El presidente del PP vasco Javier de Andrés ha dejado flotando en el aire la pregunta que alimenta la desconfianza en los máximos responsables de la sanidad pública vasca. "¿Querían ocultar la vacunas caducadas?", le ha lanzado De Andrés a Imanol Pradales en la primera ocasión en al que el lehendakari tenía que dar explicaciones sobre este escándalo sanitario. Pradales, segundo después, ha evitado responder para descalificar a su oponente político situándolo en el "racaraca habitual" y al parapetarse en acusaciones de "alarmismo" y "demagogia" de la oposición para minimizar su responsabilidad política.
Imanol Pradales ha compartido con el consejero de Salud Alberto Martínez la oleada de críticas utilizadas por los portavoces del PP vasco, EH Bildu y Vox por la crisis de las vacunas caducadas utilizadas con niños de menos de un año. Ni el lehendakari ni el aún responsable de la sanidad vasca han ofrecido en el Parlamento Vasco nuevos datos sobre los afectados y su revacunación. Tras el vaivén de presuntas dosis caducadas utilizadas y la sorprendente aparición de vacunas distintas también con la fecha de administración superada, Pradales y Martínez se han distribuido los papeles sin aportar ninguna explicación sobre las causas de una "incidencia sanitaria" detectada el pasado 15 de enero.
La estrategia de Pradales de resguardarse en generalidades no solo se ha visualizado con la pregunta de De Andrés sino también cuándo directamente la parlamentaria de Vox Amaia Martínez le ha preguntado cuándo supo de la utilización de vacunas caducadas. Un dato relevante porque el lehendakari se vio obligado a responder por primera vez sobre esta cuestión en la sala de prensa de La Moncloa el pasado 27 de enero, apenas unas horas después de que EH Bildu desvelara este escándalo sanitario. El lehendakari llegó a afirmar en Madrid que había sido el Gobierno vasco quién había detectado la administración de vacunas caducadas aunque no fuera comunicado durante los 12 días transcurridos entre el 15 de enero y el 27 de enero.
De hecho, los dos protagonistas de cómo se hizo pública la administración de estos medicamentos pasados de fecha se han interpelado en público por primera vez. La parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera también ha recurrido a una pregunta dirigida al consejero Alberto Martínez para mantener su decisión de haber hecho pública la información presuntamente desvelada en una conversación confidencial entre ambos. "¿Qué hubiera sucedido si Bildu no hubiera denunciado los hechos?", ha repetido en la tribuna parlamentaria en un formulación utilizada desde el primer momento por los portavoces de la izquierda abertzale. Tampoco Alberto Martínez ha querido entrar en la muleta dialéctica mostrada por Ubera y se ha limitado a reiterar que se pospuso la comunicación a las familias afectadas por la disparidad de criterios de los especialistas consultados sobre la necesidad de revacunación o no.
Ubera, que ha rehuido el cuerpo a cuerpo con el consejero Martínez sobre el desarrollo de su controvertida llamada telefónica, ha situado la crisis de la vacuna como un problema del "modelo de gestión" de la sanidad vasca. "Bildu va a estar para afrontar los problemas estructurales de Osakidetza", ha asegurado Rebeka con una medio mano tendida a Martínez y sin que se intuyan más llamadas confidenciales entre ambos.