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El Juzgado de lo Contencioso número 16 de Madrid ha aceptado paralizar de forma cautelar el cierre del Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) de Pozuelo de Alarcón, tal y como se lo solicitó la Secretaría de Estado de Migraciones.
Así lo han trasladado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que "celebran" que el centro no vaya a cerrarse mientras no se resuelva el recurso contencioso-administrativo que el Estado interpuso el pasado mes de noviembre.
Según el Ministerio, el recinto tiene actualmente "una ocupación de 70 plazas" que corresponden "a familias ucranianas con niños y niñas con protección temporal, así como varias mujeres afganas con sus hijos, en situación de asilo". Además, recalca que el centro nació "con unas 400 plazas iniciales", subrayando que su ocupación está al "17% de la capacidad".
Eso sí, la situación administrativa del recinto, que carece de licencia de alojamiento, "no ha variado desde su apertura", ha reconocido el departamento que dirige Elma Saiz. La ausencia del permiso necesario para realizar la labor de acogida y alojamiento fue la razón por la que el Ayuntamiento de la localidad madrileña ordenó en julio del año pasado el cierre "definitivo" del recurso.
El consistorio estudió y decretó esta medida después de que trascendiese que el Gobierno barajaba trasladar a estas instalaciones a unos 400 menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo desde Canarias.
La Secretaría de Estado de Migraciones presentó entonces alegaciones y un recurso de reposición, pero el 15 de septiembre el Ayuntamiento declaró su cierre definitivo, por lo que el Ejecutivo acudió a la vía judicial el pasado 17 de noviembre para evitar este final.
Pozuelo recurrirá
El Ayuntamiento de Pozuelo acata la decisión judicial pero avanza que la recurrirá, mientras insiste en que el centro no cuenta con licencia de actividad, por lo que mantiene que debe ser "clausurado" de forma permanente.
El consistorio dirigido por Paloma Tejero (PP) recurrirá la decisión cautelar ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y muestra su sorpresa por la celeridad del auto, "conocido apenas 24 después de que el juez recibiera las alegaciones del consistorio contra las cautelares solicitadas por el Gobierno central el pasado 17 de noviembre, de las que el ayuntamiento no tuvo conocimiento hasta casi un mes y medio después, concretamente la víspera de Nochebuena".
Fuentes municipales insisten en el "riesgo de hacinamiento" existente en las instalaciones, y revelan cómo, a pesar de que el Ministerio cifra en 70 las personas actualmente acogidas, que el Gobierno autorizó "hasta 564 plazas" el pasado verano.
Entonces, asegura el Ayuntamiento en base a documentos oficiales, la "ocupación real superaba las 400 personas, concretamente 403", a pesar de que el edificio sólo tiene licencia para un alojamiento de 270 camas.