Marine Le Pen se juega a partir de este martes su candidatura a la elecciones presidenciales de 2027 ante el Tribunal de Apelación de París, en un intento de dar la vuelta a la sentencia del pasado mes de marzo que la condenaba a cuatro años de cárcel y cinco de inhabilitación para cargos públicos por malversación de fondos de la UE.
Le Pen llegó al Tribunal de Apelación a las 13:10 por su cuenta y antes de entrar en la sala habló brevemente con sus abogados y con su ex compañero sentimental y alcalde de Perpiñán, Louis Aliot, también condenado como ella en marzo por malversación de fondos europeos.
La audiencia arrancó poco después de las 13:30, cuando la presidenta del Tribunal de Apelaciones instó a Le Pen a ocupar la primera fila junto a los otros 11 imputados. La presidenta dio entonces lectura a la lista de acusaciones corroboradas por el juzgado de primera instancia, incluida la trama de "contratos ficticios" de asistentes parlamentarios que supuestamente sirvieron para engrosar las arcas del entonces Frente Nacional (que en 2018 pasó a llamarse Agrupación Nacional).
En unas breves declaraciones a su paso por la Asamblea Nacional, Le Pen declaró afrontar la nueva cita judicial "con un espíritu de esperanza". "Espero ser entendida por el Tribunal de Apelación", agregó la líder de extrema derecha.
La líder histórica de Agrupación Nacional (RN) sostiene que ha sido víctima de "un proceso político" y alega que los hechos que se le imputan (la creación de un sistema para pagar a empleados del entonces Frente Nacional con fondos europeos durante más de una década) pueden considerarse en todo caso como una infracción sin intención fraudulenta.
Las sesiones del recurso de apelación se prolongarán hasta el 12 de febrero, y el tribunal puede tardar semanas y llegar incluso al verano antes de emitir un veredicto. Si se mantiene la sentencia, Le Pen podría recurrir en última instancia al Tribunal de Casación, pero podría no llegar a tiempo para el arranque de la campaña presidencial.
Agrupación Nacional tiene en cualquier caso listo un "plan B" con Jordan Bardella, el delfín de Le Pen y presidente del partido, que es hoy por hoy el político mejor valorado en Francia. Una reciente encuesta de Verian para Le Monde le sitúan tres puntos por encima de su madrina política (42% a 39%), con quien libra una peculiar batalla de cara a la opinión pública.
El mismo sondeo detecta que Marine Le Pen ha sufrido un relativo "deterioro" de su imagen tras la sentencia de "inelegibilidad", mientras que su "protegido" Bardella -que publicó recientemente "Lo que quieren los franceses!- ha ido ganando puntos y es percibido como más moderado y más "presidenciable" por los votantes pese a su juventud (30 años).
"Una confirmación de la sentencia sería algo profundamente inquietante para la democracia", declaró el lunes Bardella, que ha reiterado el apoyo a su mentora. Marine Le Pen incorporará el martes una nueva mujer a su equipo legal, Sandra Chirac-Kollaric, junto a su abogado defensor Rodolphe Bosselut, que ya la representó en el juicio en marzo.
Le Pen se ha mostrado especialmente activa en las últimas semanas durante el debate de los presupuestos y por su recientes y sorprendentes críticas a la Administración Trump por su operación militar en Venezuela: "La soberanía de los estados es innegociable, inviolable y sagrada". Su última aparición pública antes del juicio fue el funeral en Saint-Tropez de su amiga Brigitte Bardot, que llegó a llamarla "la Juana de Arco del Siglo XXI".
Le Pen comparece el martes ante el Tribunal Apelación junto a 11 miembros de su partido también sentenciados; entre ellos, su ex compañero sentimental Louis Aliot, alcalde de la ciudad de Perpiñán, que ve peligrar también su propia candidatura en las municipales del marzo de 2026.
En su sentencia en primera instancia, el tribunal presidido por la jueza Bénédicte de Perthuis aseguraba que los responsables del entonces Frente Nacional no incurrieron en "errores administrativos ni en una mala interpretación de las normas europeas", sino que llegaron a crear intencionalmente "un sistema para desviar fondos para reducir los gastos del partido".
El perjuicio económico para el Parlamento Europeo fue estimado en 3,2 millones de euros. La propia Marine Le Pen fue multada con 100.000 euros. La jueza Perthuis recalcó que la intención del tribunal era "garantizar que los cargos electos, como cualquier otro ciudadano ante la Justicia, no se beneficien de un trato de favor". La magistrada recibió amenazas de muerte y tuvo que requerir protección policial.
"No tengo la sensación de haber cometido ningún delito", declaró Le Pen ante el tribunal en su primera intervención, y en una clara señal de su cambio de estrategia. La líder de RN reconoció por primera vez implícitamente que puedo haber cometido "una falta", pero advirtió que el Parlamento Europeo "no desempeñó el nivel de advertencia" pese a conocer los elementos generales de los contratos en litigio. "No hemos ocultado nada", agregó.