Compromís ha denunciado este viernes que 132 apartamentos turísticos, de los más de 800 que el Ayuntamiento de Valencia dice haber cerrado en la ciudad, siguen en funcionamiento en diferentes plataformas, lo que representa un 16% del total.
Así lo ha afirmado la portavoz municipal de la coalición, Papi Robles, quien ha comparecido ante un edificio con siete apartamentos turísticos en la calle Mossén Sorell, que, según ha dicho, "el gobierno de María José Catalá asegura haber cerrado", pero "todos continúan disponibles en plataformas digitales".
"Cualquier persona puede reservarlos por un mínimo de 658 euros tres noches para tres personas, alcanzando hasta los 1.229 euros en los apartamentos de mayor capacidad", ha denunciado, antes de asegurar que "las inspecciones del gobierno de Catalá no funcionan".
Robles ha citado a los medios de comunicación "ante un edificio entero de apartamentos ilegales que están en funcionamiento y que Catalá dice haber cerrado", para hablar "mentiras", y ha señalado que "no hay mejor manera de desmontar una mentira que hacer una rueda de prensa a los pies de una mentira".
Ha destacado que en octubre de 2025 la alcaldesa anunció el cierre de 1.000 apartamentos turísticos. Sin embargo, ha apuntado, el listado facilitado a Compromís solo incluía 828 direcciones, a pesar de que hace una semana el gobierno local "ya hablaba de 1.500 fuera de plataformas".
"La realidad se empeña en llevarle la contraria", ha dicho la portavoz municipal de Compromís, quien ha afirmado que "tras una revisión exhaustiva, apartamento por apartamento", han detectado "132 que continúan anunciados en plataformas como Airbnb o Booking, lo que supone un 16% del total".
"María José Catalá miente con sus datos. Y mientras hay una moratoria en marcha, la alcaldesa mira hacia otro lado mientras se sigue especulando con la vivienda y expulsando al vecindario de sus barrios", ha criticado.
Fuentes del equipo de Gobierno local han respondido que mientras en ocho años de gobierno de Compromís y PSOE se cerraron cero apartamentos turísticos y se permitieron viviendas de este tipo en los bajos, en dos años de gestión de Catalá se han clausurado más de 1.000 apartamentos turísticos ilegales, con el endurecimiento de las inspecciones y las órdenes de cese de actividad.
"Estamos combatiendo el problema social que generan los apartamentos turísticos ilegales con acciones y determinación y elaborando una normativa que, desde la seguridad jurídica, ponga freno a la proliferación de estos apartamentos", han defendido.
Han indicado que, según los datos ofrecidos por Compromís, el 87% de los más de 1.000 apartamentos turísticos ilegales están ya cerrados, lo que demuestra "la diligencia y eficiencia de los servicios municipales de licencias y de la labor inspectora de la Policía Local".
El 13% de expedientes de clausura restantes, han apuntado, están en distintas fases de tramitación y se resolverán en plazo.
Papi Robles también ha detallado el caso del bajo turístico situado en el barrio de la Malva-rosa que Compromís alquiló la semana pasada para demostrar que estaba abierto.
"Este minúsculo apartamento contaba con una orden de suspensión de actividad desde el 6 de mayo de 2024 y, pese a ello, se dio de alta en el registro de la Generalitat el 20 de noviembre de 2024, seis meses después", ha informado.
Según la documentación revisada por Compromís, no consta ningún cambio significativo en el expediente que justificara el levantamiento de la suspensión, resolución firmada el 16 de febrero de 2026.
"En estos casos siempre es necesario un informe del secretario que, sospechosamente, fue firmado cuatro días después de haberse emitido el informe. La respuesta del concejal ante la evidencia fue quedarse en blanco y decir que contestaría por escrito", ha relatado, y ha advertido de que la respuesta tendrá que ser "muy convincente" para evitar acciones judiciales.
"Si María José Catalá está dando cobertura a apartamentos turísticos ilegales para que sigan funcionando, no será a Compromís a quien tenga que dar explicaciones, será a un juez. No permitiremos que este Ayuntamiento se salte la legalidad para favorecer actividades que especulan con la vivienda de los valencianos", ha asegurado.
Desde el Gobierno local han señalado que "frente a la parálisis de los gobiernos de izquierda durante ocho años", han puesto en marcha cinco grupos de inspectores de Obras y Licencias de Urbanismo y siete grupos de Policía Local para que "rastreen por toda la ciudad la actividad de apartamentos turísticos ilegales".