Como de un tiempo a esta parte no hay semana sin sorpresas, alguna incluso dramática, la que hoy acaba, no podía ser menos. Las nevadas y los vientos huracanados con sus consecuencias; el anuncio de la regularización de medio millón de inmigrantes que hasta ahora vivían sumergidos sin papeles; el inicio del proceso para indultar al ex fiscal general del Estado; la renuncia al acta de diputado de José Luis Ábalos para poder cobrar la jubilación; la ausencia del presidente del Gobierno en el funeral de las víctimas de Adamuz y la decaída del decreto ley ómnibus que incluía, junto a una veintena de medidas más, la revalorización de las pensiones.
Hago esta lista de sorpresas y, en realidad, no todas los son. Lo del ex fiscal general Álvaro García Ortiz, se veía venir. Cierto es que la petición de indulto ha partido de dos particulares y que ahora es necesario que se pronuncien el propio Supremo; la fiscalía que, en este caso, actuó de facto como defensora del acusado; el agraviado por el delito, o sea, el novio de Ayuso y el propio condenado. Pero como todos estos informes son preceptivos pero no vinculantes, la decisión última dependerá en exclusiva del Gobierno. Sospecho que Pedro Sánchez no permitirá en modo alguno que la sentencia del Tribunal Supremo contravenga sus deseos y concederá la medida de gracia para recompensar al ínclito por los servicios prestados.
Más allá de este caso, menos sorpresa aún puede generar el asunto del decreto con la subida de las pensiones. Hay que ser muy muy ingenuo, estar muy muy desinformado, o formar parte del club de fans irredento del sanchismo para no apreciar con claridad meridiana que el derrumbe del decreto estaba cuidadosamente planeado precisamente por quienes con ardor defendían su aprobación y ahora gesticulan teatralmente porque ha sido tumbado.
Utilizar a modo de chantaje la subida de las pensiones incluyéndolas en un decreto batiburrillo junto a alguna medida a la que se opone frontalmente una mayoría parlamentaria es una estratagema que ya se ha empleado en otras ocasiones y no ha colado. El Gobierno lo sabía, ¡vaya si lo sabía! Conocía sin ninguna duda el resultado de la operación. Podía haber evitado el descalabro sin ningún problema; de hecho, lo subsanará y las pensiones subirán. Estén tranquilos: habrá un decreto ley, limpio de paja, para ellas.
La cosa es que a Sánchez el tropezón le rentaba y por eso lo provocó. La oportunidad de culpar, aunque sólo sea durante un par de semanas, a los rivales políticos por su voto en contra del mejunje legislativo, era demasiado tentadora, sobre todo en plena campaña electoral en Aragón. La candidata socialista, Pilar Alegría, necesita pólvora, aunque sea mojada, para tratar de ganar terreno. Y también viene bien para intentar distraer de otros asuntos y, por supuesto, engordar el relato de una oposición perversa que maquina constantemente en contra de la ciudadanía.
La jugarreta no prosperará, los pensionistas verán revalorizada su paga. Pero someter a la incertidumbre, aunque sólo sea por unos días, a los vulnerables, con el único objetivo ventajista de alimentar la guerra política, es una estrategia sucia, miserable y bochornosa. En esta ocasión, sí es justo y preciso decir que «no todo vale».