado de la ley para infundir miedo en todos los sectores de la sociedad. No tendremos miedo ni guardaremos silencio", señaló el alcalde de Estambul en sus redes. Por su parte, el ministro de Justicia, Yilmaz Tunç negó que el Gobierno interfiera en los procesos judiciales contra políticos o periodistas. "En Turquía nadie es detenido por su trabajo periodístico", aseguró. "La prensa es libre y la libertad de pensamientos y expresión es amplia. Sin embargo, los periodistas no están por encima de la ley", advirtió. No obstante, sus declaraciones contradicen a la organización de derechos MLSA -que monitoriza casos judiciales contra periodistas- que señalaron que a día de hoy 37 periodistas están encarcelados y otros cuatro en arresto domiciliario por su trabajo.
Por otro lado, una manager de destacados actores turcos ingresó en prisión preventiva a principios de esta semana, acusada de "intentar derrocar al gobierno". La detención de Ayse Barim se produjo a raíz de unas acusaciones de corrupción en redes, pero tras ser arrestada por la policía la investigación dio un vuelco y se focalizó en su participación en las protestas antigobierno que tuvieron lugar en Estambul y otras ciudades del país en 2013. La Fiscalía cree que Barim tuvo un papel en la instigación de las manifestaciones contra el entonces primer ministro, Recep Tayyip Erdogan.
A estas detenciones se le añade la intervención del ayuntamiento de Siirt, en el sureste de Turquía, tras encausar a su alcaldesa, Sofya Alagas, de propaganda terrorista por publicaciones anteriores cuando ejercía de periodista. Alagas ganó la alcaldía de Siirt en marzo de 2024 con el partido prokudo DEM y se le acusa de vínculos con la guerrilla kurda PKK, considerada una organización terrorista en Turquía y la Unión Europea. Desde los últimos comicios locales unas diez alcaldías han sido intervenidas, ocho del partido prokurdo DEM y dos de la formación socialdemócrata CHP. "No reconocemos esta decisión. Convocan elecciones, los candidatos pasan por un proceso legal y luego abren una investigación. Están engañando a la gente, al país y a la ley", señaló Alagas ante los medios.