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Octubre es un mes crucial en la hoja de ruta política de Isabel Díaz Ayuso. En las próximas semanas su equipo presentará el proyecto de Presupuestos para 2026, que recibirá el check del Consejo de Gobierno a finales de mes y que previsiblemente -y tras analizar las miles de enmiendas que suele presentar la oposición- verá la luz verde de la Asamblea antes de final de año.
Un hito que en Sol preparan cada año como un ritual. Nada de lo que Ayuso anuncia en septiembre durante el Debate sobre el Estado de la Región puede materializarse a lo largo del curso si no queda ajustado y estimado en las cuentas públicas. Pero el proyecto presupuestario, además de sostener el plan regional, sirve a la presidenta madrileña para contraponer una vez más su gestión a la de Pedro Sánchez, que gobierna desde 2019 en base a prorrogar los Presupuestos.
Ayuso explotará esta diferencia en las próximas semanas, mientras sus departamentos terminan de ajustar las cuentas. La Consejería de Economía y Hacienda, que es la encargada de diseñar el borrador presupuestario, ha aprovechado para actualizar los agujeros que las promesas incumplidas del Gobierno y la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado dejan desde 2019 en la estructura económica madrileña.
Los cálculos de la consejera Rocío Albert cifran en 10.500 los millones la «deuda del Gobierno central con la región por servicios que no paga» desde 2019. El desglose de estas cuentas muestra que la factura se extiende a prácticamente todos los ministerios y áreas de actuación estatal. Muchas de estas promesas jamás ejecutadas han sido recurridas en los tribunales o instancias administrativas correspondientes por la Comunidad de Madrid; otras pasan prácticamente desapercibidas en los recuentos anuales, pero el goteo -en algunos casos diario- de millones de euros hace saltar las alarmas en los pasillos de Sol.
«Que no nos den más, simplemente que nos den lo prometido», reclamaba el pasado viernes la consejera Albert en un encuentro con periodistas. «Podrán ir contra Ayuso, pero que no vayan en contra de los madrileños».
- LEY DE DEPENDENCIA. El Estado se comprometió a sufragar el 50% del coste total de los servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Un porcentaje que según la Comunidad «nunca se alcanza», por lo que el gasto regional se eleva a un ritmo de 365 millones al año. Es decir, que cada día que pasa el Estado debe un millón más a Madrid por esta cuestión. El agujero por la Ley de Dependencia asciende ya a 2.430 millones desde 2019.
- FONDOS EUROPEOS. La Comunidad viene denunciando desde su reparto que es la que menos recibe por habitante. A fecha de abril de 2025 dejó unos ingresos de 3.242 millones de euros en las arcas madrileñas.Es el 11,3% de lo que han recibido las regiones españolas, siendo que Madrid representa el 14,6% de la población total de España.El desajuste cuesta ya 950 millones de euros.
- PLAN HIDROLÓGICO DEL TAJO. Está compuesto por 221 actuaciones relativas a la Comunidad.La inversión estatal es de 1.580 millones de euros y en la región dicen no tener noticias de este tercer ciclo de la estrategia hidrológica.
- AGUAS RESIDUALES. El Gobierno prometió 1.200 millones para las obras de las estaciones regeneradoras de aguas residuales en La China, Butarque y Sur. «Infraestructuras clave», califican en la Comunidad, para el desarrollo del sistema de depuración de la cuenca del Tajo.
- TRANSPORTES. La Consejería viene reclamando la activación de las subvenciones y ayudas directas desde hace tiempo. En concreto, el Gobierno debe al Consorcio Regional de Transportes 268 millones de euros. La semana pasada este departamento ya requirió vía carta al ministro Óscar Puente la activación de las ayudas.
- LEY 'BOLAÑOS'. La Ley de Eficiencia de la Justicia, conocida como LeyBolaños, es humo para la región, donde calculan que por ahora deja una deuda de 44 millones de euros.
- ASISTENCIA A PRESOS. La asistencia hospitalaria de los presos en las cárceles madrileñas cuesta a Ayuso 27 millones.