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Si 2025 fue el año de la inteligencia artificial, 2026 se asume como el curso en el que nadie debe quedarse atrás en su uso. Tampoco las administraciones públicas. De ahí que la Comunidad de Madrid, primera región de Europa que decidió en 2023 abrir una consejería centrada exclusivamente en el proceso de digitalización institucional, trabaje a pleno rendimiento para articular el andamiaje normativo que facilite el desembarco de la IA a todos los niveles de los servicios públicos madrileños.
El reto es mayúsculo porque el desafío cambiará la experiencia del ciudadano en cualquier consulta o trámite: «Los podrá hacer en menos de cinco minutos», avanzan desde la consejería de Digitalización. Un paso de gigante en la burocracia administrativa que permitirá resolver gestiones de forma mucho más sencilla y ahorrará a los funcionarios autonómicos hasta 82.000 horas de trabajo al año, según anunció Isabel Díaz Ayuso en septiembre, cuando éste fue uno de los puntos estrella del Debate del Estado de la Región.
Los meses que han pasado hasta ahora se han dedicado a trabajar en silencio, pero en Digitalización ya aportan detalles de cómo será esta estructura inteligente, enmarcada dentro de la Ley de Administración Digital e IA (Ladia): se automatizarán tareas como el pre-rellenado de datos en formularios, la detección de errores o la generación automática de borradores para su revisión por parte del ciudadano.
El texto también avanza hacia «proactividad» de los servicios públicos, es decir, que la inteligencia artificial permitirá que se se adelanten a las necesidades del usuario, con avisos sobre ayudas o subvenciones que coincidan con su perfil o para que no tengan que repetir sus datos.
El anteproyecto de esta futura norma acaba de comenzar su andadura hasta su definitiva publicación y activación: ha sido enviada a la Oficina de Impulso a la IA y al Consejo Asesor de Transformación Digital para que realicen sus aportaciones al texto, que más tarde será sometido a consulta pública, antes de su aprobación en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. De ahí se remitirá a la Asamblea de Madrid en el primer semestre del año que acaba de comenzar.
Además, para su correcto funcionamiento, la Comunidad de Madrid creará el Comité de Ética de la Inteligencia Artificial, que velará por el correcto uso y puesta en práctica de las nuevas tecnologías como parte de la Administración pública.
Desde la Consejería de Digitalización, comandada por Miguel López-Valverde, se explica además que la seguridad jugará un papel clave en este nuevo ecosistema: «Se garantizará siempre el respeto a los derechos fundamentales, la protección de los datos personales y la transparencia en la toma de decisiones». Además, siempre se empleará esta legislación «bajo supervisión humana». No supondrá, aseveran desde este departamento, la eliminación de ningún puesto de trabajo público.
Este nuevo ecosistema digital prevé convertirse además en el único que utilice la Administración regional, ya que entre los diferentes objetivos que tiene la norma está el de «unificar» en un archivo electrónico único la nube en la que trabaja a nivel informático todas las áreas de gestión de la Comunidad.
Para ello, Digitalización también prevé una importante formación para el personal público. «La norma también apuesta de forma decidida por la formación digital continua de empleados públicos, ciudadanos y empresas en el uso seguro y responsable de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial», se asegura desde el seno de la Comunidad de Madrid, donde esperan que antes de verano esta norma quede activada.