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La noción del "deber conyugal" ha pasado a la historia en Francia. La idea, usada por algunos magistrados para interpretar que la "vida en común" que contempla el Código Civil incluye la obligación de mantener relaciones sexuales, ha quedado finalmente enterrada tras la aprobación de una ley en la Asamblea Nacional por 106 votos a favor y ninguno en contra.
El texto legal, que será revisado por el Senado, estipula que, de ahora en adelante, y en el momento de celebrar matrimonio civil, el oficial de turno lea en voz alta la siguiente cláusula: "Esta vida en común no crea ninguna obligación para los cónyuges de mantener relaciones sexuales".
"Pienso en estos momentos en las mujeres que han sido forzadas y que han sufrido violaciones conyugales", declaró la diputada de Los Ecologistas Marie-Charlotte Garin, coautora de la propuesta de ley. "Esperamos que este texto sirva de punto de partida, para que todo esto acabe de una vez".
La nueva ley, concebida para apuntalar el texto sobre el consentimiento aprobado el pasado otoño, se considera como un efecto más del caso de Gisèle Pelicot, la mujer drogada y servida en bandeja por su propio marido para ser violada por más de medio centenar de desconocidos. Muchos de ellos alegaron durante el juicio que el marido, Dominique Pelicot, les dio "permiso". La mayoría reconoció también su extrañeza ante la noción del "consentimiento" para mantener una relación sexual.
"El matrimonio no puede ser una burbuja en la cual el consentimiento sexual se considera como algo definitivo y para toda la vida", declaró la diputada Marie-Charlotte Garin. "Permitir que ese derecho o deber persista equivale a dar la aprobación a un sistema de dominación o de depredación de su propia esposa por parte del marido".
El Código Civil francés cifra, en efecto, en cuatro a las obligaciones del matrimonio: fidelidad, ayuda, asistencia y vida en común. El texto estipula que "los cónyuges se comprometen mutuamente a una vida en común", aunque no hace una mención directa a las relaciones sexuales. Un hombre se aferró, sin embargo, a ese argumento -la resistencia de su mujer a mantener relaciones sexuales- en un sonado caso de divorcio en 2019. Seis años después, el caso llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que criticó la legislación francesa como un reconocimiento implícito de la noción del "deber conyugal".
"Los magistrados y los abogados nos reclamaron una ley que aclare el concepto ante las demandas que cuestionan el libre consentimiento en el matrimonio", reconoció el diputado Paul Christophe, del partido centrista Horizontes, otro de los impulsores del texto legal pactado por todas las fuerzas políticas. "Es nuestro deber recordarles que están equivocados y que necesitamos una mayor conciencia de los problemas de la violencia sexual dentro del matrimonio".
"Nuestro trabajo no está terminado: más allá de la ley existe la necesidad de que la sociedad en su conjunto acepte que el concepto de deber conyugal debe ser abolido", agregó Marie-Charlotte Garin, que recalcó la persistencia de la "cultura de la violación" pese al impacto del caso Pelicot, que acabó con la condena de su marido a 20 años de cárcel y penas de entre cinco a 15 años para el medio centenar de acusados de violación y abusos sexuales. "Existe aún la creencia de que las personas tienen derecho a exigir relaciones sexuales, tanto en el matrimonio como en la vida en pareja", advirtió Garin. "Esa idea tiene que desaparecer con del tiempo y dejar paso a la noción cada vez más extendida del consentimiento".
Durante el debate en la Asamblea Nacional, el Partido Socialista y La Francia Insumisa defendieron también la supresión de la "fidelidad" del Código Civil, alegando que podía interpretarse como "obligación de relación sexual entre cónyuges", aunque la propuesta no salió adelante. Con el nuevo texto legal en la mano, será prácticamente imposible alegar la falta de relaciones sexuales como razón única para solicitar el divorcio. Aunque el impacto en los tribunales puede ser relativo, la impulsora del texto legal considera que la ley servirá para disuadir la violaciones conyugales.
La nueva ley complementa el texto aprobado el año pasado, que redefine la noción de violación para incluir la noción del "no consentimiento". Previamente, la violación se consideraba como un acto sexual llevado a cabo "con violencia o sometimiento, bajo amenaza o por sorpresa".
El texto pasará ahora a la fase de enmiendas en el Senado y puede volver a ser votado en la Asamblea Nacional. Sus impulsores confían en su entrada en vigor a partir del verano.