"Porque no tengo fuerzas, si no estaba allí todos los días aunque me denunciase". Catalina, de 79 años, ha tenido que aprender a convivir con la impotencia después de convertirse, desde 2019, en la protagonista de una nueva historia de inquiokupación.
Decidió, tras la jubilación de su marido, cumplir el sueño de éste y mudarse a una vivienda unifamiliar, "con un huertecito", en Arroyomolinos. Aunque, para sufragarse esta decisión, el matrimonio tuvo que alquilar su piso de toda la vida, de 120 metros cuadrados, en el corazón de Móstoles.
En total, el inmueble fue arrendado en tres ocasiones, siendo el último contrato, el firmado en septiembre de 2015, el origen de su "infierno" y de "tantas noches sin dormir". La inquilina era una mujer "relativamente conocida" por sus vecinos. Además, la madre de ésta trabajaba en un bar próximo.
"Que ya la conocieran en el barrio nos dio confianza, así que se lo alquilamos por 600 euros al mes. Mi padre acababa de morir y no teníamos ganas de buscar mucho...", cuenta Eva, hija de Catalina, quien ha cargado sobre sus hombros todo lo relacionado con esta preocupación: "Mi madre ya es mayor, tiene sus achaques... Por eso no le cuento ni la mitad de lo que pasa, porque no quiero que sufra más. Es consciente de que nos han inquiokupado, pero le insistí en que se mentalice de que el piso está simplemente cerrado, por salud mental".
Los silencios de Eva ante su progenitora esconden, como ya es habitual, medias verdades por parte de unos inquilinos "que se han aprovechado de nuestra buena fe". "Nos dijo que quería el piso para ella, su madre y su hermana, pero ha terminado viviendo con sus tres hijos, menores de 16 años por entonces, y con una pareja...", anota Eva, visiblemente nerviosa y disgustada por el mal trago que está pasando.
Porque lo peor vino después. Tras una rotura de tuberías en el inmueble, acudieron para intentar subsanar el desastre y comprobaron que en las puertas de las habitaciones habían colocado cerraduras con candados. Y varios meses después, tras otra avería, su fontanero de confianza les alertó: "Aquí parece que vive mucha gente... Entran y salen todo el rato".
Lo que le hizo a Eva indignarse aún más. "No sé si lo usan de Airbnb, pero tengo claro que sacan una rentabilidad de mi piso seguro. Están realquilando habitaciones", afirma esta afectada, a quien le cuesta describir "la rabia interna que me entra al no poder hacer nada".
Cansadas de los continuos desperfectos en el interior de su inmueble, y los trastornos que les ocasionaban, Eva y Catalina optaron por pedir a esta familia que se fuera en mayo de 2019. Eso sí, de palabra. "No enviarles un burofax fue un error... Estuve intentando quedar con ellos durante semanas para que firmaran la finalización del contrato pero sólo me dieron largas".
Finalmente les mandó el burofax, pero llegó tarde. O lo que es lo mismo, no les notificó con el mes de antelación pertinente su deseo de que se marcharan. De ahí que el juez dictaminase, en febrero de 2020, ampliarles automáticamente un año más el contrato.
Fue justo en aquel proceso, allá por diciembre de 2019, cuando los inquilinos pasaron oficialmente a considerarse inquiokupas tras dejar de pagar las mensualidades. "Al poco llegó la pandemia, y con ella la aprobación del Real Decreto ley 11-2020 por el que todos los desahucios de personas vulnerables se suspendían... Y ella fue declarada vulnerable por bajos ingresos", añade Eva, quien reconoce haberse visto "sobrepasada" en algunos momentos.
"¿Y mi madre no es vulnerable? Tiene que pagar su hipoteca y suministros, además de los de ellos, y todo con una pensión muy pequeña. Ambas partes fueron declaradas vulnerables en el último juicio, celebrado en junio de 2021, pero como mi madre tiene otra opción habitacional... Ganaron ellos", explica la hija de la propietaria, "cansada de la situación" ya que sus inquiokupas "y los servicios sociales se están riendo de nosotros".
Y, sin cortarse, apunta como culpables de esta problemática también al Gobierno. "Hay políticos que dicen que la inquiokupación solo supone un 0,06%... Eso no es real, somos muchos bajo este yugo. Ojalá les okupasen a esos políticos para que opinasen con conocimiento de causa... Porque ya llevo cinco años de sufrimiento", expone Eva.
Mientras, Catalina se lo intenta tomar con paciencia, aunque "no siempre es fácil". "No quiero que mi hija se meta en líos por mi culpa... Es lo que peor llevo. Pero como casi no tengo fuerzas... ellos se aprovechan. No sé cómo no se respeta a las personas mayores", dice la anciana de 79 años, quien, al menos, ha recibido ya las ayudas de la Comunidad para este tipo de situaciones. "Nos han pagado 24.000 euros que tendría que haber abonado esa familia... Al final lo han terminado sufragando todos los madrileños", valora la mostoleña.
Por su parte, Eva ha aprendido una lección en estos años. Asume estar más destrozada que Catalina al haber cargado con todas las complicaciones y el proceso legal, de ahí que tenga claro lo que sucederá cuando recuperen el inmueble: "Solo sé que no volveré a alquilarlo nunca más. Antes prefiero que se quede vacío durante 20 años. O venderlo... Pero estoy segura de que nunca más volveré a pasar por este calvario".