El Gobierno de Guatemala afirmó este sábado que "no pactará" con los líderes de la pandilla Barrio 18 que protagonizan motines simultáneos en tres cárceles del país, donde mantienen retenidos a 46 empleados del Sistema Penitenciario como medida de presión para recuperar sus privilegios.
Los disturbios se registran en la prisión de máxima seguridad Renovación I, en el departamento (provincia) de Escuintla (sur), así como en Fraijanes II y el Sector 11 del Centro Preventivo de la zona 18, en la periferia de la capital.
En conferencia de prensa, el ministro de Interior, Marco Antonio Villeda, atribuyó la revuelta a una reacción orquestada del crimen organizado ante las recientes requisas que buscan retomar el control estatal, desmantelar "call centers" de extorsión y frenar el ingreso de ilícitos.
"Este gobierno no va a pactar con ningún grupo terrorista. No voy a ceder a esos chantajes y no voy a regresar privilegios con el objeto de que depongan sus acciones", declaró Villeda, descartando cualquier diálogo que implique devolver beneficios a los reclusos.
Según la información oficial, las exigencias provienen de Aldo López Ochoa, alias Lobo, líder del Barrio 18, quien demandaba su traslado y comodidades como aire acondicionado, ingreso de comida de restaurantes y una cama King Size en su celda.
Actualmente, los reclusos mantienen como rehenes a nueve guardias en Renovación I, nueve en la zona 18 y 28 agentes en Fraijanes II. Además, se reportaron ataques externos para crear caos, incluyendo la quema de un vehículo en la ruta al Pacífico.
El ministro responsabilizó a los reos de la integridad de los retenidos y advirtió sobre el uso inminente de la fuerza pública.
"Los terroristas no tienen por qué dirigir la agenda del Estado (...) Si es necesario utilizar la fuerza del Estado para retomar el control de estos centros y dar cumplimiento a esta orden, lo vamos a hacer", sentenció el funcionario.
Las autoridades han desplegado anillos de seguridad con la Policía Nacional Civil y el Ejército para evitar fugas y proteger a la población civil, mientras evalúan la incursión táctica para liberar al personal.