Taina Souza Santos, de 31 años y madre de dos hijos, lucha por sobrevivir en un hospital de São Paulo. El pasado sábado salió a un bar con dos amigos y, en un momento en que se quedó sola, fue brutalmente atropellada por un coche y arrastrada más de un kilómetro en una vía expresa. El atacante, Douglas Alves da Silva, de 26 años, un hombre con quien la víctima habría tenido una relación en el pasado, fue detenido al día siguiente. Él niega haberla conocido y asegura que el objetivo del ataque era uno de los acompañantes de Taina, aunque un amigo del agresor declaró que Douglas "tiró del freno de mano y aplicó presión" para intentar matarla. Para el comisario de la Policía Civil de São Paulo, Fernando Barbosa Bossa, no hay dudas, se trató de una tentativa de feminicidio, ejecutada con extrema violencia y sin posibilidad de defensa.
Lo ocurrido con Taina es apenas uno de los numerosos casos que, casi a diario, estremecen al país. La semana pasada, en Recife, Isabele Gomes de Macedo, de 40 años, y sus cuatro hijos -de entre uno y siete años- murieron carbonizados después de que su compañero, Aguinaldo José Alves, incendiara la vivienda tras una discusión. En Florianópolis, Catarina Kasten, de 31 años, fue violada y estrangulada mientras se dirigía a una clase de natación.
En el oeste de Bahía, Yngrid Sousa de Jesus, de 19 años, fue asesinada a tiros por su expareja, Paulo Henrique Silva Conceição, que la sacó del baño antes de dispararle. Y en Río de Janeiro, el pedagogo João Antônio Miranda Gonçalves, irrumpió armado en la escuela donde trabajaba y mató a tiros a la coordinadora pedagógica Allane de Souza Pedrotti, de 41 años, y a la psicóloga Laíse Costa Pinheiro, de 40. También en São Paulo, un hombre abrió fuego con dos armas de forma simultánea contra su expareja mientras ella trabajaba en una pastelería. La víctima se encuentra ahora hospitalizada y en estado delicado tras ser intervenida quirúrgicamente. Todo ello ocurrió en los últimos 10 días.
Ante esta nueva ola de feminicidios en Brasil, las cifras oficiales han cobrado una visibilidad espantosa, encendiendo aún más las alarmas de una sociedad ya conmocionada por la creciente inseguridad. Hasta septiembre de 2025, más de 1.075 mujeres han sido víctimas de la misoginia en Brasil -una media de cuatro muertes diarias-, según el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Pese a que desde 2015 el asesinato de mujeres solo por serlo es un delito específico y el más duramente castigado del Código Penal, con penas de 20 a 40 años de prisión, la violencia no se detiene. Brasil pasó de alrededor de 500 casos anuales tras la tipificación del crimen a los 1.492 registrados en 2024, y las proyecciones para 2025 apuntan a un nuevo récord. Una marca que, de hecho, ya se ha superado en la ciudad de São Paulo, que registró 53 casos, el mayor número desde el inicio de la serie histórica en 2015, sin incluir aún los datos de noviembre.
Las cifras revelan también las raíces estructurales del problema. El gigante sudamericano sigue atravesado por una fuerte misoginia y un racismo persistente. Según el último Anuario Brasileño de Seguridad Pública, en 2024 un 68 % de las víctimas fueron mujeres negras, y el hogar continúa siendo el lugar más peligroso para una brasileña. Seis de cada diez asesinatos son cometidos por la pareja, alrededor de dos de cada diez por excompañeros, y uno de cada diez por familiares directos. Aunque la mayoría de las víctimas tenía entre 18 y 44 años, las más jóvenes tampoco quedan al margen: niñas de entre cero y 11 años representan el 0,7 % de los casos y adolescentes de 12 a 17, el 3,8 %. En el 97 % de los crímenes con autor conocido, el agresor es un hombre.
Expertos señalan que la violencia suele comenzar de forma silenciosa -insultos, empujones, agresiones que no siempre son identificadas como delitos- y que la dependencia económica es uno de los principales obstáculos para romper el ciclo. Así lo indica un reciente estudio de la Universidad de Brasilia, que concluyó que miles de mujeres permanecen con sus agresores porque la alternativa es enfrentarse a la pobreza con sus hijos. La falta de ingresos, acceso limitado a guarderías y a vivienda segura, así como oportunidades laborales escasas, agravan la vulnerabilidad y perpetúan la violencia.
A este contexto se suma el auge de movimientos digitales que promueven el odio contra las mujeres. Organizaciones como Justiceiras, que trabaja con el apoyo a las mujeres víctimas de violencia, alertan del incremento de grupos misóginos inspirados en el universo Red Pill, que se presentan como 'despiertos' frente a un supuesto dominio femenino, y que ridiculizan las políticas de igualdad, tachándolas de odio al hombre. Un caso que pone rostro a este fenómeno es el de Thiago Schutz, conocido como 'Calvo do Campari', autor de frases como "el propósito de un hombre está por encima del de una mujer". El viernes pasado, el influencer fue detenido en el interior de São Paulo tras la denuncia de su novia, que aseguró haber sido agredida al negarse a mantener relaciones sexuales. En un vídeo que circula en redes, Schutz la golpea, la arrastra por el pelo y afirma: "conmigo, tú no dices que no".
Pese a los instrumentos legales -como la Ley Maria da Penha, en vigor desde 2006-, persisten la impunidad, el subregistro, la falta de delegaciones especializadas y la ausencia de políticas preventivas eficaces. El propio Anuario de Seguridad Pública conceptualiza el feminicidio como una forma de violencia estatal, porque la negligencia y la omisión de las autoridades siguen costando vidas. Al menos 121 mujeres con Medida Protectora de Urgencia activa fueron asesinadas entre 2023 y 2024 en los estados que reportaron datos. Para muchas, la protección llegó, pero demasiado tarde.