Nuestro Ordenamiento concede a la Administración pública un conjunto de potestades que determinan que su relación jurídica con los administrados esté claramente desequilibrada a favor de aquélla y en contra de éstos. Puede haber quien justifique esta situación por la supuesta defensa de los intereses generales que se atribuye a la Administración. Los que somos liberales no la podemos justificar pues incluso de aceptar la existencia de la citada defensa no puede darse por buena una desigualdad legal tan flagrante entre el Estado y el individuo.
El desequilibrio jurídico reseñado se manifiesta de modo especialmente lacerante en el caso de la Administración tributaria pues ésta dispone adicionalmente de otras potestades excepcionales, excepcionalísimas, que implican que legalmente los contribuyentes españoles seamos súbditos antes que ciudadanos. Y es en este escenario en el que se enmarca la actuación de la Agencia Tributaria que, en mi opinión, usa y abusa del estatus jurídico privilegiado del que dispone.
El uso es una consecuencia directamente imputable a la voluntad de los legisladores al aprobar las normas -hacia ellos debemos dirigir nuestras críticas-. Por muy cierto que sea que la AEAT proporciona aproximadamente el 85% de los ingresos no financieros del Estado, también lo es que nada, ni siquiera la trascendencia económica del dato expuesto, justifica que avanzado el siglo XXI en las normas tributarias el Estado sea todo y el individuo nada.
Y luego está el abuso, esa práctica administrativa que si bien no es generalizada sí concurre en no pocos casos. Para entender por qué sucede hay que recordar que en el incentivo económico que reciben los funcionarios de la AEAT pesan de forma relevante el número y el importe de las liquidaciones tributarias administrativas que se derivan de sus actos, así como el número y la trascendencia de las denuncias que impulsan por la posible comisión de delitos fiscales. También debe recordarse que los incentivos así obtenidos no se revierten cuando las liquidaciones son posteriormente anuladas, administrativa o judicialmente- o las denuncias acaban con la absolución del denunciado. Y recordemos a su vez que los funcionarios que provocan semejante daño a los contribuyentes no sufren tampoco consecuencia administrativa alguna. En este escenario sucede, y no debe sorprender, que más del 50% de las liquidaciones administrativas que acuerda la AEAT son después anuladas -en vía administrativa o judicial- y que buena parte de las denuncias por delito fiscal acaban en la absolución del denunciado por su ausencia de fundamento.
Hay otras formas de abuso tanto o más sangrantes que lo expuesto y un ejemplo es el sucedido en el caso Shakira. Ésta se acogió en 2015 al régimen fiscal especial de los impatriados para lo que debía cumplir el requisito de no haber residido fiscalmente en España en los diez años previos. La opción fue validada por la AEAT que no se opuso a ella, dando así por cumplido el requisito reseñado. Sin embargo, poco después, la propia AEAT sorprende a Shakira manifestando que en 2011 sí era residente fiscal en España y practicándole la consecuente liquidación.
Quiere decirse que la AEAT mantuvo primero una posición y después la contraria. En términos más jurídicos, que ha ido contra sus propios actos, cuestión prohibida legalmente pero en base a la cual lleva años exigiendo indebidamente a Shakira que pague como si en 2011 hubiera sido residente en España. El abuso o el engaño es evidente y desde luego totalmente inaceptable. Lamentablemente, Shakira no es la única contribuyente víctima de estas prácticas inadmisibles de la Agencia Tributaria. Y si no, que le pregunten al abogado de Xabi Alonso que recibió como propuesta la retirada de la denuncia contra él presentada con tal de que convenciera a su cliente para aceptar lo que la AEAT quería. El abogado no aceptó la invitación y el final del caso es conocido por todos.
*Ignacio Ruiz Jarabo fue director de la Agencia Tributaria entre 1998 y 2001.