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La localización resulta algo extraña. La cumbre entre Isabel Díaz Ayuso y los rectores de las universidades públicas no se celebró en Madrid, sino a 7.000 kilómetros al Este de la región. Pero si la reunión ha permitido un acercamiento entre las partes, en un momento de disputa, todos darán por bueno el intenso jet lag.
Hasta Estados Unidos se ha desplazado la presidente madrileña, con un doble reto: atraer inversores, que en eso se afanará en Nueva York en su segunda parada, pero, antes, la cita era educativa, en Miami. En esa ciudad del latino estado de Florida, se presentó el programa Estudia en Madrid, vive Madrid, destinado en especial a alumnos de habla hispana. Se trata de redoblar su presencia en las 19 universidades madrileñas (13 privadas) y consolidar la posición de la región como centro mundial de estudios en español. Y para el acto, Ayuso invitó a los rectores de los campus públicos, en un guiño en plena tensión sobre la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencias (LESUC).
No estuvieron el responsable de la Carlos III, Ángel Arias, que tenía un compromiso previo con el Rey, ni el rector de la Universidad de Alcalá, José Vicente Saz, por razones personales. Pero sí se sentaron con la presidenta el rector de la Complutense, Joaquín Goyache; Amaya Mendikoetxea, de la Autónoma de Madrid; Óscar García, de la Politécnica, y Abraham Duarte, de la Rey Juan Carlos. A todos ellos convocó a una reunión de trabajo para avanzar posturas sobre la LESUC, que se conoció el pasado 11 de junio y que ha sido el último punto de fricción. Tras recibir el proyecto de ley, dos días después, los rectores reclamaron una «participación temprana, leal y efectiva de las universidades públicas en la elaboración de la norma», en referencia a que no se contaba con ellos. Se añadía otro motivo a sus lamentos, con la financiación como gran batalla.
Desde los campus públicos, denuncian que las cifras de inversión del gobierno de Ayuso son equivalentes a las de hace 15 años. El pasado otoño, tras anunciarse que el desembolso iba a incrementarse en un 0,9%, frente al 18% que pedían los rectores, firmaron un comunicado advirtiendo: «No podemos garantizar la calidad del servicio público». El choque se cerró con una subida del 4,2% y la cofinanciación del sueldo de un millar de profesores. Pero seis meses después, la LESUC vuelve a situarlos en las trincheras.
Esta normativa unificará todas las enseñanzas superiores: las universidades y la investigación científica, la Formación Profesional superior, las enseñanzas superiores artísticas, las deportivas y las escuelas de negocios. Con el objetivo de tender puentes entre la formación y el empleo y fomentar el aprendizaje continuo y el reciclaje profesional, según la CAM, que destaca que se trata de una iniciativa «pionera en España». Sin embargo, los rectores no entienden que vaya a solucionar sus problemas.
La LESUC, como informó este diario el pasado 11 de junio, también resulta rupturista en el modelo de financiación, similar ahora en toda España y que regula la aportación pública. Básicamente, por el número de alumnos, lo que ha venido traduciéndose en una puja por atraer estudiantes más que por potenciar el nivel. El nuevo modelo madrileño, revisable cada seis años, marca una financiación básica (gastos de personal), otra por necesidades específicas (infraestructuras y equipamientos) y una tercera por objetivos, como empleabilidad de calidad, que incluye los contratos-programa ensayados con éxito en Cataluña y el País Vasco.
No es la primera vez que se lanza una iniciativa así. Desde Moncloa, lo intentaron dos ministros de Sumar, Manuel Castells -no llegó a aprobarse- y Joan Subirats -con un impacto mínimo-. También en Madrid se planteó en el pasado, pero se frenó por la oposición de los rectores. La disputa se hace presente. Y un primer paso se ha dado ya en Miami.