La pena de muerte está lejos de desaparecer como medida de castigo en el mundo. Según el último informe de Amnistía Internacional (AI), dado a conocer esta madrugada, 1.518 personas fueron ejecutadas en 2024 en 15 países, la cifra más alta de muertes de este tipo desde 2015 y sólo según los casos que esta ONG ha podido documentar. Ahí no están incluidos los datos de China, que AI calcula "en varios miles" y que serían muy superiores a la suma total.
"Siempre señalamos que nuestras cifras son a la baja, lamentablemente, porque no contamos con las ejecuciones de China, Corea del Norte o Vietnam, porque en estos tres países la pena de muerte es considerada como un secreto de Estado y por tanto no tenemos acceso a información oficial", señala Beatriz Martos, de la oficina española de Amnistía Internacional. Justo esta semana el presidente español, Pedro Sánchez, visita China, donde se reunirá con Xi Jinping, y Vietnam. La situación actual de Palestina y Siria también impidieron que la organización pudiera confirmar sus cifras.
"Las 1.518 ejecuciones judiciales que nos encontramos en 2024 significan un aumento del 32% con respecto al año anterior, con lo que no es un dato muy bueno para los derechos humanos", señala Martos, que sí destaca que han aumentado el número de países abolicionistas: "Ciento trece lo han abolido en sus códigos penales para todos los delitos y 145 países en la ley o en la práctica, lo que quiere decir que pueden tenerlas en la ley pero no las ejecutan", aclara.
El 91% de las ejecuciones contabilizadas en 2024 se realizaron en tres países: Irán (que pasó de las 853 de 2023 a las 972 del año siguiente), Arabia Saudí (que aumentó de las 172 de 2023 a las 345 del año siguiente; el 64% de las conocidas en todo el mundo) e Irak (que subió en 12 meses de 16 a 63). "Arabia Saudí, Irak e Irán fueron responsables del fuerte incremento de las muertes el año pasado, al llevar a cabo el 91% de las ejecuciones conocidas, violando derechos humanos y segando cruelmente vidas por cargos relacionados con drogas o terrorismo", afirma en el documento la secretaria general de AI, Agnès Callamard.
En estos países, según esta investigación, "las condenas a muerte se usaron para silenciar a defensores y defensoras de los derechos humanos, disidentes, manifestantes, oponentes políticos y minorías étnicas". "Quienes se atreven a cuestionar a las autoridades se exponen al más cruel de los castigos, especialmente en Irán y Arabia Saudí, donde la pena de muerte se usa para silenciar a quienes son lo bastante valientes para alzar la voz", asegura Callamard en el informe.
También subraya que más del 40% de las ejecuciones se llevaron a cabo de forma ilícita por delitos relacionados con drogas. Según el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, el uso de la pena de muerte ha de estar restringido a "los más graves delitos", e imponer condenas a muerte por delitos de drogas no cumple este requisito.
"Las ejecuciones relacionadas con drogas abundaron en Arabia Saudí, China, Irán, Singapur y, aunque no fue posible confirmar el dato, probablemente en Vietnam. Se ha observado que, en muchos contextos, imponer condenas a muerte por delitos relacionados con drogas afecta de forma desproporcionada a personas de entornos desfavorecidos, aunque no tiene ningún efecto demostrado en la reducción del tráfico de drogas", señala la secretaria general de la organización.
Sí que ha habido un pequeño avance en la lucha contra la pena capital y es que se documentaron ejecuciones en 15 países frente a los 16 de 2023, una mejoría que se da por segundo año consecutivo al caerse de la lista Bangladesh, que no había dejado de realizar ejecuciones desde 2018. Según explica Callamard, "es un dato que indica la tendencia de dejar atrás esta pena cruel, inhumana y degradante".
"Infundir miedo"
El informe de AI, titulado Condenas a muerte y ejecuciones 2024, destaca cómo hubo dirigentes que utilizaron la pena de muerte con el pretexto falso de mejorar la seguridad pública o infundir miedo en la población. Subraya el caso de EEUU que ha ido aumentando el número de ejecuciones desde la pandemia del Covid-19. En la considerada primera potencia del mundo, se ejecutó en 2024 a 25 personas, una más que el año precedente.
El nuevo presidente, Donald Trump, que llegó a la Casa Blanca ya en enero de 2025, parece a favor de esta dinámica. Apoyó la pena de muerte cuando su antecesor en el cargo, Joe Biden, conmutó las ejecuciones de la mayoría de los condenados en prisiones federales, algo que hizo a menos de un mes de que concluyera su mandato. Trump prometió que ordenaría al Departamento de Justicia que persiguiera así a "violadores, asesinos y monstruos violentos" porque ya no podría dar marcha atrás sobre estas decisiones en concreto. Precisamente, una de las órdenes firmadas por Trump justo después de la jura fue para acelerar esta cuestión, un asunto que está ahora en el Senado de EEUU.
"Nuestro informe versa sobre las ejecuciones de 2024, entonces las consecuencias que haya en el posible aumento tras la llegada de Trump al poder lo veremos en el informe del año que viene. Eso sí, su discurso es mucho más agresivo en torno a la pena de muerte. Ha dicho que lo va a usar como un mecanismo de defensa de la población con violadores o asesinos. Todo indica que, si sigue con esta retórica, aumentará el número de ejecuciones en EEUU", destaca Beatriz Martos, de Amnistía España.