El choque entre Donald Trump y Pedro Sánchez con motivo de la intervención militar contra Irán y el uso de las bases estadounidenses en nuestro país vuelve a situar a España en el centro de una tormenta geopolítica de enorme calado. Conviene recordar una evidencia: un país soberano no acepta imposiciones sobre el uso de su territorio ni se deja arrastrar a una guerra por inercia. La prudencia, el respeto al Derecho internacional y la proclividad a evitar el conflicto bélico forman parte del patrimonio político europeo, y España no debe renunciar a ellos.
Aceptada la premisa, hay que destacar otro hecho: el Gobierno está convirtiendo esa defensa legítima en un artefacto de propaganda. Sánchez ha recuperado el «no a la guerra» como tótem identitario, lo ha envuelto en épica moral y lo ha presentado como un plebiscito interno, con la vista puesta en la reactivación de su electorado. Que en el PSOE se celebre el conflicto porque moviliza a sus votantes retrata la tentación de utilizar una crisis internacional para reforzar un liderazgo erosionado. Es una irresponsabilidad. La política exterior no puede ser el escenario en el que un presidente compense su debilidad parlamentaria ni la cortina de humo con la que tape su declive.
El problema no es solo el tono de Trump -errático, intimidatorio y ajeno a la lógica de las alianzas-, sino el coste real de jugar a la confrontación personal con la primera potencia del mundo. La relación con Washington pivota sobre intereses comunes y sobre una cooperación de décadas que incluye a la OTAN e instalaciones como Rota y Morón. España puede discutir el alcance de una operación militar, pero no puede permitirse improvisar mensajes que siembren dudas sobre su fiabilidad.
Las amenazas de «romper lazos» comerciales o de castigar a España se formulan, además, en un marco que evidencia qué está en disputa: la cooperación estratégica. Y ahí, más inquietantes que un supuesto «embargo» a España -jurídicamente inviable al formar parte de la Unión Europea- serían medidas selectivas de enorme impacto: restricciones a exportaciones críticas, limitaciones en programas tecnológicos o sanitarios sujetos a licencias, y, sobre todo, una degradación de la colaboración en asuntos como inteligencia y seguridad. Eso sí tendría efectos inmediatos sobre la vida cotidiana de los españoles, desde la protección antiterrorista hasta la estabilidad económica.
España necesita afirmar su autonomía sin caer en el aislacionismo ni en el narcisismo diplomático. El Gobierno tiene el deber de coordinar cada paso con la UE, de cuidar la relación atlántica y de evitar que el país sea percibido como un socio imprevisible. Defender la soberanía exige seriedad, aliados y sentido de Estado; no el desafío como norma. Y eso es precisamente lo que Sánchez está poniendo en riesgo al convertir una crisis en un contexto bélico en un recurso partidista.