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El nacionalismo catalán ha mirado siempre con cierto desprecio a Andalucía, porque la comunidad encarna la quintaesencia de lo que el separatismo considera una suerte de parasitismo social: como Andalucía recibe de la caja común del Estado más de lo que aporta en IRPF, se ha convertido en el imaginario colectivo del separatismo en un lastre para el progreso catalán y en la causa de todos sus déficits.
En la hemeroteca es relativamente fácil encontrar ejemplos de ese desprecio recurrente, que también ha salpicado a Extremadura. Así, conviene recordar cómo el ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, describía al andaluz en su libro Immigració, problema i esperança de Catalunya, de 1958, reeditado en 1976: «El hombre andaluz no es un hecho coherente, es un hombre anárquico. Es un hombre poco hecho. [Andalucía] constituye la muestra de menos valor social y espiritual de España».
En 2019, la entonces presidenta del Parlament y dirigente de CiU, Núria de Gispert, sostuvo que Extremadura no quiere asumir competencias «porque es mucho trabajo».
Asimismo, en la campaña electoral de las generales de 2011, el líder de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, afirmó que, mientras los payeses catalanes no podían recoger la fruta por los bajos precios, «en otros sitios de España, con lo que damos nosotros de aportación al Estado, reciben un PER para pasar una mañana o toda la jornada en el bar del pueblo».
Y el diputado y ex presidente de ERC Joan Puigcercós se quejó de imposible la presión que Hacienda ejercía sobre los catalanes «mientras que Madrid es una fiesta y en Andalucía no paga impuestos ni Dios».
Cuando no es el reparto de la financiación la razón del ataque del nacionalismo catalán es el acento. Por ejemplo, cuando Artur Mas, ex presidente de la Generalitat, bromeó con que a los niños andaluces «no se les entiende» al hablar.
Sonada fue también la ocurrencia de los soberanistas de ICV. Su representante en Tarragona, Lluís Suñé, compartió en su blog un cartel cuyo lema era: «SOS. Extremadura needs you» y en el que aparecían dos pequeños desnudos con la cara y pelo sucio. «Un 8,7% del PIB catalán no es suficiente, apadrina un niño extremeño por 1.000 euros al mes», decía el texto adjunto.
El debate en estos términos es siempre tramposo, porque no son las comunidades las que pagan más o menos impuestos sino los ciudadanos. Y tanto aporta un rico catalán al sostenimiento del modelo como un rico andaluz. Y tanto recibe, por tanto, un pobre catalán como un pobre andaluz. Son las personas y no los territorios los sujetos y objetos de la redistribución. Y el reparto de los fondos del Estado se realiza en virtud de un modelo que homogeneiza a las comunidades simulando una misma carga fiscal. El reparto se realiza en un escenario de misma presión fiscal para evitar que una comunidad pueda ejercer una suerte de «populismo de rebajas» a costa de otras.
Es decir, Andalucía no tiene un déficit de financiación porque le baja los impuestos a sus ciudadanos. Sino que, en función de su autonomía presupuestaria y fiscal, decide bajarle los impuestos a los andaluces a pesar del déficit de financiación que soporta.
Son los andaluces los que deben valorar (en las urnas) si les parecen adecuadas las rebajas anunciadas por Juanma Moreno o si preferirían que esos fondos que se van a destinar a subvecionar el gimnasio (36 millones de euros) o los gastos médicos de las mascotas (12 millones de euros) se empleasen mejor en otros usos. Pero en nada afecta o condiciona (a) la financiación de Cataluña.
Por otro lado, Andalucía es una de las comunidades que menos financiación recibe del Estado en términos relativos, junto a Castilla La Mancha, la Comunidad Valenciana o la Región de Murcia. Las cuatro están por debajo de la media del conjunto de comunidades del régimen común en financiación por población ajustada.