- Política La Audiencia de Sevilla frustra el plan de María Jesús Montero y del PSOE de reescribir el caso de los ERE como una "cacería" del PP y lastra, aún más, sus opciones en Andalucía
- Corrupción La Audiencia de Sevilla planta cara a Pumpido y lleva su fallo de los ERE a la Justicia europea
En el reparto, entre los años 2000 y 2009, de los 680 millones de euros en los que se calcula el botín de los ERE, los gobiernos del PSOE en la Junta de Andalucía se saltaron hasta en 20 ocasiones la ley para favorecer a empresas y afines al partido. Por esas ilegalidades fueron condenados los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán -además de una decena larga de ex altos cargos socialistas- y eso es lo que el Tribunal Constitucional (TC) pretendió borrar con el año pasado al anular las sentencias dictadas por la Audiencia sevillan y luego confirmadas por el Tribunal Supremo, que situaban la máxima responsabilidad por este caso en quienes estuvieron al frente de los ejecutivos autonómicos en esos años.
Precisamente, la Audiencia Provincial de Sevilla recuerda, en el auto por el que acuerda elevar el caso de los ERE al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el rosario de irregularidades que presidió, durante una década, la concesión de las ayudas a empresas en crisis desde los despachos de la Dirección General de Trabajo y al amparo del procedimiento ideado por el ejecutivo -según declararon probado la Audiencia y el TS- para nutrir de fondos públicos estos expedientes sin someterse a ningún tipo de control o fiscalización.
El auto de la Sección Primera, del que es ponente la magistrada Pilar Llorente, enumera la veintena de ilegalidades en las que incurrieron los ex altos cargos del PSOE a la hora de repartir esos 680 millones de euros y añade, además, algunas de las consecuencias, como los más de 90.000 trabajadores andaluces que en esos años fueron despedidos por más de 7.300 empresas que aplicaron un expediente de regulación de empleo y que no pudieron, ni los primeros ni las segundas, acceder a estos fondos públicos.
La Audiencia sevillana destaca que hubo más, pero que las irregularidades "más significativas" fueron, por ejemplo, que no existió, en muchos casos, expediente de concesión de la ayuda; que no se dio publicidad, o no consta, a la concesión de esas ayudas; que se omitió cualquier fiscalización previa; que no hubo autorización de la concesión de la subvención por parte del Consejo de Gobierno cuando la cuantía lo exigía; tampoco se consignó la aplicación presupuestaria del gasto y su distribución plurianual, ni el presupuesto subvencionado y el porcentaje que representaba la subvención sobre el presupuesto aceptado.
La lista continúa con la ausencia de informe de la Dirección General de Asuntos Europeos y Coopración, dependiente de la Consejería de Presidencia, sobre el cumplimiento del deber de notificar a la Comisión Europea las subvenciones concedidas a empresas: la inexistencia de una memoria explicativa de la excepcionalidad de las subvenciones, ni los requisitos que se exigen para ser beneficiario, ni se detallaba la forma en la que debía realizarse la justificación del cumplimiento de la finalidad para la quela ayuda fue otorgada.
Esos convenios de colaboración, recuerdan los magistrados, no tenían la forma ni el contenido "mínimos" que exige la Ley 38/2003 y, lo mismo que las subvenciones, nunca fueron publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
Quienes repartían el dinero, además, se saltaban la obligación de contar con un informe previo del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y daban las ayudas sin que los solicitantes, personas o entidades, acreditasen su identidad.
Igualmente, no se aportaba memoria o informe que acreditase la finalidad pública o las razones de interés social por las que se deba el dinero y, en ocasiones, ni siquiera constaba solicitud de los interesados o su aceptación formal de la ayuda ni declaración responsable del beneficiario de otras ayudas concedidas con la misma finalidad.
Quienes recibían los fondos, asimismo, no acreditaban estar al corriente de sus obligaciones fiscales y en ningún momento se determinaban los plazos y la forma de justificación de que se hubiese cumplido el fin por el que se daba la subvencoón, como tampoco se especificaba la forma y la secuencia del pago y los requisitos exigidos para su abono.
En conclusión, dice la Audiencia repitiendo lo reflejado en la sentencia del TS, "no se siguió procedimiento administrativo alguno en la concesión de las ayudas y se omitió la fiscalización previa y, siendo las deficiencias tan notables no era factible la convalidación del gasto.
Semejante "descontrol", derivó en que muchas empresas, continúa el auto de la Audiencia sevillana, se quedasen fuera de este reparto de fondos públicos, que no contasen ni siquiera con la posibilidad de solicitar esas ayudas porque, directamente, se ocultaron.
Más de 93.000 despidos
Apenas fueron 77 las empresas que se beneficiaron de estos ERE fraudulentos, cuando en esa década (entre los años 2001 y 2010) se presentaron 7.373 expedientes de regulación de empleo en otras tantas empresas andaluzas, lo que se tradujo en 93.121 trabajadores afectados.
Claro que hubo otras consecuencias escandalosas, como la inclusión en las pólizas de prejubilaciones de beneficiarios que nunca habían tenido relación con esas empresas, los llamados intrusos, o que un número indeterminado de personas siguiera cobrando a pesar de haber vuelto a trabajar o haber pasado a situación de incapacidad.
Pero es que, además, muchas de esas ayudas fueron a parar a fines tan alejados de los legalmente establecidos como el pago de nóminas, de deudas, de minutas por servicios profesionales, de avales...
Y a todo lo anterior hay que sumar el dinero que acabó en campañas de comunicación del Servicio Andaluz de Empleo, en el pago de gastos administrativos, financiando el programa de formación del voluntariado de los Juegos Mediterráneos de Almería, subidas salariales de trabajadores de las empresas FCC y Cespa o la financiación de muestras de artesanía.