Las heridas siguen abiertas y supurando. Colombia celebra el 40 aniversario del asalto al Palacio de Justicia con un presidente que alardea de haber pertenecido al M-19, la banda terrorista que causó la masacre, y unos altos tribunales que prefirieron no invitar a Gustavo Petro a las ceremonias conmemorativas por su actitud frente a los trágicos sucesos del 6 y 7 de noviembre del 1985.
"Fue un golpe genial", le dijo el Jefe de Estado al presidente de la Corte Suprema cuando le visitó en su despacho hace unas semanas, al observar una fotografía del edificio en llamas.
"La toma del Palacio de Justicia no fue una acción genial, sino una acción demencial", manifestó este martes el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, en una conferencia en la Universidad del Externado, en donde dictaban clases varios de los jueces fallecidos. "No se ha contado la verdad histórica y se ha querido deformar la historia de lo ocurrido", agregó.
En aquel 6 de noviembre, un grupo de guerrilleros entró disparando a la sede judicial, situada en el corazón de Bogotá, frente al Palacio de Nariño, con el fin último de someter al entonces Jefe de Estado, Belisario Betancourt, a un juicio político. En lugar de conseguir su propósito, durante las 27 horas que duró la toma, causaron una matanza de magistrados, funcionarios, visitantes y trabajadores, además de policías y militares que acudieron al rescate de los rehenes. También murieron guerrilleros y una integrante de la banda terrorista, Irma Franco, fue apresada y posteriormente torturada y desaparecida por el B-2 de la Brigada 13 del Ejército
El general Jesús Armando Arias Cabrales, de 88 años, que era el responsable del operativo militar que enfrentó a los guerrilleros, calificado de brutal, irresponsable y caótico, fue condenado a 35 años de cárcel, pena que cumple en la actualidad. Lo mismo el coronel Edilberto Sánchez. En cambio, el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, del cuerpo de artillería y el primero en acudir al palacio con tanques, como le habían ordenado, permaneció ocho años preso hasta que la Corte Suprema le absolvió de todos los cargos.
Los integrantes del M-19, por su parte, fueron amnistiados sin pasar por el banquillo de los acusados y nunca les obligaron a confesar la verdad ni pedir perdón ni indemnizar a las víctimas. Varios saltaron a la política, como el líder de la banda, Carlos Pizarro, asesinado en 1990 en su campaña electoral para las presidenciales; Antonio Navarro, que fue senador y gobernador, o Gustavo Petro, que ocupó escaños en el Congreso y el Senado, resultó elegido alcalde de Bogotá y conquistó la Presidencia en 2022.
Autor de cinco libros sobre el asalto, coincide con otras investigaciones en que Pablo Escobar financió el asalto porque la Sala Constitucional de la Corte Suprema de la época (no existía aun Corte Constitucional) decidía en esas fechas la constitucionalidad del Tratado de Extradición entre Colombia y Estados Unidos. "Más vale una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos", clamaba el capo del cártel de Medellín.
"Los magistrados de dicha Sala eran reconocidos por incorruptibles y valientes. Era la razón para secuestrarlos y matarlos", afirma Plazas Vega. "A los guerrilleros les fueron perdonados las sanciones por sus crímenes, pero los crímenes que cometieron son imborrables".
El asesinato del magistrado Manuel Gaona Cruz ha estado estos días en el centro de la polémica. Gustavo Petro asegura que lo mató el Ejército pero las investigaciones, sustentadas por testigos que vivieron con él sus últimos momentos, concluyeron que le asesinó un guerrillero con un tiro en la nuca.
"Con eso, el M-19 terminaban de pagarle la promesa a Pablo Escobar de matar a todos los magistrados de la sala constitucional y la sala penal", manifestó el a diario El Colombiano Nilson Pinilla. Ex presidente de las Cortes Constitucional y Penal, ha sido uno de los autores del informe de 'La Comisión de la Verdad 2020' que crearon los propios jueces.
Además de responsabilizar al M-19, "por su actuar criminal", señala al Ejército de la época. "Ingresaron al Palacio de una manera alocada, con tanquees de guerra, disparando cañonazos contra las paredes de las oficinas. Y, evidentemente, mataron a muchas personas con esa forma tan violenta de reacciona", indica Pinilla.
También distintos estudios ponen en tela de juicio la actitud de Belisario Betancourt, un presidente que dejó todo en manos de los militares sin intervenir para nada. Nunca quiso explicar su actuación prometiendo que dejaría por escrito todo lo ocurrido en esas espantosas 27 horas para que se conociera tras su muerte. Pero incumplió su palabra y ya es otro capítulo abierto para el debate.
"La rama judicial, en cabeza de los presidentes y magistrados de todas las altas cortes, han guardado pública, abierta y valiente distancia con el Ejecutivo porque encuentran en él un factor de disociación judicial", indica el analista y abogado Rodrigo Pombo. "Lo demostrado con ese hecho simbólico es el maltrato, la ignominia de manera pública, agresiva y violenta del presidente Petro con la justicia colombiana en general. A un año de su salida del poder, la justicia habla cada vez con mayor fuerza y distancia de un presidente que nunca ha pedido perdón, que cree que el relato es mentiroso y que la historia ha sido montada por las élites del poder, en contra de las conclusiones de las tres Comisiones de la Verdad".