Letonia tiene, según algunos registros, la tasa de asesinatos de mujeres más alta de Europa. Es sólo una de las razones por las cuales, en los sectores moderados y progresistas del país, ha sentado muy mal el volantazo legal que ha dado el Parlamento en un ámbito tan sensible como el de la violencia contra la mujer. El 31 de octubre, el Saeima (Parlamento) de Letonia aprobó, por 56 votos a favor, 32 en contra y dos abstenciones, la retirada del Convenio de Estambul, el tratado del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres. Tras una sesión de más de 13 horas y protestas de unas 5.000 personas en Riga, la decisión convirtió a Letonia, de 1,8 millones de habitantes, en el primer Estado miembro de la UE en dar ese paso, apenas dos años después de haber ratificado el tratado. Atrás queda una pugna política tan intensa que ha fracturado a la propia coalición de Gobierno.
Al rescate acudió el presidente de Letonia, Edgars Rinkevics, que el pasado 3 de noviembre anunció que no firmaría la ley, por lo que ésta sería devuelta al Saeima para su reconsideración. Desde el Centro Marta, una de las principales organizaciones letonas de derechos de las mujeres, esperan que el sentir de la opinión pública, expresado con una sonora protesta de 5.000 personas el 29 de octubre, "prevalezca sobre las maniobras políticas" del partido populista Letonia Primero para desestabilizar al Gobierno.
"En mi opinión personal, la lucha sobre el cuerpo de las mujeres es un territorio fácil ante unas elecciones en las que nadie tiene un programa de desarrollo económico que pueda atraer a mucha gente", explica a EL MUNDO Inete Ielite, presidenta de la Red de Cooperación de ONG de Mujeres de Letonia. De hecho la moción de abandono prosperó gracias a que la oposición consiguió atraer a sus filas a un socio gubernamental, la Unión de Verdes y Agricultores, que se alineó con la derecha dura y sectores ultraconservadores ante el temor a perder parte de su electorado en pueblos y aldeas en las elecciones del año que viene.
Los impulsores del portazo al convenio argumentan que "impone" un concepto social de "género" distinto al sexo biológico y que la legislación nacional ya ofrece protección suficiente. Los defensores del marco legal europeo replican que es una batalla simbólica contra derechos consolidados y que se perjudica a las víctimas al desmantelar estándares europeos en un país líder en asesinadas en relación con su población (un dato volátil, pues en países tan pequeños, unos pocos casos alteran mucho la tasa de muertas por cada 100.000 mujeres, de ahí que algunos años Malta u otros encabecen el ranking).
El presidente Rinkevics, un político de centroderecha y el primer jefe de Estado de una ex república soviética en hacer pública su homosexualidad, ha denunciado que retirarse del Convenio antes de la redacción de una ley nacional integral sobre la prevención y la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia de género crearía un vacío jurídico e incertidumbre, debilitando los mecanismos de protección de las víctimas.
Para Inete Ielite, se trata sobre todo de dar confianza a la ciudadanía, o al menos de no quitársela: "Que los ciudadanos sepan que pueden contar con el Estado para protegerlos. Cuando la gente sufre abusos es clave informar a la policía, confiar en los jueces, confiar en el proceso... Si la gente no tiene confianza, el impacto es negativo".
La emboscada parlamentaria ha servido para retratar la soledad de Nueva Unidad, el bloque liberal-conservador del que forma parte la primera ministra Evika Silina, una abogada sobria más brillante en el despacho que en la tribuna de oradores y que con frecuencia se ve eclipsada por otras figuras de la coalición. Silina no sólo votó en contra de la retirada, sino que defendió mantener el convenio en las protestas que se produjeron frente al propio Parlamento. De momento, gobierna al frente de una coalición heterogénea que mezcla al centroderecha con los conservadores rurales y los progresistas más ligados a la ciudad.
Los ganadores claros son Alianza Nacional, socialmente muy conservadora, que ha mantenido históricamente posiciones restrictivas en cuestiones de familia y género; y Letonia Primero, una nueva reencarnación de la derecha populista aficionada a capitalizar el marco de "lucha contra la ideología de género". Los perdedores, el partido Progresistas, una suerte de socialdemócratas verdes a bordo de la coalición, que siempre han hecho del cumplimiento de estándares nórdicos -incluido el Convenio de Estambul- una seña de identidad.
En el debate político letón no todo es Rusia y su amenaza perenne. La espantada letona ha revelado dos coaliciones superpuestas: la que sostiene al Ejecutivo y la que, en el Parlamento, dicta mayorías coyunturales en torno a los bandos en la guerra cultural, con vistas a las elecciones de 2026, que nadie quiere afrontar mal colocado.
Más allá de la bronca política, la activista feminista Ielite señala las medidas pendientes: "En el programa nacional contra la violencia de la mujer no se hace lo suficiente. Necesitamos 10 veces más de formación para la policía, y el Convenio de Estambul nos da más margen de hacer lobby para lograr más recursos".
El Convenio de Estambul no es un simple símbolo: fija estándares comunes de prevención, protección, persecución penal y políticas coordinadas. Aunque parte de las obligaciones ya estén en leyes nacionales, renunciar a él debilita el escrutinio internacional y puede reducir la coherencia de datos y servicios.
El Parlamento de Letonia endureció en 2024 las penas por violencia de género, tipificando con mayor claridad el maltrato con hasta tres años de prisión. Dentro del marco del convenio "tenemos ya pocas reformas legales pendientes, como criminalizar el acoso sexual, que de momento es un delito administrativo. O los matrimonios forzados, que de momento no son un problema aquí. Pero ahora algunas víctimas dejarán de denunciar porque piensan que no pueden confiar".